Por Pablo Cervi*
Hay debates que exceden el tratamiento de una ley puntual porque expresan la clase de país que queremos construir. La protección de la propiedad privada es uno de ellos.
Resulta llamativo que en la Argentina sea necesario reafirmar mediante una nueva ley un derecho que nuestra Constitución reconoce desde 1853. Sin embargo, las últimas décadas demostraron que cuando la propiedad privada deja de ser un principio incuestionable y comienza a relativizarse, también se deterioran la seguridad jurídica, la confianza y las condiciones necesarias para invertir, producir y generar empleo.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no crea un derecho nuevo. Su objetivo es fortalecer uno de los pilares sobre los que se sostienen las sociedades libres: que el Estado garantice reglas claras, proteja los derechos de los ciudadanos y brinde previsibilidad a quienes trabajan, ahorran, emprenden e invierten.
No existe experiencia de desarrollo sostenido sin un firme respeto por la propiedad. Las economías más prósperas crecieron porque construyeron instituciones confiables. Cuando las reglas son previsibles, las personas invierten, producen y planifican a largo plazo.
La propiedad privada protege al comerciante, al productor, al profesional, al emprendedor y a la familia que construye su patrimonio con esfuerzo. Defenderla es defender la libertad, el mérito y la posibilidad de progresar. Argentina tiene hoy una oportunidad histórica para recuperar credibilidad institucional.
Cada reforma que fortalezca el respeto por la ley, limite la discrecionalidad del Estado y garantice los derechos de quienes producen representa un paso en esa dirección. La propiedad privada no es únicamente un derecho constitucional. Es la base sobre la cual se construyen la libertad económica, el desarrollo y la movilidad social. Defenderla es defender la libertad de cada argentino para trabajar, ahorrar, invertir y construir su propio futuro.
* Senador LLA
