El Tribunal Oral Federal Criminal 2 que decidió y ahora ejecuta la condena de la causa “Vialidad”, dispuso avanzar en el embargo de bienes de la ex Presidente y otros condenados quienes no podrán disponer de ellos mientras se define cuáles y cuándo serán ejecutados, con miras a cubrir el perjuicio de 685 mil millones de pesos calculado durante el juicio.
El más destacado de los bienes embargados en esta segunda fase es el departamento de San José 1111, del barrio de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria, como consecuencia de su condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El inmueble pertenece a “Los Sauces”, la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner, que fue investigada en la causa por presunto lavado de dinero que aún espera su inicio en el Tribunal Oral Criminal Federal 5, ya que una pericia contable que algunos consideran “crucial” aún no está lista, pese a que el fiscal Diego Velasco ha solicitado reiteradamente el inicio del juicio.
La resolución, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, procura evitar que los bienes en cuestión sean hipotecados, transferidos, gravados, o retirados de la jurisdicción antes de que termine el proceso de decomiso. Mientras tanto, la propiedad de inmuebles, vehículos y acciones, seguirá en cabeza de sus titulares. La primera etapa de 111 bienes cuyo embargo y ejecución fue reclamada por el fiscal Diego Lucini, se encuentra en la Corte Suprema, apelada por los condenados.
En esta nueva fase están incluidos 144 bienes, entre los que se cuentan el emblemático departamento de Constitución, vehículos, paquetes accionarios y el no menos recordado dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del banco de Galicia por valor de cinco millones de dólares, cuya licitud nunca fue probada y acerca de los que la entidad bancaria aún no respondió a los requerimientos judiciales. Se desconoce en qué estado se encuentra el dinero y si hay otros depósitos en cajas de seguridad o cuentas a la vista.
También citaron el artículo 23 del Código Penal, que “autoriza a alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado por el producto o provecho del delito. Bienes transmitidos gratuitamente a terceros: La norma también habilita a ir tras activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos de forma gratuita a terceros”.
Para justificar esta nueva tanda de embargos, los jueces se remitieron a sus propios argumentos condenatorios, donde destacaron que las maniobras ilícitas de la obra pública en Santa Cruz habían producido beneficios directos para las empresas de Lázaro Báez, e indirectos para la familia Kirchner, entre quienes había una relación económica y comercial comprobada.
Según este esquema, las empresas constructoras de Báez edificaron viviendas y emprendimientos turísticos para la familia Kirchner, que luego explotaron de manera directa o por intermedio de las empresas “Hotesur” y “Los Sauces”.
Por eso es que también en este nuevo embargo resultan alcanzados los paquetes ccionarios de esas dos compañías, que ya estaban en la mira de la Justicia desde que investigaba la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner. Si bien Cristina Kirchner donó gratuitamente a sus hijos todo lo que como heredera o como tirular de bienes gananciales pudiera corresponderle de ambas, el Tribunal remarcó que ese cambio de manos no impide que los bienes sean alcanzados por la ejecución de la condena.
Otros bienes embargados
En la resolución se incluyen también varias propiedades de la familia Kirchner en Río Gallegos, en Calafate, el predio del hotel La Aldea del Chaltén, así como departamentos y cocheras en el complejo Madero Center de Puerto Madero, en la Capital Federal.
