En un nuevo episodio de su podcast, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti analizó el crecimiento sostenido de la expectativa de vida, la caída de la natalidad y los desafíos que ese escenario plantea para la seguridad social, los sistemas de salud y las políticas públicas.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, puso el foco en uno de los fenómenos que marcarán las próximas décadas: el envejecimiento sostenido de la población y sus consecuencias en términos de gobernabilidad. Lo hizo en el episodio 37 de su podcast en Spotify, donde planteó la necesidad de repensar el rol del Estado frente a una sociedad con mayor longevidad y menos nacimientos.
“El tema es cómo protegemos la vida adulta”, planteó en el inicio del nuevo capítulo, en el que además advirtió que se trata de una problemática a la que todavía “se le está prestando poca atención”, pese a su impacto creciente en la vida cotidiana, las familias y las instituciones.
Según explicó, el cambio demográfico ya es un dato consolidado a nivel global. “Las personas pueden vivir 70 u 80 años y la expectativa de vida sigue creciendo”, sostuvo, al tiempo que remarcó que ese fenómeno se combina con una caída sostenida de la natalidad. En ese marco, citó estudios que advierten que el problema del futuro no será la superpoblación sino, por el contrario, la disminución de la población activa.
Lorenzetti vinculó esa tendencia con transformaciones culturales profundas. “Cada vez se piensa menos en tener hijos”, afirmó, en un contexto atravesado por la urbanización, el pluriempleo y las nuevas formas de organización social. Incluso mencionó que algunos sectores advierten que “las personas ahora prefieren tener más animales que hijos”, como síntoma de un cambio de época.
El magistrado sostuvo que no alcanza con analizar el aumento de la expectativa de vida en términos cuantitativos, sino que es necesario incorporar otras dimensiones. “Tenemos que hablar de expectativa de vida saludable”, planteó, al advertir que no es lo mismo vivir más años con autonomía que atravesar ese período con enfermedades crónicas o deterioro cognitivo.
En esa línea, introdujo también el concepto de “vida confortable”, ligado a las condiciones materiales de existencia. “Es muy distinto vivir 90 años con vivienda e ingresos que sin ellos”, señaló, al subrayar la centralidad de las políticas públicas en la calidad de vida de las personas mayores.
Soledad en la vejez
Uno de los aspectos que destacó fue la soledad en la vejez. “Si no hay políticas públicas, las personas empiezan a tener problemas”, advirtió, y mencionó que en Argentina cerca del 25% de los mayores de 65 años viven solos. Esa situación, explicó, impacta tanto en la salud como en la necesidad de asistencia cotidiana .
El juez también se refirió a la brecha tecnológica como un factor de vulnerabilidad. “Las personas adultas cada vez entienden menos la tecnología compleja que las rodea”, afirmó, lo que obliga a pensar mecanismos de acompañamiento en un contexto de aceleración digital.
En términos institucionales, Lorenzetti planteó que el fenómeno tendrá efectos directos sobre la seguridad social y los sistemas sanitarios. “Habrá menos jóvenes aportando y más personas viviendo 30 o 40 años sin aportar”, advirtió, al anticipar tensiones financieras en los esquemas previsionales
A eso sumó el impacto sobre el sistema de salud, que —según señaló— deberá afrontar una demanda creciente y sostenida en el tiempo. “La vida adulta saludable reclamará atención médica casi permanente y muy costosa”, sostuvo, lo que obligará a redimensionar el funcionamiento del sistema público .
En ese contexto, mencionó el debate sobre la implementación de un ingreso universal desvinculado del trabajo, aunque advirtió que su financiamiento constituye “un gran debate complejo” que podría generar conflictos si no se resuelve adecuadamente .
Finalmente, Lorenzetti planteó que el abordaje de la longevidad no puede quedar limitado a discusiones técnicas o económicas. “La política no puede estar alejada de lo humano”, afirmó, al señalar la necesidad de avanzar en políticas de Estado orientadas a garantizar condiciones de vida dignas para una población cada vez más envejecida.
