La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena por peculado contra siete ex ministros y un ex tesorero del Gobierno rionegrino por el pago de sobresueldos entre 2004 y 2011. La maniobra, según la Justicia, permitió distribuir remuneraciones no declaradas por fuera de los circuitos formales de control estatal.
Cheques a nombre de altos funcionarios, retiros de fondos por ventanilla bancaria y pagos que nunca fueron incorporados a los recibos de sueldo. Así funcionó durante varios años un sistema de pago de sobresueldos en el Gobierno de Río Negro, cuya investigación penal llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y terminó con condenas a siete ex ministros y un ex tesorero.
La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2011, durante el mandato de Miguel Saiz, funcionó un sistema de pagos adicionales por fuera de la estructura legal. Los montos que recibieron los ex funcionarios investigados eran por dedicación exclusiva y otros conceptos que nunca figuraron en los recibos de sueldo ni fueron declarados dentro del esquema habitual de liquidación de haberes.
Según la acusación, el mecanismo se instrumentó a través de cheques librados a nombre del Ministro de Coordinación, del Secretario General de la Gobernación o de otros funcionarios de esas áreas, quienes retiraban el dinero por ventanilla bancaria para luego distribuirlo entre los beneficiarios.
Para la Justicia, la maniobra permitió sustraer fondos públicos de los controles administrativos habituales. Al evitar que esos pagos pasaran por el circuito formal de liquidación salarial y por la bancarización obligatoria en cuentas sueldo, se dificultó la trazabilidad del dinero y se eludieron los mecanismos de fiscalización del gasto estatal.
En el requerimiento de elevación a juicio se sostuvo que el esquema generó “una remuneración no declarada”, al separar esos fondos de la esfera de control de la Administración bajo una apariencia de legalidad.
Los jueces consideraron acreditado que el sistema no solo evitó controles contables, sino que además permitió disponer de partidas destinadas a masa salarial mediante una modalidad no autorizada.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban rebatir de manera integral los fundamentos de las sentencias previas.
De esta manera, quedaron firmes las condenas a tres años y medio de prisión para César Barbeito y Francisco González, exministro de Coordinación y exsecretario general de la Gobernación, respectivamente.
También se confirmaron penas de dos años y medio de prisión para los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, además del extesorero José Ongaro.
El juicio oral se realizó en 2018 y concluyó con las condenas por peculado. Dos años después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó el fallo con el voto de tres de sus cinco integrantes.
Tras ese revés, las defensas agotaron la vía recursiva hasta llegar al máximo tribunal nacional, que finalmente cerró el expediente y ratificó todas las condenas.
