La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inadmisible un recurso que buscaba llevar una causa penal ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional volvió a marcar distancia de la doctrina “Levinas” y, esta vez, fijó un límite concreto a su alcance. Lo hizo al rechazar un recurso de inconstitucionalidad presentado en una causa penal y sostuvo que las disposiciones incorporadas este año por la Ley 27.802 no habilitan la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en todos los fueros nacionales, sino únicamente en el ámbito laboral.
La decisión fue adoptada por la Sala de Turno al analizar una presentación de la defensa de Alexis Emanuel Campos, quien había sido declarado reincidente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 tras una condena dictada mediante juicio abreviado. Luego de que Casación rechazara una queja anterior, la defensa intentó recurrir ante el TSJ porteño con base en la Ley 402 de la Ciudad y en el precedente del caso “Levinas” de la Corte Suprema.
El punto clave del fallo no estuvo, sin embargo, en la situación particular del condenado, sino en determinar hasta dónde se proyecta la doctrina establecida por la Corte y qué efecto tuvo sobre ella la sanción de la Ley de Modernización Laboral.
Esa norma aprobó el acuerdo de transferencia de la función judicial laboral entre la Nación y la Ciudad e incorporó cláusulas que reconocen al TSJ porteño como tribunal competente para intervenir en recursos contra decisiones de la justicia nacional ordinaria y como superior tribunal de la causa cuando exista una cuestión federal.
Pero Casación entendió que esa incorporación no puede ser leída como una modificación general del sistema recursivo de toda la Justicia Nacional. Para el tribunal, tanto el contexto en el que fue sancionada la norma como su ubicación dentro de la ley, el contenido del acuerdo y el debate parlamentario muestran que esas previsiones fueron pensadas para la Justicia Nacional del Trabajo.
A partir de esa interpretación, concluyó que la regla no resulta trasladable al fuero criminal y correccional y declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa.
