El Consejo de la Magistratura aplica criterios diferenciados en causas disciplinarias: suspende la citación del juez Patricio Maraniello y avanza con Gastón Salmain en una investigación de alto impacto institucional.
La Comisión Acusación del Consejo de la Magistratura protagonizó una jornada intensa. El órgano encargado de controlar la conducta de los jueces dejó dos señales contundentes: prudencia extrema ante un caso atravesado por relatos irreconciliables y firmeza institucional frente a intentos de dilación.
El contraste entre los expedientes del juez civil y comercial federal Patricio Maraniello y del juez federal rosarino Gaston Salmain expuso con nitidez los dilemas del sistema disciplinario: cómo garantizar el debido proceso sin paralizar la investigación y cómo evitar que la complejidad probatoria se convierta en un refugio para la inacción.
Maraniello: un expediente fragmentado y sin verdad dominante
El caso Maraniello se consolidó como un verdadero “laberinto probatorio”. Tal como informó Quorum la Comisión que preside el consejero Alberto Maques no logró todavía construir una narrativa consistente sobre lo ocurrido en el juzgado.
La escena se volvió aún más compleja cuando, a último momento, la defensa del juez presentó un voluminoso escrito invocando una situación de “vulnerabilidad”. Allí solicitó medidas de prueba de amplio alcance: desde informes sindicales sobre la trayectoria del juez hasta peritajes psicológicos sobre las denunciantes y auditorías institucionales.
Frente a este cuadro, el consejero Gonzalo Roca propuso una pausa estratégica: suspender temporalmente la citación prevista en el artículo 20 del reglamento y postergar otras notificaciones.
El objetivo no fue menor: ordenar el expediente, analizar las nuevas pruebas solicitadas y unificar denuncias bajo criterios de economía procesal. El consejero informante del expediente, el senador Luis Juez, estuvo de acuerdo y la Comisión acompañó la propuesta.
Detrás de esa decisión hay una lógica clara: evitar cualquier riesgo de nulidad futura. En expedientes de alta exposición, el equilibrio entre celeridad y garantías procesales se vuelve determinante. La señal es inequívoca: el Consejo no avanzará sin blindar jurídicamente cada paso.
Salmain: la otra cara, sin margen para demoras
El expediente del juez Gastón Salmain mostró el reverso de esa cautela. Allí, la Comisión avanzó por unanimidad con la citación formal del magistrado.
El consejero instructor Luis Juez fue categórico al fundamentar la medida: se trata de un caso de “relevancia institucional sobresaliente” y de extrema complejidad, que incluso justificó la habilitación de la feria judicial para no demorar la producción de prueba.
El intento del juez de postergar su citación -mediante un pedido de nuevas medidas probatorias presentado a último momento- no prosperó. La Comisión dejó en claro que, según el reglamento, esos planteos no suspenden la citación. Podrán, en todo caso, ser reconsiderados luego de su descargo.
El mensaje es claro: el derecho de defensa se garantiza, pero no puede convertirse en una herramienta para dilatar indefinidamente el proceso.
El límite constitucional: sin suspensión preventiva
Durante la misma jornada, la Comisión también debió responder a un planteo político: el pedido de suspensión inmediata de Salmain formulado por la diputada santafesina Lionella Catalini.
La respuesta fue estrictamente institucional. El Consejo recordó que no tiene facultades para suspender preventivamente a un magistrado. Esa potestad sólo se activa cuando el plenario decide elevar el caso al Jurado de Enjuiciamiento.
Se trata de un recordatorio clave en tiempos de creciente presión pública: el diseño constitucional impone límites precisos incluso frente a situaciones de alto impacto.
“Cuesta, molesta e irrita”: el mensaje a la corporación judicial
El momento más político de la jornada llegó con la intervención de Luis Juez, quien lanzó un mensaje directo al Poder Judicial.
“El Consejo es el único organismo previsto por la Constitución para juzgar la conducta de los jueces”, enfatizó, en referencia a los cuestionamientos por supuesto prejuzgamiento.
Su frase -“cuesta, molesta e irrita”- sintetizó el clima que atraviesa estos procesos: resistencias corporativas, tensiones institucionales y una incomodidad creciente frente a los mecanismos de control.
Desde la reforma constitucional de 1994, el Consejo ocupa ese lugar incómodo pero central: controlar a quienes ejercen el poder de juzgar.
Otros movimientos: expedientes que avanzan
Más allá de los casos principales, durante la reunión de la Comisión se informó que se notificó formalmente a los jueces Alfredo López y Pablo Díaz Lacava sobre el proceso de juicio político contra ambos y, además, se logró destrabar otras investigaciones:
- Se desestimó una denuncia contra el juez federal de La Pampa, Juan José Baric.
- Se avanzó con notificaciones al juez federal de Corrientes Gustavo del Corazón Fresneda y a la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo de procesos en curso.
- Se habilitaron medidas de prueba en expedientes contra los magistrados Ricardo Mihanovich y Martín Del Viso.
