Desde las 00 del 21 de septiembre comenzará a regir el Código Procesal Penal Federal para los nuevos delitos cometidos en la jurisdicción La Plata. El cambio alcanza a un territorio de 70 mil kilómetros cuadrados y más de seis millones de habitantes. Para la puesta en marcha se redujeron vacantes, se acondicionaron salas de audiencias y se reforzó el equipamiento tecnológico.
El 21 de septiembre marca, tradicionalmente, el comienzo de la primavera. Este año, para la Justicia Federal de La Plata, marcará también el inicio de una nueva etapa. Desde las 00 de ese lunes comenzará a regir el Código Procesal Penal Federal (CPPF) y, con él, el sistema acusatorio, que modifica sustancialmente la forma en la que se investigan y juzgan los delitos federales.
La implementación, dispuesta por la Resolución 275/26 del Ministerio de Justicia de la Nación, alcanzará exclusivamente a los delitos cometidos a partir de esa fecha. Las causas correspondientes a hechos anteriores continuarán tramitando bajo el Código Procesal Penal de la Nación.
La llegada del nuevo modelo a La Plata tiene una dimensión particular. La jurisdicción comprende alrededor de 70 mil kilómetros cuadrados y más de seis millones de habitantes, e incluye puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, y los puertos de La Plata y Dock Sud.
Con esta incorporación, el sistema acusatorio quedará operativo en 11 de los 18 distritos federales, con alcance sobre 16 provincias.
Una jurisdicción compleja y un cambio profundo
El nuevo sistema supone mucho más que un cambio de Código. Modifica la dinámica del proceso penal: los fiscales asumen la conducción de las investigaciones, los jueces concentran su intervención en la resolución de los planteos que llegan a audiencia y la oralidad pasa a ocupar un lugar central.
La dimensión del desafío fue señalada por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien definió la implementación como un “momento bisagra” para la Justicia Federal de La Plata.
El fuero está integrado por una Cámara Federal con nueve vocalías -algunas todavía vacantes y en proceso de cobertura-, tres tribunales orales, uno de ellos en proceso de habilitación, diez juzgados federales y más de 1.100 magistrados, funcionarios y empleados.
“A partir del 21 de septiembre, la Justicia Federal de La Plata deberá aplicar el sistema acusatorio en un ámbito muy desafiante, que involucra una extensión territorial de alrededor de 70 mil kilómetros cuadrados en el que habitan más de 6 millones de personas”, sostuvo Rosatti.
Pero el Presidente de la Corte también puso el foco en lo que ocurrirá después de la puesta en marcha.
“En síntesis, estarían dadas las condiciones para iniciar la implementación del sistema acusatorio. Depende ahora de los actores del sistema de justicia (jueces, fiscales, defensores, abogados, empleados) que este momento sea, además, una nueva etapa que se traduce en una mejora en el servicio que brindamos a la sociedad”, afirmó.
Y dejó una definición sobre el rumbo de la reforma: “No hay opción para retroceder”.
“Los que integramos el Poder Judicial, en el cargo que a cada uno le toca, no somos un fin en sí mismo. Somos un medio o un instrumento que, transitoriamente, tenemos a cargo una responsabilidad otorgada por la Constitución. Nuestra razón de ser, de cara a la sociedad, es brindar una justicia imparcial, transparente y expeditiva; en ese sentido, auguro que el sistema acusatorio contribuirá a tal objetivo”, agregó.
Menos vacantes para afrontar el nuevo sistema
La preparación para el desembarco del acusatorio obligó a trabajar también sobre uno de los problemas estructurales de la jurisdicción: la cantidad de cargos judiciales sin cubrir.
En los últimos meses se cubrieron nueve vacantes en el fuero federal platense, lo que permitió reducir el nivel de vacancia del 56% al 32%. El proceso se produjo en el marco de la cobertura de 125 cargos de jueces y juezas en todo el país.
La implementación requirió además un trabajo coordinado entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y las autoridades judiciales de la jurisdicción.
Ocho salas de audiencia y obras en distintos puntos de la provincia
La infraestructura constituye otro de los puntos centrales del cambio. La oralidad que caracteriza al sistema acusatorio requiere espacios preparados para que buena parte de las decisiones que antes se procesaban a través del expediente escrito pasen a discutirse y resolverse en audiencia.
A través de la Dirección General de Infraestructura Judicial y la Dirección General de Tecnología, y en coordinación con la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el Consejo de la Magistratura adecuó e instaló ocho salas de audiencia completamente equipadas, además de oficinas judiciales, y trabaja en la incorporación de una sala adicional.
Las intervenciones incluyeron trabajos de pintura, instalación de sistemas de climatización, adecuación de redes eléctricas, colocación de luminarias y detectores de humo, cartelería de evacuación, renovación de pisos y provisión de mobiliario específico.
Las obras alcanzaron distintas sedes de la jurisdicción:
- Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en calle 8 N° 925.
- Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, en calle 47 N° 193.
- Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La Plata, en calle 8 N° 925.
- Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en calle 36 (12 de Octubre) N° 3300.
- Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, en R. Álvarez Rodríguez N° 59/61.
- Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, en Papa Pío XI N° 68.
- Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, en Alem N° 180/194.
- Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, en Laprida N° 662.
El despliegue permite dimensionar una de las particularidades del desafío: el acusatorio no comenzará a funcionar en un único edificio ni en una jurisdicción concentrada, sino en un territorio extenso, con tribunales distribuidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Una nueva Fiscalía de Distrito para el acusatorio
La puesta en marcha del nuevo sistema también obligó a reorganizar la estructura del Ministerio Público Fiscal en toda la jurisdicción. A través de la Resolución PGN 71/26, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de La Plata, que reemplazará la organización de las fiscalías federales y generales que funcionan actualmente en el distrito.
Casal designó transitoriamente al fiscal general Diego Alejo Iglesias como fiscal con funciones de coordinación del distrito y al fiscal general Hernán Israel Schapiro como fiscal revisor. La fiscal federal Cecilia Patricia Incardona será fiscal revisora suplente.
La nueva estructura estará organizada en áreas funcionales de Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; No Penal y Electoral.
La Fiscalía de Distrito tendrá dos grandes unidades fiscales. La Unidad Fiscal La Plata tendrá jurisdicción sobre Berisso, Coronel Brandsen, Ensenada, General Paz, La Plata, Magdalena, Monte y Punta Indio. La Unidad Fiscal Lomas de Zamora, en tanto, intervendrá en los casos originados en Lomas de Zamora, General Las Heras, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Lobos, Presidente Perón, San Vicente, Cañuelas y Lanús.
A ellas se sumarán tres sedes fiscales descentralizadas:
- Quilmes: Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
- Junín: Chacabuco, Rojas, General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, General Viamonte, General Pinto y Florentino Ameghino.
- Pehuajó: Pehuajó, Carlos Tejedor, Daireaux, Guaminí, General Villegas, Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Adolfo Alsina, Rivadavia, Carlos Casares, Tres Lomas, Hipólito Yrigoyen y Bolívar.
La resolución de Casal permite, además, poner en números y características el tipo de conflictividad que deberá afrontar el Ministerio Público Fiscal con el nuevo esquema.
El procurador advirtió una “marcada heterogeneidad” de los fenómenos criminales federales de acuerdo con las características de cada zona. Entre ellos identificó casos de trata de personas con fines de explotación laboral en el cordón frutihortícola cercano a La Plata, vinculados principalmente con el empleo de personas en condiciones de especial vulnerabilidad.
También señaló un incremento reciente de las investigaciones por criminalidad económica, aunque una parte de los casos correspondientes a Quilmes y Lomas de Zamora se encuentra asignada legalmente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
“En este ámbito se observa, asimismo, un aumento de los casos en los que se encuentran involucrados funcionarios públicos pertenecientes a las fuerzas de seguridad y a otros organismos de la Administración Pública”, sostuvo Casal.
El mapa tampoco es uniforme en cuanto al volumen de trabajo: según los datos considerados por el procurador, durante 2025 el mayor caudal de casos de toda la jurisdicción se concentró en las fiscalías federales con asiento en Lomas de Zamora.
A la actividad penal se suma otro fenómeno que viene impactando sobre las fiscalías de primera instancia: el crecimiento de los asuntos no penales. Casal destacó un incremento de los amparos contra obras sociales y empresas de medicina prepaga, además de las causas vinculadas con la Ley de Migraciones.
Frente a ese escenario, y mientras se aguarda una solución legislativa de fondo para fortalecer la representación del Ministerio Público Fiscal, el procurador habilitó la designación de 13 nuevos auxiliares fiscales. Se sumarán a las 20 plazas existentes, por lo que el distrito pasará a contar con 33.
Cinco de los nuevos cargos serán destinados a la Unidad Fiscal de La Plata, tres a Lomas de Zamora, tres a la sede descentralizada de Quilmes, uno a Junín y otro a Pehuajó.
La reorganización tiene una importancia particular frente al cambio que comenzará el 21 de septiembre: en el sistema acusatorio son precisamente los fiscales quienes pasan a tener bajo su responsabilidad la dirección de las investigaciones penales.
La Defensa: “El verdadero éxito” será garantizar una tutela judicial efectiva
La antesala de la implementación tuvo este viernes su instancia institucional. En la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata se realizó el acto por la entrada en vigencia. Participaron Casal; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; y el defensor general de la Nación interino, Julián Langevin.
Durante la ceremonia, Langevin puso el foco en la dimensión que excede al cambio de reglas procesales. Definió la implementación del acusatorio como “un cambio integral y cultural”, que redefine los roles y las tareas de fiscales, defensores y jueces.
“Estamos muy contentos de participar de este cambio, pero lo hacemos con la idea de que las reglas del debido proceso sean respetadas a rajatabla”, afirmó.
El titular interino del Ministerio Público de la Defensa destacó especialmente las características de la jurisdicción de La Plata, tanto por su densidad poblacional como por la presencia de complejos penitenciarios y la cercanía con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Según explicó, la Defensa comenzó a prepararse tempranamente para la implementación y creó dos unidades específicas: una de ejecución penal y otra destinada a niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, un área que Langevin señaló como uno de los ejes de su gestión.
También destacó el trabajo cotidiano de quienes integran el organismo. “Me siento orgulloso de los magistrados del Ministerio Público de la Defensa que todos los días están al pie del cañón, luchando y dando lo mejor”, sostuvo, y realizó un reconocimiento especial a los defensores coadyuvantes: “Sin ellos no podríamos hacer nuestro trabajo”.
Pero fue al momento de definir cómo deberá evaluarse la implementación cuando Langevin dejó una de las ideas centrales de su intervención. Para el defensor general interino, el éxito del acusatorio no puede medirse únicamente por la cantidad de audiencias realizadas o por el cumplimiento de los cronogramas previstos.
“El verdadero éxito se alcanza construyendo una tutela judicial efectiva todos los días, y una asistencia continua, temprana y eficaz para todos nuestros asistidos”, concluyó.
Tecnología y un nuevo edificio para los fiscales
La adaptación edilicia estuvo acompañada por una renovación tecnológica. Todas las salas fueron equipadas con sistemas de audio y video y está previsto un refuerzo importante del parque informático de la jurisdicción.
El Ministerio de Justicia aportará 484 computadoras de escritorio y 120 notebooks. En una primera etapa, el Consejo de la Magistratura ya dispuso el envío de 50 computadoras al Juzgado Federal de Quilmes y otras 35 al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.
También se entregó a la Procuración General de la Nación el edificio conocido como “Multipuertas”, un inmueble estatal de aproximadamente 900 metros cuadrados que fue refaccionado, acondicionado y equipado para albergar dependencias de la Unidad Fiscal de La Plata.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó precisamente esa dimensión operativa de la reforma.
“El desafío no es solamente implementar un nuevo Código: es generar las condiciones para que ese nuevo sistema procesal pueda funcionar”, señaló.
Mahiques también atribuyó el avance del cronograma a “la decisión del Presidente de la Nación de avanzar en forma firme en la implementación del Sistema Acusatorio”.
El ensayo antes del debut
La preparación no quedó limitada a edificios, computadoras y nuevos cargos. El cambio de lógica procesal requiere también una adaptación de quienes deberán ponerlo en práctica desde el primer día.
Más de 80 jueces, fiscales y defensores participaron de un simulacro intensivo de litigación y gestión de casos, en el que se reprodujeron audiencias de garantías, revisión y juicio oral.
Las jornadas fueron coordinadas junto con la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.
El objetivo fue anticipar uno de los principales cambios culturales que plantea el sistema: pasar de un proceso predominantemente escrito a otro en el que la audiencia oral se convierte en el escenario central para discutir y resolver buena parte de las decisiones.
La implementación en La Plata será, por su escala territorial, su población y la complejidad de los delitos federales que atraviesan la jurisdicción, una de las pruebas más importantes del despliegue progresivo del sistema acusatorio.
Desde el lunes, el desafío dejará de estar en las obras, los equipos y los simulacros. El nuevo sistema comenzará a medirse en casos reales, audiencias reales y, sobre todo, en su capacidad para traducir el cambio procesal en una Justicia más ágil, transparente y cercana.
