La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario federal por salto de instancia (per saltum) ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal intervenga directamente, y sin esperar una resolución de la Cámara de Apelaciones, en el conflicto judicial por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El objetivo del Gobierno es dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendida gran parte de la normativa oficial.
El expediente se originó a partir de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la que solicitaba declarar inconstitucionales diversos artículos de la ley argumentando que vulneraban los derechos de los trabajadores, la libertad sindical y el principio de progresividad. El pasado 30 de marzo de 2026, el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, hizo lugar al pedido de la central obrera y ordenó suspender la aplicación de más de 80 artículos de la ley con alcance general.
Frente a este revés judicial, el cuerpo de abogados del Estado, liderado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el subprocurador, Santiago M. Castro Videla, pide que la Corte dicte una resolución urgente para suspender los efectos de la sentencia de primera instancia y restituir la plena vigencia de la Ley N° 27.802.
Los argumentos de la Procuración
En el escrito judicial elevado a la Corte Suprema (integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), el Gobierno sostiene que el juez laboral actuó sin tener competencia para hacerlo. La Procuración remarca que, dado que el Estado Nacional es parte demandada y la ley tiene alcance sobre todo el territorio, el fuero que debe intervenir es el Contencioso Administrativo Federal. De hecho, el Estado había planteado una inhibitoria en dicho fuero, cuyo Juzgado N° 12 hizo lugar al planteo y reclamó el expediente sin lograr aún que se revierta la suspensión.
Además, el Gobierno denuncia que en este proceso judicial no existe “un caso o controversia” que justifique el accionar de la Justicia. Según la Procuración, la CGT impugnó decenas de normas argumentando en abstracto y no logró demostrar que exista un acto específico derivado de la ley que le haya causado un perjuicio directo a los trabajadores o a las organizaciones sindicales.
Asimismo, el oficialismo cuestiona la legitimación activa de la central obrera. El Estado sostiene que los sindicatos de base son los representantes directos de los trabajadores y que la afirmación de la CGT de representar a todos los asalariados del país es una “indebida extensión” de sus facultades que no se ajusta al sistema de organización sindical vigente.
Riesgo institucional y división de poderes
El pilar central del pedido de per saltum es la “gravedad institucional” que la medida cautelar representa para el orden republicano. El recurso argumenta que la decisión de un juez local de suspender una ley nacional, emanada del Congreso, avanza injustificadamente sobre las facultades del Poder Legislativo y pone en riesgo la división de poderes.
De acuerdo al escrito, la suspensión con efectos generales no es una atribución conferida por la Constitución a ningún juez. El Gobierno advierte que confirmar esta sentencia abriría la puerta a que “cualquier juez podría suspender leyes nacionales”, lo que dispersaría el poder contralegislativo de una forma inimaginable y encaminaría al sistema hacia la anarquía normativa.
Por todo ello, la Procuración del Tesoro concluye que la intervención inmediata del máximo tribunal constituye la única vía eficaz para revertir este “perjuicio irreparable” que genera una grave incertidumbre en empleadores y trabajadores, afectando severamente la seguridad jurídica del país.
