El fiscal Franco Picardi apeló con dureza la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a directivos de la AFI del macrismo, en una causa donde se investigaba si durante dos cumbres internacionales realizadas en la Argentina habían espiado a periodistas, académicos, dirigentes políticos y sociales. Busca que la Cámara Federal revoque la medida y ordene llamar a indagatorias.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento del director de la AFI durante el gobierno de Macri, Gustavo Arribas; su vicedirectora, Silvia Majdalani, y dos directores operativos de la agencia, quienes nunca fueron llamados a indagatoria, por entender que su actividad durante la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio, ocurrida en 2017 y la Cumbre del G20 en 2018, no fue espionaje ilegal sino el despliegue de tareas de inteligencia tendientes a garantizar la seguridad de los visitantes.
El magistrado relativizó el sistema de “fichas” con las que la AFI catalogaba a los investigados por colores, verde, amarillo o rojo, al señalar que la mayoría había quedado en verde, es decir sin observaciones y descartó que el almacenamiento del material durante casi tres años tuviera relevancia penal, al considerar que obedeció a “su registro como constancia de las labores realizadas”.
Las críticas del fiscal hacia los sobreseimientos
Para el fiscal Franco Picardi, en cambio, la AFI produjo inteligencia sobre al menos 58 dirigentes sociales, sindicales y académicos, y sobre 403 trabajadores de prensa, en el marco de los operativos de seguridad de ambas cumbres. Los informes hallados no se limitaron a evaluar riesgos: consignaron explícitamente la orientación política de las personas reseñadas.
El material, repartido en tres sobres rotulados “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”, permaneció guardado durante casi tres años en la oficina que había ocupado uno de los sobreseídos como director de Contrainteligencia de la AFI, hasta que fue encontrado el 24 de enero de 2020, y denunciado por la entonces interventora del organismo, Cristina Caamaño.
Picardi consideró que el juez en su fallo “soslaya elementos de convicción” y hace “una valoración parcial, fragmentaria y sesgada del material probatorio”. A su criterio, los sobreseimientos exhiben “los vicios propios de una decisión arbitraria y carente de razonabilidad”.
Martínez de Giorgi había destacado que las fuentes de las que se había nutrido la AFI eran abiertas y accesibles para cualquiera. Picardi fue categórico: “el hecho de que la información tenga su origen en fuentes abiertas no resulta, por sí solo, excluyente de la configuración de actividades de inteligencia ilegal” ya que esas tareas “pueden igualmente consistir en la recolección, sistematización y análisis de información obtenida de ese tipo de fuentes, cuando se realizan al margen de los fines y procedimientos legalmente habilitados”. Y agregó que para determinar si hubo delito no importa sólo la fuente, sino “en base a qué hipótesis delictiva se recopiló información, bajo qué autorizaciones legales y siguiendo qué tipo de reglas”.
También cuestionó que el juez le restara peso al hecho de que sólo una fracción de las fichas tuviera contenido abiertamente ideológico. Para el fiscal la ley “no exige un número mínimo de casos” para que se configure el delito: “La prohibición opera ficha por ficha (…) basta uno para que la conducta esté consumada; y en autos no hay uno, sino decenas de casos perfectamente documentados”.
Sobre el almacenamiento del material, Picardi remarcó que la propia AFI había negado ante la Justicia poseer información que en verdad tenía en su poder, un antecedente que, sostuvo, “constituye un indicio de que se procuró sustraer del conocimiento judicial el alcance de la actividad desplegada”.
El pedido: que se los llame a indagatoria
El fondo de la apelación es que por fin los imputados sean llamados a prestar declaración indagatoria, cosa que nunca sucedió pese a que en marzo de 2021 la fiscalía que por entonces tenía a su cargo la instrucción, lo había reclamado. Picardi recordó que el sobreseimiento exige que la inocencia del imputado sea tan evidente que no admita dudas, pero en esta causa la acusación viene sosteniendo hace cinco años que existen motivos suficientes para sospechar de las acciones de los dirigentes de la AFI. En esta situación, hubiera correspondido “un temperamento expectante”, no “el cierre definitivo e irrevocable del proceso”.
La causa, dice el fiscal, reviste “extrema gravedad institucional”, en tanto compromete derechos de jerarquía constitucional como la libertad de prensa, el ejercicio de los derechos políticos y la protección de la vida privada, y “está en condiciones de progresar hacia la recepción de las declaraciones indagatorias”, por lo que aspira a que la Cámara Federal que deje sin efecto los sobreseimientos.
