El Ejecutivo envió al Congreso el Avance del Presupuesto con los lineamientos de la “ley de leyes”. Ratifica el equilibrio de las cuentas públicas, prevé una fuerte desaceleración de la inflación y promete mantener la estabilidad cambiaria.
La fecha límite para el envío del Presupuesto al Congreso es el 15 de septiembre. Sin embargo, en pos de darle previsibilidad a los mercados, el Ejecutivo mandó al Congreso lo que se conoce como “Avance del Presupuesto”. Una suerte de anticipo de que lo llegará al Palacio legislativo en el último trimestre del año.
El documento que marca los lineamientos para el Ejercicio Fiscal 2027 establece una hoja de ruta financiera que prioriza la previsibilidad cambiaria y la contención de los precios como condiciones necesarias para un crecimiento sólido. La administración da una señal a los mercados y anuncia que más allá del año electoral continuará con la búsqueda de consolidar el cambio de modelo económico.
Inflación e ingresos
La evolución de los precios representa uno de los aspectos más relevantes del escenario macroeconómico proyectado para el trienio 2027-2029. El programa oficial prevé una desaceleración significativa de la inflación, factor que, según las espadas del Ejecutivo, permitiría la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares. Según el texto enviado a los legisladores, estas metas fiscales procuran contribuir al aumento de la actividad, el empleo y los ingresos reales.
El Gobierno sostiene, una vez más, que una macroeconomía estable facilita la toma de decisiones para el consumo y la inversión. Esta estabilidad de precios dejará atrás la alta volatilidad que caracterizó al país en las últimas décadas. El informe destaca que el ordenamiento de las variables principales garantiza una expansión sostenida del Producto Interno Bruto (PIB) potencial.
Dólar estable para potenciar el sector externo
La política cambiaria y la estabilidad del peso se alinean con el objetivo de eliminar las trabas que “impiden el funcionamiento eficiente del mercado”. El Ejecutivo proyecta que un contexto normativo favorable y una moneda previsible permitirán que los sectores exportadores desarrollen todo su potencial. Más allá de esto, desde ya el Ejecutivo no le pone valor a la divisa norteamericana. El presupuesto para el ejercicio 2027 contempla que el crecimiento económico se sustente en una mejora de la inversión y en una contribución positiva del sector externo.
La normalización de la economía argentina permitirá que las empresas planifiquen proyectos productivos de largo plazo. Para alcanzar esta meta, el Estado Nacional fomenta la reducción de impuestos y la apertura económica como herramientas para incrementar la competitividad de la producción local. El informe oficial asegura que el Gobierno “continuará con el compromiso de preservar el orden de las cuentas públicas manteniendo el superávit fiscal”.
Superávit fiscal y control del déficit
La gestión actual ratifica el equilibrio financiero como una regla inamovible de su programa. Durante los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional registró un resultado primario superavitario de 8.425.328,7 millones de pesos, lo que equivale al 0,7% del PIB. El resultado financiero también arrojó un saldo positivo de 2.660.474,5 millones de pesos en el mismo periodo.
Este desempeño fiscal se apoya en una recaudación impositiva que sumó 34.191.171,1 millones de pesos hasta mayo de 2026. Los tributos ligados a la actividad económica interna, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, motorizaron estos ingresos. El Ejecutivo utiliza estos excedentes para sanear las finanzas y devolver recursos al sector privado.
Jubilaciones y masa salarial: el foco en el gasto
Las prestaciones de la Seguridad Social constituyen, como siempre, el gasto más importante de la Administración Nacional. En los primeros cinco meses de 2026, el Estado destinó 26.483.163,0 millones de pesos al pago de haberes previsionales, lo que representa el 59,7% del total de los servicios sociales ejecutados.
Por otro lado, el control de la masa salarial estatal figura como una prioridad para el ejercicio 2027. Lo que podría traducirse en más “motosierra” en los organismos estatales. Por caso, el Ministerio de Economía implementará seguimientos pormenorizados de las plantas de personal y las remuneraciones.
Inversión pública
La política de inversión para 2027 prioriza la finalización de obras vigentes y la selección rigurosa de nuevos proyectos. Según postula el texto enviado al Congreso, el Ejecutivo ponderará aquellas iniciativas que generen empleo, promuevan exportaciones o mejoren la balanza energética. La demanda de inversión para el próximo año asciende a 10,2 billones de pesos para un total de 1.765 proyectos registrados en el sistema oficial.
Esta cantidad de obras muestra una reducción marcada frente a los 2.014 proyectos de 2026 y los 4.496 de 2025. En ese marco, la obra pública seguirá sin ser un motor de la economía.
Más allá de cumplir con la señal para los mercados, el Gobierno deberá enviar el proyecto de ley definitivo al Congreso antes del 15 de septiembre.
