El proceso determinará si el magistrado, actualmente suspendido en sus funciones, pierde definitivamente su cargo, acusado por antisemitismo y discriminación a raíz de mensajes en su cuenta de “X” que reconoció como propios. Mientras los acusadores aluden a un “patrón de hostilidad antinjudía”, su defensa alega “persecusión ideológica” y se escuda en la libertad de expresión.
Las denuncias contra Alfredo López que iniciaron la investigación fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, letrado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo. Los tres escritos se basaron sobre los posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP, en los que vieron un “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.
En la audiencia de hoy, la acusación en nombre del Consejo de la Magistratura estuvo a cargo del senador Luis Juez, junto al abogado Alberto Maques.
Los argumentos de la acusación
Juez sostuvo que la comisión debió primero determinar si la conducta de López estaba amparada por la libertad de opinión de cualquier ciudadano, pero que la investigación llevó a una conclusión unánime dentro de un cuerpo colegiado y plural. “La conducta del juez López es absolutamente incompatible con lo que un ciudadano común espera de un juez federal”, afirmó.
El senador relató además que, cuando se citó a López por el artículo 20 -una instancia en la que el magistrado objetado puede ejercer su defensa- esperaba una actitud reflexiva o un pedido de disculpas, algo del tipo “me equivoqué, cometí un error, me dejé llevar”. Según Juez, la respuesta del magistrado fue “muy lejos de eso”.
Como sustento de la acusación se exhibieron algunos de los 40 tuits que motivaron el dictamen: una encuesta impulsada por López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, una convocatoria a responder “a estos fariseos” en referencia al Foro Argentino contra el Antisemitismo, y una respuesta a un usuario en la que escribió “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”. También se señaló un posteo en el que, usando una foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, en un acto público, López se preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.
Juez y Maques remarcaron, en nombre del Consejo, que López no puede seguir en el cargo. El senador recordó que el magistrado ya había recibido denuncias en una integración anterior del Consejo y que en esa oportunidad se le “había dejado pasar”; a su criterio, de haberse aplicado sanciones en ese momento, López “no se habría envalentonado”. Maques, por su parte, señaló que cuando le tocó declarar en la causa, el juez realizó por redes sociales “una convocatoria amenazante”.
El escudo de Gaza
Según el relato de Juez, frente a la acusación, López buscó encuadrar sus expresiones en el conflicto de Gaza, argumento que retomó también en su descargo ante el jury: sostuvo que sus tuits versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de decisiones de la Corte Penal Internacional y que denunciar lo que calificó como un genocidio no constituye un acto de odio sino “un acto de defensa de los derechos humanos”.
La defensa de López
López negó haber incurrido en “actos discriminatorios contra la comunidad judía” y cuestionó que las agrupaciones denunciantes se hubieran arrogado la representación de “toda una colectividad”. Habló de una “persecución ideológica” en su contra y calificó de “teatralización” a la acusación.
En su descargo, sostuvo que nunca actuó “con mala fe ni con ánimo de ofender” y que sus opiniones “no fueron ataques personales”. Remarcó que ejerció la magistratura durante 40 años sin sanciones disciplinarias y pidió el rechazo de lo que llamó “la maliciosa” acusación.
El magistrado también argumentó que no se le pueden atribuir “respuestas de terceros” y citó, como antecedente, un fallo favorable al presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre de Ian Moche, el joven influencer con autismo, por sus posteos en X. Según López, esa sentencia estableció que los reposteos “no implican” coautoría.
Insistió en que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales” y remarcó que sus tuits no motivaron ni una denuncia penal ni una demanda civil. Pidió diferenciar entre “crítica y discriminación” y planteó que el caso trasciende su situación personal: “Lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos. Como jueces no perdemos la condición de ciudadanos”, afirmó ante el jury.
Su defensa sostuvo, además, que la renuncia presentada respondió a que el juez enfrenta una enfermedad ósea y que estaba dispuesto a dejar la función, aunque el Poder Ejecutivo no se la aceptó. En ese punto, marcaron una diferencia con el caso del juez rosarino Marcelo Bailaque, quien –señalaron- está preso por una causa penal y sin embargo puede cobrar su jubilación.
El proceso continuará esta semana con la citación de testigos.
¿Quiénes decidirán la suerte del juez?
El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por los jueces Marcelo Bartumeu Romero, del Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria); y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria), quien siguió la audiencia por Zoom.
