La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la medida cautelar que había solicitado el camarista federal Martín Irurzun para frenar los efectos del límite de 75 años que la Constitución impone a los magistrados, edad que él cumple el próximo sábado 18 de julio. Ya no hay posibilidades de que el juez continúe en el cargo que ocupa hace más de 20 años.
El eje de la resolución pasó por la vigencia de la doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso «Schiffrin» en 2017, que había dejado sin efecto el precedente «Fayt» y convalidó la cláusula constitucional que fija en 75 años el límite de edad para el desempeño de los magistrados nacionales. Según los camaristas Claudia Caputi y Luis María Marquez, el tope no vulnera la garantía de inamovilidad, sino que solo modifica el carácter vitalicio del cargo.
Irurzun había argumentado en su apelación, tras haber recibido un revés en primera instancia, que la mayoría que sostuvo esa doctrina en la Corte se disolvió tras el retiro del juez Juan Carlos Maqueda, por lo que —a su entender— el criterio de «Schiffrin» ya no podía considerarse vigente. La Cámara descartó ese razonamiento: sostuvo que los tribunales inferiores tienen el deber de ajustar sus decisiones a los precedentes de la Corte mientras estos no sean modificados por un nuevo pronunciamiento del propio tribunal, y que una eventual reversión del criterio no puede sustentarse en conjeturas sobre cómo fallarían jueces que hipotéticamente integrarían la Corte en el futuro.
A partir de ese análisis, los camaristas concluyeron que no se configuraba la verosimilitud del derecho necesaria para conceder la cautelar, lo que tornó innecesario analizar el peligro en la demora.
Antes de resolver sobre el fondo, el tribunal debió expedirse sobre la excusación planteada por los jueces Liliana Heiland y Rodolfo Facio, quienes pidieron apartarse por decoro y delicadeza: Facio se encuentra denunciado penalmente en una causa conexa en la que interviene la Sala II de la Cámara Federal porteña, tribunal que integra el propio Irurzun. La Cámara aceptó el apartamiento y continuó el trámite con los restantes integrantes disponibles, dado que el tercer cargo del cuerpo está vacante.
Las escuchas de Spagnuolo y el procesamiento de Fein
La Sala II, que Irurzun compartirá hasta el 18 con Carlos Farah y Roberto Boico, tiene bajo estudio la controvertida causa en la que se debate si los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que menciona sobornos para altos funcionarios públicos, son auténticos, o fueron editados, manipulados, o alterados a través de la inteligencia artificial, como asegura la defensa del ex funcionario.
También deben resolver si confirman o no el procesamiento por encubrimiento agravado dictado contra la ex fiscal Viviana Fein por el juez Julián Ercolini, quien la acusa de haber destruido pruebas permitiendo la presencia sin resguardos básicos de decenas de personas en el departamento del fiscal federal Alberto Nisman, a horas de presentarse en el Congreso para denunciar a Cristina Kirchner por el memorandum de entendimiento con Irán.
Para decidir sobre estos casos, a menos que la Sala resuelva antes del 18, fecha límite de la permanencia de Irurzun en la Cámara, en caso de que Boico y Farah discrepen sobre algún punto, deberán convocar a un integrante de la Sala I, cuya integración también podría modificarse dentro de poco.
El Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir las vacantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos de los magistrados desplazados hacia la Cámara por el gobierno de Mauricio Macri desde tribunales inferiores, procedimiento impugnado por la Corte Suprema de Justicia.
La situación en la Sala II
Si bien Bertuzzi se sometió a concurso para cubrir el cargo que actualmente ocupa, Bruglia eligió dirigirse al Consejo en duros términos, denunciando que “de decenas de jueces afectados, sólo tres iban a ser los discriminados y realmente perseguidos para remover de los cargos que están actualmente desempeñando. Me refiero siempre a los casos de los jueces Bertuzzi, Castelli y mío”.
Es que Germán Castelli también llegó por decreto al Tribunal Oral Criminal Federal 7 que juzga la causa «Cuadernos» y señaló que fue objeto de presiones para dejar su cargo antes del inicio de los debates en los que se investiga una presunta trama de corrupción entre funcionarios encabezados por Cristina Kirchner y empresarios beneficiados con obra pública.
El ex ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda fue advertido 10 meses antes de cumplir 75 años que no se le prorrogaría su nombramiento. “No es para mí un drama irme a los 75 años después de 22 en la Corte. Pero estando bien como estoy yo podría haberlo pensado, pero no lo pensé, no tuve tiempo para pensarlo”, afirmó públicamente, sin ocultar su disgusto.
