El reclamo fue realizado por Carlos Amad, fiscal federal de Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Ahora, el juez subrogante Fernando Carbajal debe decidir si es o no procedente el pedido.
El fiscal federal Carlos Amad pidió procesar al senador nacional Jorge Capitanich por otorgar tierras públicas en beneficios de privados vinculados a su ex funcionaria Marta Soneira.
Capitanich fue gobernador de la provincia de Chaco durante tres períodos y planea intentar a serlo en las próximas elecciones. Soneira estaba a cargo del área de Colonización de Tierras de esa provincia. En diálogo con Quorum, Amad se sorprende por la cantidad de información pública que demostraría los vínculos cercanos entre ambos políticos y la familia de Soneira. El expediente que tramita el juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña está en la oficina del juez subrogante Fernando Carbajal que debería decidir si es o no procedente el pedido del fiscal Amad.
La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de inmensas tierras fiscales en Chaco. El ex gobernador Capitanich ya había quedado envuelto en un escándalo cuando apareció la documentación de la sesión de campos al condenado piquetero Emerenciano Sena a través de la Fundación de su ex suegro por solo 13 mil pesos. En esas tierras funcionaba la llamada «chanchería» en la que aparecieron los restos humanos de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada en junio del 2023 en Resistencia por el Clan Sena.
En el dictamen de Amad, se solicitó el procesamiento sin prisión preventiva para los principales imputados, entre ellos Capitanich, Soneira, su entorno familiar y empresarios vinculados. La denuncia original la había realizado la ex diputada local, Marilyn Canata que actualmente ocusa el cargo de Soneira.
Hace años que Canata aseguró en sede judicial que se realizaban negocios espurios con la sesión de tierras que incluían beneficios impositivos y fiscales a los flamantes dueños de las tierras, tendido de servicios de obra pública para favorecerlos y subsidios por doquier. Entre los beneficiarios de las medidas de gobierno de Capitanich, aparecen productores agropecuarios como el marido de la funcionaria Soneira.
Por esa razón, la fiscalía reconstruyó una trama que, según su hipótesis, utilizó mecanismos administrativos formales para encubrir maniobras ilegales.
“Se usó un camino legal para hacer algo ilegal”, afirmó Amad ante este medio. El rol de Soneira en la trama fue clave. Uno de los ejes del requerimiento apunta a la presunta participación de Soneira en el inicio del esquema investigado. “La que conoce de la maniobra de la entrega ilegal de tierras es Soneira”, sostuvo el fiscal al describir su rol dentro de la operatoria.
En cuanto a Capitanich, Amad vinculó su responsabilidad a su función institucional como gobernador, especialmente en la firma de decretos para adjudicaciones de grandes extensiones. “Quien debe firmar el decreto sí o sí es el gobernador. Y yo también pienso que él conocía la situación”, afirmó.
El planteo fiscal se apoya tanto en la responsabilidad de control sobre el patrimonio público como en presuntos vínculos previos entre los actores involucrados.
La investigación judicial investiga los delitos de fraude contra la administración pública, lavado de activos, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros.
Según el Ministerio Público, el esquema habría permitido la adjudicación de miles de hectáreas de tierras fiscales a personas vinculadas entre sí, en condiciones presuntamente irregulares. Para Amad el total de tierras adjudicadas de manera irregular va de “3.600 a 3.700 hectáreas que fueron adjudicadas a socios del marido de una funcionaria”. Esos inmuebles continúan en explotación, aunque con restricciones judiciales.
Para Capitanich se trató de una “alquimia jurídica” y habló de “operación mediática”.
