Francisco Oneto, Gabriel Roldán y Agustina Comaschi debatieron sobre prueba, vulnerabilidad, consentimiento y garantías en un encuentro realizado en el Colegio de Escribanos.
La imagen de una víctima encerrada, trasladada contra su voluntad o sometida mediante violencia física ya no alcanza para comprender todas las modalidades de un delito tan grave como la trata de personas. Las redes sociales, los servicios de mensajería, las falsas ofertas laborales y formas progresivas de acercamiento, dependencia y control plantean nuevos desafíos para quienes deben investigar, acusar, defender y juzgar estos casos.
Pero la transformación del fenómeno abre también otra discusión: cómo adaptar la respuesta del sistema penal sin convertir conceptos como vulnerabilidad, consentimiento o explotación en categorías automáticas que terminen reemplazando la prueba.
Ese fue uno de los ejes que atravesó el encuentro jurídico realizado este miércoles en el Croque Madame del Colegio de Escribanos, donde Francisco Oneto, Gabriel Roldán y Agustina Comaschi reunieron distintas miradas sobre uno de los delitos más complejos del sistema penal.
La actividad reunió a abogados, profesionales y personas interesadas en la problemática y estuvo planteada como una conversación sobre los interrogantes que aparecen cuando las categorías jurídicas deben aplicarse a casos concretos: qué debe probarse, cómo hacerlo y hasta dónde pueden incidir los sesgos o determinados lineamientos de política criminal al interpretar los hechos.
La gravedad del delito y la prueba
Oneto abordó la cuestión desde una mirada crítica sobre determinados sesgos que pueden aparecer en la persecución de la trata y puso el foco en el riesgo de que la gravedad del fenómeno investigado termine desplazando el análisis individual de los hechos, la responsabilidad de cada acusado y la evidencia reunida en el expediente.
Roldán trasladó parte de esa discusión al terreno de la litigación defensiva. A partir del análisis de causas y precedentes, planteó la importancia de conocer no solamente los casos en los que las acusaciones no prosperaron, sino también aquellos en los que la Justicia consideró acreditados los elementos necesarios para condenar.
El objetivo, desde esa perspectiva, es identificar qué circunstancias fueron efectivamente probadas y determinar con mayor precisión qué debe discutirse en cada proceso.
Otro de los conceptos abordados fue la denominada “garantía del hecho”: la necesidad de conectar cada afirmación formulada durante una acusación con evidencia concreta y evitar que la discusión judicial quede atravesada por posiciones personales o por los propios egos de quienes intervienen en el litigio.
¿Qué significa que una víctima sea vulnerable?
Comaschi puso el foco en uno de los conceptos centrales en los expedientes por trata de personas: la vulnerabilidad. El planteo fue que esa condición no puede funcionar como una etiqueta ni como una presunción que permita saltear la discusión probatoria. Por el contrario, obliga a responder preguntas concretas: de qué vulnerabilidad se habla, cómo operó en el caso investigado, quién la conocía, de qué manera fue aprovechada y qué elementos permiten demostrarlo.
La discusión se extendió así hacia otros terrenos particularmente sensibles: la autonomía y el consentimiento de las víctimas, la dependencia económica, la coerción psicológica, el valor de los testimonios, las contradicciones o retractaciones y la necesidad de contar con elementos que permitan corroborar las hipótesis.
También se analizó la dificultad para delimitar la trata respecto de la explotación y de otros fenómenos delictivos. Uno de los escenarios abordados fue el de aquellas posibles víctimas que inicialmente ingresan al sistema penal como imputadas. Esos casos obligan a analizar la cláusula de no punibilidad y establecer si existe una relación entre la conducta que se les atribuye y el contexto de explotación en el que se encontraban.
Las nuevas formas de captación
Otro de los interrogantes planteados fue si las dificultades actuales obedecen exclusivamente a la necesidad de actualizar las herramientas legales o si también persisten formas antiguas de interpretar fenómenos que cambiaron.
Las modalidades de captación ya no necesariamente responden a los esquemas tradicionalmente asociados con la trata. Actualmente pueden desarrollarse mediante redes sociales, mensajería, ofertas laborales engañosas o procesos paulatinos de generación de dependencia y control.
El desafío consiste en reconocer esas transformaciones sin caer en el extremo opuesto: considerar que cualquier situación de vulnerabilidad demuestra por sí sola la existencia del delito, analizar el consentimiento fuera de su contexto, desconocer automáticamente cualquier margen de autonomía o sostener una acusación únicamente sobre el relato de una víctima sin analizar el resto de la evidencia.
De esa tensión surgió una de las preguntas que atravesó la jornada: cuánto de los problemas que aparecen en estas investigaciones está en las leyes y cuánto en los “lentes” con los que fiscales, jueces y abogados interpretan y prueban los casos.
Un curso para profundizar el debate
El encuentro funcionó además como antesala del Curso sobre Trata de Personas “Claves para su comprensión y abordaje”, impulsado conjuntamente por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Fundación Apolo, que comenzará el próximo 15 de octubre y tendrá a Comaschi como directora académica.
La propuesta tendrá un enfoque interdisciplinario y recorrerá desde las nuevas modalidades de captación y las estrategias de investigación hasta la cláusula de no punibilidad, la eventual criminalización de víctimas, la producción y valoración de la prueba, el régimen jurídico y su evolución jurisprudencial.
Entre los docentes previstos figuran Alejandra Mángano, Federico Nicolás De Florio, Nicolás Ceballos, Alejandro Tazza, Romina Rosenberg y Águeda Pereyra, además de invitados especiales provenientes de distintos ámbitos vinculados con la Justicia, el Derecho Penal, la criminología, la psicología y la asistencia a víctimas.
