Desde el AmCham Summit, el presidente de la Corte Horacio Rosatti advirtió que la seguridad jurídica depende de decisiones que deben ser obligatorias para todos los tribunales.
En un contexto de fuerte debate sobre la calidad institucional y su impacto en la economía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, volvió a poner en el centro de la escena un concepto que considera decisivo: el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.
Lo hizo durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que desde hace más de una década reúne a empresarios, funcionarios, legisladores y académicos para debatir el rumbo económico e institucional del país.
Seguridad jurídica “para todos”
Bajo el eje “La institucionalidad como pilar del desarrollo”, Rosatti remarcó que los fallos de la Corte deben ser de “obligatorio acatamiento” para garantizar previsibilidad y fortalecer la confianza de los inversores.
“La seguridad jurídica debe ser para todos, no para unos y no para otros, porque si no, no es segura”, afirmó, en una definición que sintetizó el núcleo de su planteo.
Según explicó, cuando se habla de seguridad jurídica en el ámbito económico no se trata solo de proteger al inversor, sino también a quien recibe la inversión. “Si la seguridad jurídica no es para todos, no es seguro”, insistió.
El rol de la Corte como garante de previsibilidad
El Presidente del máximo tribunal subrayó que las decisiones judiciales -y en particular las de la Corte- son determinantes para el desarrollo de inversiones.
En ese sentido, advirtió que un proyecto puede frustrarse no solo por la interpretación de un tratado internacional, sino también por factores internos como: cláusulas ambientales provinciales, tasas municipales y leyes que generen conflictos de competencia o jurisdicción.
“Este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte, y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores”, sostuvo.
Para Rosatti, esa obligatoriedad es la que permite “saber a qué atenerse” y, en consecuencia, dotar de previsibilidad al sistema.
Calidad institucional y desarrollo económico
Durante su exposición, el titular de la Corte vinculó directamente la seguridad jurídica con la calidad institucional y el crecimiento económico.
Recordó que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas comenzaron hace años a medir la fortaleza de los países no solo por su desempeño económico, sino también por variables como la salud y la educación. A ese esquema, agregó, debe incorporarse la calidad institucional y la independencia del Poder Judicial.
“La seguridad pública se integra con dos componentes: uno normativo, vinculado a regulaciones, tipo de cambio, política impositiva; y otro institucional, relacionado con la división de poderes y la independencia judicial”, explicó.
En ambos planos -remarcó- el Poder Judicial cumple un rol central, ya que es quien interpreta las normas y define su constitucionalidad.
Una Corte con alta demanda
Rosatti también puso el foco en la magnitud del trabajo del tribunal argentino en comparación con otros sistemas judiciales.
Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos resuelve alrededor de 100 casos por año, la Corte argentina dicta cerca de 15.000 sentencias anuales.
“Hay un requerimiento y una necesidad de respuesta muy superior”, señaló, y agregó que una gran parte de esos casos está vinculada a cuestiones de seguridad jurídica e inversiones.
El acatamiento como herramienta institucional
En el tramo final de su intervención, Rosatti hizo especial énfasis en la necesidad de consolidar el cumplimiento efectivo de los fallos del máximo tribunal.
“El acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución”, afirmó, y lo definió como una herramienta clave para fortalecer la previsibilidad.
En esa línea, concluyó que la doctrina de la Corte resulta determinante para el clima de negocios: “Una inversión se puede concretar o no lograr también en función de cómo se resuelvan estos conflictos. Por eso es fundamental que las decisiones del máximo tribunal sean acatadas por todos los tribunales inferiores”.
El mensaje, dirigido tanto al mundo jurídico como al económico, dejó en claro la posición del presidente de la Corte: sin reglas claras, sin uniformidad en la interpretación y sin respeto a las decisiones del máximo tribunal, la seguridad jurídica -y con ella, la confianza para invertir- queda inevitablemente en entredicho.
