El Equipo Especializado en Violencia de Género (EEVG) de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad obtuvo una resolución inédita: medidas de protección por dos años para una médica psiquiatra que fue víctima de amenazas y hostigamiento por parte de un ex paciente.
El hombre fue paciente de la profesional durante poco más de un año. Tras la interrupción del tratamiento, empezó a acosarla de forma constante: la llamaba desde distintos números, la amenazaba y, en varias oportunidades, le enviaba mensajes de contenido sexual.
Con el tiempo se convirtió en prófugo de la justicia, buscado por un homicidio; fue capturado en el exterior y extraditado a la Argentina. Cuando la psiquiatra se enteró, se presentó ante la fiscalía a expresar su profundo temor y a pedir protección: «Si sale libre, me tengo que mudar de país».
Una vida en estado de alerta
De inmediato, el EEVG dispuso la intervención de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT), que entrevistó a la denunciante y ella relató el hostigamiento y describió cómo el acoso cambió su vida. La oficina advirtió sentimientos genuinos de temor y preocupación ante la posibilidad de un nuevo encuentro, además de alteraciones significativas en sus rutinas.
La médica dijo vivir en alerta permanente y con un marcado aislamiento social: “Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también”. Agregó que no sale ni mantiene vida social, que trabaja desde su domicilio y que va al consultorio sólo dos veces por semana.
La OFAVyT consideró que los hechos constituían violencia de género contra la mujer, en la modalidad de violencia psicológica (amenazas, hostigamiento e intimidación) y de violencia digital (envío de material sexual, llamadas insistentes y comunicaciones invasivas).
Una medida inédita: dos años de restricciones
La fiscalía calificó los hechos como amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en un contexto de violencia de género, y pidió medidas urgentes de protección, que fueron concedidas por el juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 31, subrogado por María Julia Correa.
La resolución le ordena al acusado el cese de los actos de perturbación, intimidación y acoso; le prohíbe acercarse a la psiquiatra y contactarla, incluido el envío de mensajes, por dos años. Además, dispuso una consigna policial en la puerta del consultorio donde ella atiende.
El acusado fue notificado sin demoras. La auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno lo entrevistó en el lugar donde permanece detenido por el expediente que se le sigue por homicidio y allí le explicó los alcances de la resolución, las consecuencias de incumplir las restricciones y los derechos que le asisten en el proceso.
