El servicio de los códigos de comportamiento de los jueces: una asignatura que reprueba el CNM

Por Armando S. Andruet (h)

Hemos tenido ocasión de escribir en varias oportunidades, acerca de la importancia de los códigos de conducta para los jueces y también sabemos, que no es ello, materia de mayor preocupación por quienes tienen la responsabilidad de hacer los controles del funcionamiento conductual que los magistrados tienen, en particular cuando corresponde al orden federal/nacional.

    Las justicias provinciales de la República, desde hace ya varios años, se vienen ocupando de la ética judicial de diferentes maneras y con especial angulación en los códigos de comportamiento de jueces, atento a la importancia que en todo sistema de justicia que se precie de alguna seriedad, se brinda a tales instrumentos.

    Al menos la mitad de las justicias provinciales gozan de algún modelo de instrumento orientativo respecto a las prácticas adecuadas de los jueces y también se encargan de señalar aquellos otros comportamientos que se presentan como inadecuados e impropios y por ello, es que tales prácticas, conforman alguna afectación a un núcleo de principios y/o virtudes que los nombrados códigos condensan en un número diverso.

    En algunos casos las provincias han elaborado sus propios códigos de conducta, lo cual es completamente legítimo acorde a las mismas condiciones de idiosincrasia judicial de un cierto territorio y otras jurisdicciones, han preferido seguir el modelo que la Cumbre Judicial Iberoamericana ha propuesto desde el año 2006, cuando aprobara el Código (Modelo) Iberoamericano de Ética Judicial, el cual alcanza a un total de 24 países que conforman la Cumbre y vigente desde el año 1990 y entre los cuales, se ubica la República Argentina.

    Desde este primer punto de vista, cabe apuntar que Argentina como Estado Federal, con independencia que sean varias justicias provinciales que cuentan con códigos de conducta, al no tener uno el Estado Federal, significa estar el país en una suerte de mora legislativa respecto a dicho punto y tal como, la Cumbre Judicial se lo ha hecho saber de maneras diversas a nuestro país.

    Recién en el curso del año que está ya próximo a concluir, existió un movimiento en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a tal respecto y fue dicho suceso, digno de todo elogio y lo hemos ponderado en modo efectivo, puesto que produjo razonables y muy valiosas expectativas de abogados, jueces, ciudadanos y especialmente de quienes hemos venido reclamando esa acción y asignatura desde tiempo atrás.

    Y no porque creamos que un código habrá de transformar súbitamente el funcionamiento del sistema, sino porque es poner en marcha un mecanismo de control y de camino de promoción de confianza social en la justicia y de lo que creemos sin ofensa alguna a ningún buen juez y de los que hay en gran cantidad en nuestro país, que es ello, una buena manera de gestionar una presencia real por promover cambios a nivel de estructura judicial y que hoy sin duda se advierten dañados, frágiles y opacos.

    Existían en consideración tres proyectos de código, que respondían a su vez a modelos operativos –no necesariamente políticos- muy diversos. Uno muy implicado con la corporación judicial y por ello, con una concesión gatopardista poco ocultable, otro, mas científico y con evidentes criterios de ajuste a los requerimientos contemporáneos de una magistratura de excelencia y finalmente un tercero, que se ubicaba en la línea más clásica, moderada que no pretendía mucho, pero su objetivo sin duda prometedor como era el de ‘poner una pica en Flandes’ y luego escalar a modelos de mayor entidad.

    Y ese resultado especulativo desde la política de las extrañas aritméticas del poder dentro del CNM, permitió dar a luz un proyecto con algo del primero y del tercero y nada del segundo. Lo cierto y completamente valioso, es que se alcanzó un proyecto unificado que con sus ajustes de emergencia como es propio en estas instancias, se logró una aprobación en Comisión y que ardorosamente celebramos.

    Sin embargo su combustible político no permitió que alcanzara la meta final y su debate y aprobación en el Pleno, quedo en estado de latencia y muy seguramente no será materia de atención inmediata por los nuevos integrantes del CNM, que están en proceso de juramentación por este tiempo.

    El proyecto en cuestión, sin duda alguna y lo hemos dicho antes de ahora, no es el mejor instrumento al que se puede aspirar; sin embargo a veces los necesarios consensos que corresponde congeniar para obtener un resultado, implica que lejos de alcanzar lo mejor sea solo realizable lo posible. Y como bien sabemos, la distancia entre lo mejor y lo posible es muy significativa y que, con una mirada más rigurosa, se puede señalar que aquello que ha resultado ser lo posible es una figura difusa y porosa de lo que debería ser un código de conducta para los jueces, pero a pesar de ello, siempre es mejor ese resultado a continuar en un estado de incertidumbre respecto a comportamientos éticos y bajo la observación reprobatoria internacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

    Hoy existen instrumentos de excelencia que se han aprobado en los últimos años en países de la Cumbre Judicial Iberoamericana y que bien pueden ser inspiradores para los nuevos Consejeros que de este tema se quieran ocupar, para alumbrar un excelente código tal como la República Argentina merece, acorde la envergadura de su Poder Judicial.

    En este año que concluye, la Corte Suprema de Justicia de Chile ha dado aprobación a su código de conducta, siendo un instrumento moderno, cuidadoso y totalmente eficaz en su construcción operativa; cinco años atrás, el anterior más nuevo instrumento fue el de República Dominicana que ha sido varias veces mencionado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial como un instrumento de alto valor operativo y de una máxima completitud.

    Sean estos, sean otros, sea incluso el aprobado ya en Comisión, que siempre podrá ser mejorado posteriormente, Argentina tiene una deuda en este sentido y el único que debe merecer el reproche de reprobación es el CNM, que por razones que no nos corresponde a nosotros indagar no ha podido cumplir con un estándar que por este tiempo, ya se ha convertido en una exigencia rigurosa para poder ingresar la misma República en ciertos organismos internacionales sin ser vista y también tratada como un paria en cuanto a su sistema de justicia.

    Quizás este aspecto debería ser de especial atención por los integrantes del CNM. No sería nada bueno, que alguien le pueda reprochar una frustración de ingreso a un organismo internacional por no haber brindado un código de conducta para los jueces.

    Dicho esto, y solo señalando que alguna de las listas de candidatos a ocupar plazas en el CNM con la nueva votación y quizás las demás también –lo cual sería totalmente elogiable- destacó dentro de su plataforma de realización, una preocupación por este tema de la ética judicial; se lo recordamos ahora y lo haremos nuevamente si acaso lo olvida.

    No es de ninguna complejidad formular si fuera el caso, un instrumento menos doméstico y más ajustado a la naturaleza de quienes son sus involucrados y la entidad que la magistratura argentina tiene y que es innegable como cuestión. Lo único que se precisa saber, es que tipo de sistema de justicia se pretende y de allí, delimitar que tipo de instrumentos habrán de cooperar a su misma diagramación.

    Pues los códigos de conducta para los jueces, también hay que señalarlo, no son instrumentos tales que su sola existencia transformen mágicamente los Poderes Judiciales, sino que son elementos que si no son humillados por los propios operadores que con ellos habrán de trabajar, como son los respectivos integrantes de la comisión respectiva del CNM, se tornan en instrumentos que con el tiempo promocionan transformaciones efectivas que los Poderes Judiciales tienen.

    Pero si acaso, el camino fuera el de solo querer aprobar un texto para con ello dejar satisfecha la agenda internacional de la Cumbre Judicial, pero luego no estar dispuestos a aplicarlo, utilizarlo y con ello, colocarlo en la vida funcional del Poder Judicial Nacional/Federal, probablemente que el daño sería más grave que dejar las cosas como están.

    Aprobar un código de conducta para jueces, es tomar todo un conjunto de recaudos, experiencias e informaciones de su funcionamiento allí donde existen desde tiempo atrás y si bien, no serán tales apreciaciones completamente transferibles, podrán ser orientativas para que lo alcanzado sea también lo más eficaz posible.

    De cualquier modo queda todavía algo que agregar, los códigos de conducta judicial cooperan –bien instrumentados- a conformar una matriz de pedagogías judiciales que para los jueces es completamente útil en los tiempos moralmente diversos en lo que habitamos y donde la tecnologías y la redes sociales nos movilizan comportamientos que para el mismo actuante pueden resultar algo sorprendentes.

    Los niveles de participación en la sociedad, son hoy espacios promocionados con sanidad por los Poderes Judiciales, pero los desvíos son frecuentes y la falta de orientaciones al respecto son responsabilidad de falta de instrucciones a veces necesarias. Las dimensiones de la palabra del juez fuera de los tribunales es apreciada por ciudadanos y medios por igual, y ello debe ser cuidadosamente orientado para no herir en modo innecesario, pero tampoco es conveniente un juez desatento y negador al diálogo fuera de los espacios judiciales.

    De muchas de estas cuestiones un código se tiene que ocupar, más parece una obviedad decir que antes de ello, la independencia, imparcialidad e integridad son medulares para la vida judicial.

    Recuerda Séneca, en Cartas a Lucilio (L.IV, Carta 39): «El mal no tiene remedio cuando los vicios se han convertido en costumbre». Evitemos que no dictar un código para la justicia nacional/federal sea una costumbre como lo viene siendo.

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