Templo Filadelfia: 27 condenados y un fallo que expuso casi 50 años de explotación bajo una fachada religiosa

La Justicia impuso penas de hasta 24 años de prisión a los integrantes de una organización que controlaba la vida de sus víctimas, incluso sus vínculos familiares y afectivos. La sentencia, conocida en la semana del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, también fijó reparaciones por más de 2.170 millones de pesos.

Dos matrimonios anulados porque los novios habían sido obligados a casarse y dos personas cuya filiación materna debió ser modificada porque las mujeres que figuraban como sus madres no eran sus progenitoras biológicas, son algunas de las decisiones que revela el fallo por el reconocido caso del “Templo Filadelfia”, y que permiten dimensionar hasta dónde llegó el control que ejerció una organización durante casi cinco décadas sobre las personas que vivían bajo su dominio.

La sentencia se conoció este lunes, justo en la semana en que se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y puso fin a un juicio que comenzó en octubre de 2024 y reconstruyó el funcionamiento de una estructura criminal que utilizaba una congregación religiosa como fachada para someter a personas en situación de vulnerabilidad.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín y condenó a 27 personas a penas de entre tres años y nueve meses y 24 años de prisión por delitos que incluyen asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

La organización operó al menos entre 1972 y diciembre de 2020. Tenía su sede principal en San Justo, partido de La Matanza, y se extendía a distintas provincias argentinas, además de Paraguay y Brasil.

Durante el debate, en el que declararon más de 200 testigos, la Fiscalía acreditó que las víctimas eran sometidas a un régimen de aislamiento, vigilancia y sanciones que restringía sus relaciones personales y sus decisiones cotidianas. También debían realizar trabajos domésticos, tareas en una panadería y actividades de construcción sin percibir remuneración.

El fiscal general Alberto Gentili sostuvo durante su alegato que ese sistema implicaba un control sobre los cuerpos de las víctimas, pero también sobre sus deseos y proyectos de vida.

Condenas y medidas de reparación

La pena más alta fue impuesta a Eva Petrona Pereyra, de 81 años, considerada jefa u organizadora de la asociación ilícita. La mujer recibió 24 años de prisión por su responsabilidad en la explotación laboral y la reducción a la servidumbre, además de su participación en delitos vinculados con la identidad y la sustracción y retención de un menor.

Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años de prisión, mientras que otros siete integrantes de la organización recibieron penas de 18 años.

La sede principal del Templo Filadelfia, ubicada en la calle Centenera 3715, localidad de San Justo, partido de La Matanza. El histórico cartel fue removido.

Más allá de las condenas, el tribunal dispuso reparaciones económicas para 27 víctimas por un total de 2.170.467.831,20 de pesos, que deberá actualizarse conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

También ordenó el decomiso de 46 inmuebles distribuidos en siete provincias, 12 vehículos y dinero secuestrado durante la investigación, además de mantener la subasta de otros 15 automotores.

La sentencia, que incluyó la cancelación de la inscripción del Templo Filadelfia en el Registro Nacional de Cultos, se conoció en la semana del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre para visibilizar las distintas modalidades de explotación, promover su prevención y proteger los derechos de las víctimas.

En el caso del Templo Filadelfia, el fallo no solo estableció responsabilidades penales, sino que también dispuso reparaciones económicas y medidas destinadas a restituir derechos vulnerados durante décadas.

En el marco de esta conmemoración, el Ministerio Público de la Defensa reafirmó su compromiso con el acceso a la justicia y la asistencia y protección de los derechos de las personas afectadas por estos delitos. Además, destacó la importancia de visibilizar estas situaciones y puso a disposición sus canales de atención para quienes necesiten ayuda o asesoramiento.

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