El juez los acusa de haber contratado de forma directa, desde OSPRERA, la obra social intervenida por el Estado, a una consultora informática recién creada, HTech Innovation SA, que cobró $247,8 millones.
Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a Virginia Montero y a Marcelo Petroni, ex interventores nombrados por el Ejecutivo de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), y a Sergio Aguirre y Casandra Mirabelli, socio y presidente de HTech Innovation SA, una consultora informática especializada en sistemas de salud.
Los acusa de haber armado, desde la obra social, la contratación directa de HTech Innovation SA para beneficiarla con dinero de los afiliados. La obra social le pagó 247,8 millones de pesos, sin que mediaran licitaciones o compulsas de precios.
El juez consideró a Montero y a Petroni autores, y a Aguirre y a Mirabelli partícipes necesarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en concurso con administración fraudulenta; les prohibió salir del país y les trabó un embargo de 1.463.896.868 de pesos a cada uno. También ordenó informar lo resuelto a la Oficina Anticorrupción y al Ministerio de Salud de la Nación.
Una empresa nueva para un contrato directo
La causa se inició el 4 de agosto de 2025, con una denuncia de Sebastián Díaz Pascual, integrante de la asociación civil “Arco Social”, quien, como en otras presentaciones, se basó sobre publicaciones periodísticas según las cuales se había favorecido a HTech, “administrada por un socio cercano a Martín Menem”, presidente de la Cámara de Diputados. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán.
HTech se constituyó el 8 de abril de 2024. En agosto de ese año, con la obra social ya intervenida por el Estado, incorporó la “consultoría” a su objeto social. Según el fallo, sus fundadores se dedicaban hasta entonces a rubros sin relación con la informática, la salud o el Estado. La firma no registró ventas entre abril y octubre de 2024 y su sitio web se registró recién en enero de 2025.
El 29 de octubre de 2024, Montero pidió a la gerencia de OSPRERA que se formalizaran dos contratos con HTech, uno de consultoría en sistemas y otro de asesoría estratégica, y los calificó de “suma importancia y urgencia”. Para el juez, esa urgencia “careció de la fundamentación exigible” para saltear una licitación.
Señaló además que las propuestas no entraron por los canales habituales ni respondían a un pedido de las áreas técnicas, y que los montos debieron haber obligado a realizar compulsas de precios. Según el fallo, los dos servicios se presentaron como distintos, pero se superponían: la asesoría estratégica incluía tareas de la consultoría. Hasta julio de 2025, la obra social le transfirió 247.836.858 de pesos.
El vínculo con el poder político
Según el dictamen fiscal que recoge el juez, Aguirre fue el nexo entre el sector político y los interventores de OSPRERA. La fiscalía sostiene que hizo valer sus lazos con funcionarios de alto rango, entre ellos Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con quien habría compartido durante algunos años la sociedad TR Nutrition.
El fallo reconstruye que Aguirre fue el primero en reunirse con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, el 20 de junio de 2024. Montero lo hizo seis días después. El 5 de julio, ambos estuvieron en la Casa Rosada, entre las 18.25 y las 20, con el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Los privados dentro de la intervención
Para Casanello, Aguirre y Mirabelli integraban con Petroni y con autoridades de la obra social un grupo de mensajes llamado “Rurales”, donde Petroni presentó al ex socio de Martín Menem como “enlace Presidencial, Informática y Médico”.
Como muestra de esa influencia, el fallo cita un intercambio del 7 de enero de 2025 en el que Petroni le avisó a Aguirre que tenía listo el borrador para rescindir el contrato con otra empresa y el empresario respondió: “Lo importante es que estemos alineados y firmes”.
El juez concluyó que los interventores actuaron “de modo absolutamente interesado a favor de los actores privados” y que la “promiscuidad entre lo público y lo privado” quedó demostrada con la influencia de Aguirre sobre decisiones de la obra social.
Los cinco imputados se negaron a declarar en la indagatoria y presentaron descargos escritos. Montero dijo que fue su primera y única experiencia en la función pública y que su nota sólo pedía iniciar el trámite. Petroni sostuvo que el contrato ya estaba en marcha cuando asumió y que fue él quien suspendió la contratación y ordenó una auditoría el 28 de julio de 2025. Aguirre y Mirabelli afirmaron que la emergencia informática era real y que los trabajos se hicieron y están documentados.
Casanello no les creyó y, en cambio, sostuvo que HTech carecía de capacidad operativa y de empleados. También descartó una auditoría interna de la obra social que habría concluido que no hubo sobreprecios.
