El CPACF cuestionó la amplitud de algunas figuras previstas en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso. Advirtió sobre posibles afectaciones al principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso, especialmente en las normas vinculadas con interferencia electoral y “desinformación masiva”.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por algunas de las disposiciones incluidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, y reclamó que sean revisadas durante su tratamiento legislativo.
La iniciativa fue remitida por el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 17 de septiembre. Según informó oficialmente el Gobierno, busca establecer un nuevo marco para la defensa de la soberanía y se estructura sobre tres ejes: endurecer las sanciones contra quienes exploten ilegítimamente recursos naturales argentinos, generar incentivos para que esas actividades cesen y otorgar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas. También contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, articulado a través de un Consejo de Seguridad Nacional.
Desde el Colegio aclararon que tanto la defensa de la soberanía como la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Sin embargo, plantearon que las herramientas utilizadas para alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional.
El cuestionamiento a la amplitud de las figuras
Uno de los principales reparos del CPACF se concentra en la redacción de algunas de las conductas que podrían quedar alcanzadas por sanciones penales o administrativas.
Para la entidad, existen disposiciones cuya “vaguedad e indeterminación” dificultan establecer con suficiente precisión qué comportamientos quedarían prohibidos. En ese sentido, recordó que el principio de legalidad exige una delimitación clara de las conductas sancionables, especialmente cuando están en juego penas de considerable gravedad.
La preocupación se extiende particularmente a las figuras relacionadas con la interferencia en procesos electorales y las denominadas campañas de “desinformación masiva”.
Según el Colegio, la necesidad de prevenir injerencias extranjeras no debería derivar en normas cuya amplitud pueda afectar la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público.
Debido proceso y medidas preventivas
La entidad también puso la lupa sobre las facultades previstas para adoptar medidas preventivas antes de que exista una decisión definitiva.
El planteo del CPACF es que la necesidad del Estado de responder frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional debe compatibilizarse con garantías básicas como el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
Su presidenta, Alejandra García, sintetizó la posición institucional: “La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución”.
Y agregó: “Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”.
El Colegio ratificó finalmente su compromiso con el Estado de derecho y las libertades públicas, con especial énfasis en la libertad de expresión, cuya plena vigencia consideró esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática.
El pronunciamiento introduce así una discusión jurídica en el debate que comenzará a transitar el Congreso: hasta dónde pueden llegar las nuevas herramientas destinadas a proteger la soberanía y la seguridad nacional sin avanzar sobre garantías constitucionales.
