A menos de seis meses de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la provincia, magistrados, abogados y referentes judiciales analizaron en la Universidad Nacional de Córdoba el nuevo esquema. La actividad incluyó la presentación de una obra comentada dirigida por Mariano Borinsky.
El 8 de marzo de 2027 marcará un cambio profundo para la Justicia Federal de Córdoba. Desde ese día comenzará a aplicarse el Código Procesal Penal Federal (CPPF) y el modelo de investigación dejará de estar en manos de los jueces para pasar a los fiscales.
Con ese horizonte cada vez más cercano, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba reunió a jueces, abogados, académicos y representantes judiciales para debatir los desafíos que supone la transición hacia el sistema acusatorio.
La actividad se llevó a cabo el pasado jueves 24 de septiembre en el Salón Vélez Sarsfield. Allí se presentó del Código Procesal Penal Federal. Comentado, anotado y concordado, publicado por Editorial Astrea y dirigido por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky.
El encuentro coincidió además con la presentación del curso “Medios de impugnación en el proceso penal”, organizado junto con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y la Secretaría de Posgrado de la Facultad.
“Es un cambio de cultura judicial”
Entre los principales puntos de debate, se planteó que la reforma no se limita a modificar reglas procesales. Es que el nuevo esquema reemplaza buena parte de la lógica escrita por un sistema basado en audiencias orales, incorpora plazos estrictos para todos los actores del proceso y reorganiza el funcionamiento de los tribunales mediante colegios de jueces y oficinas judiciales.
“El cambio no es de normas y de formas. Es un cambio de cultura judicial”, resumió Borinsky durante su exposición. El magistrado también puso el foco en una de las transformaciones que considera más relevantes: el carácter perentorio de los plazos.
A diferencia del modelo tradicional, explicó, las obligaciones temporales ya no recaen solamente sobre abogados y defensores, sino también sobre fiscales y jueces. “La gran deuda del sistema anterior no fue dogmática. Fue una deuda de tiempo”, señaló.
Según datos de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal citados durante la actividad, el 82,2% de los casos tramitados bajo el CPPF concluyeron con sentencia dentro del primer año. “Causas que antes demandaban años se resuelven hoy en una jornada”, afirmó Borinsky.
La implementación en Córdoba llega después de un proceso progresivo que comenzó en Salta y Jujuy en 2019 y avanzó luego sobre otras jurisdicciones federales del país. Esa experiencia acumulada, sostuvo Borinsky, permitirá que la provincia reciba un sistema que ya cuenta con antecedentes jurisprudenciales y criterios desarrollados durante varios años de funcionamiento.
La elección de Córdoba para el encuentro tuvo además una carga histórica. Borinsky recordó que la provincia fue pionera en la incorporación del juicio oral y público a fines de la década de 1930, cuando buena parte del país todavía sostenía procedimientos predominantemente escritos. “Córdoba le enseñó la oralidad a la Argentina hace más de ochenta años. Es la capital del derecho procesal penal de la Argentina”, afirmó el camarista.
La obra presentada en la UNC reúne aportes de más de 50 jueces, fiscales, funcionarios y especialistas, con comentarios artículo por artículo y jurisprudencia vinculada con el nuevo código. Fue coordinada por Mariana Catalano y Natacha Annovelli.
Del encuentro participaron también el decano de Derecho, Carlos Toselli; el secretario general de la UEJN, Julio Piumato; la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta Mariana Catalano; y el abogado y docente Francisco Oneto.
