El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa del trader Mauricio Novelli y excluyó de la causa a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo. El argumento central no fue la inexistencia de la estafa, sino que ellos no pudieron probar la titularidad de las billeteras virtuales con las que dicen haber comprado $LIBRA.
La decisión responde a un planteo del abogado Daniel Rubinovich, defensor de Mauricio Novelli señalado como responsable de Kip Protocol -la firma que organizó el Tech Forum donde se habría gestado el contacto entre los desarrolladores del proyecto y el presidente Milei-. Rubinovich sostuvo que el avance de la instrucción permitió descartar que los hechos investigados encuadraran en el delito de estafa: el proyecto existió, el token se lanzó efectivamente, las empresas involucradas tenían existencia real y toda la operatoria se desarrolló de manera pública y trazable en blockchain. Para la defensa, la caída de precio del activo no fue más que la volatilidad propia del producto, y quienes compraron lo hicieron asumiendo un riesgo conocido de antemano.
La respuesta de los querellantes
Los querellantes, en cambio, aseguraron que la cuestión de su legitimación ya había sido resuelta a su favor en instancias anteriores y que la instrucción, lejos de debilitar la hipótesis de estafa, reunió elementos que refuerzan la existencia de una maniobra defraudatoria vinculada a personas del máximo poder estatal. Entre esos elementos mencionaron el tráfico de influencias, una supuesta infiltración en la Comisión Nacional de Valores, el uso de bots para operar con información privilegiada en el “minuto cero” del lanzamiento de la cripto y el uso de la figura presidencial como garantía de confianza para atraer inversores.
Por qué el juzgado hizo lugar al pedido
Martínez de Giorgi no falla sobre si hubo o no estafa, la ley exige que quien se presente como querellante acredite haber sufrido “un perjuicio real, especial, singular y directo” y el juzgado concluyó que ninguno de los cinco logró demostrar de manera fehaciente que es titular de la billetera digital con la que dice haber comprado $LIBRA, ni el origen de los fondos utilizados.
El fallo explica que se trata de wallets no custodiadas -Phantom o Solana- que no requieren verificación de identidad y sólo administran un par de claves públicas y privadas, sin asociar nombres ni documentos. Citando a la especialista Mariana Brea, el juez recuerda que “el sistema no requiere identificación de sus participantes, y es desde ese diseño que se establece el anonimato como una característica distintiva”. Links y capturas de pantalla, señala la resolución, “resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes” para probar esa titularidad. Ni siquiera en el caso de Paris, cuya billetera está vinculada a la plataforma Ripio -la única donde en principio podría obtenerse un dato identificatorio-, se acompañó documentación sobre el origen de los fondos o la trazabilidad de las operaciones.
El Juzgado citó un antecedente reciente de la Cámara Federal en esta misma causa, que había planteado el mismo criterio para otro pretenso querellante: “La sola mención de una dirección en la red no satisface el umbral mínimo de legitimación activa exigido por la norma”.
Lo que queda fuera de esta decisión
Sobre el reclamo de irregularidades vinculadas a presuntos pagos por acceder al Presidente, el fallo aclaró que, aun si eso existiera, no habilitaría a estas cinco personas a intervenir como querellantes: el bien jurídico afectado en ese caso sería la administración pública, no el patrimonio individual de los compradores del token.
El juzgado remarcó, de todos modos, que la legitimación como querellante no es una situación definitiva sino revisable durante todo el proceso y que esto no cierra la puerta a que, en el futuro, alguien acredite de modo fehaciente su condición de damnificado por maniobras con criptomonedas. Por otra parte, es seguro que los desplazados apelarán la medida ante la Cámara Federal.
