El Tribunal Oral Federal N5 recibió, en las últimas horas, un escrito de 32 páginas, del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la rentabilidad del hotel boutique Los Sauces perteneciente a la familia Kirchner.
Cerca del Tribunal aseguran que el juicio será corto y que podría tener sentencia a fines de marzo del año próximo. Entre los acusados se encuentran la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. También defienden la división en dos causas de los negocios hoteleros e inmobiliarios que involucran a los acusados, o sea, por un lado, Los Sauces SA y, por el otro, Hotesur, firma que administra al hotel Alto Calafate en “el lugar en el mundo” de Cristina.
En ese sentido, esta semana, el Tribunal recibió un informe de 32 páginas que accedió Quorum sobre la rentabilidad de las habitaciones de Los Sauces presentado por el Equipo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia.
En el escrito, los especialistas trataron de determinar el costo de las suites de Los Sauces basados en tres informaciones distintas: Una de ellas del Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos dependientes de Luis Barrionuevo, otro de la firma “Proyecto Casa Los Sauces” y, finalmente, un promedio del mercado.
El dato clave que no pudieron precisar los peritos es la cantidad de habitaciones que estaban ocupadas en el período investigado. Por lo tanto, el informe no es concluyente tal como aseguraron en el escrito. “A este respecto, corresponde precisar que la tarifa diaria por unidad no constituye en sí misma un canon locativo, el cual debe reflejar tanto el valor intrínseco de la propiedad inmueble (“valor del ladrillo”) como su potencial productivo y de rendimiento, toda vez que la estimación técnica de un canon de mercado exige ponderar de manera conjunta las condiciones de arrendamiento, la infraestructura, los servicios y la rentabilidad del emprendimiento”.
Por eso, los peritos concluyen que: “Se hace constar que no obra en las presentes actuaciones la documentación respaldatoria de la explotación, indispensable para determinar con rigor técnico rentabilidad real de la empresa, motivo por el cual la homologación efectuada partir del valor diario por habitación constituye el método más directo, objetivo y sustentable sobre la base de las constancias físicas y documentales efectivamente reunidas en la causa”.
Entre la documentación que analizó el Equipo de Peritos Contables de la Corte Suprema aparecen once contratos en los que aparece la firma del actual diputado nacional Máximo Kirchner. Por ejemplo, un documento del 20 de octubre del 2006, suscripto entre Néstor Kirchner -representado por su hijo, Máximo, con Rutas del Litoral SA propiedad del fallecido empresario vial, Juan Carlos Relats, firma que manejaba la hostería Los Sauces, ubicada al lado de la casa familiar de los Kirchner. También aparece una adenda del 14 de diciembre de ese mismo año entre los mismos protagonistas.
La fallecida hija de Juan Carlos Relats, años después, les contaría a algunos periodistas, los motivos reales de ese misterioso acuerdo entre un empresario vial del norte argentino con el ex Presidente Kirchner. Los Relats, según la versión de sus protagonistas, no habrían podido decirle que no a los Kirchner. Los Sauces era la obsesión de Cristina y su negocio hotelero preferido. Dos años después comenzaría la explotación de Alto Calafate por Hotesur SA.
En la causa también se analizan los contratos del complejo inmobiliario conocido como “La Aldea” en El Chaltén representado por Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice. Allí aparece Valle Mitre SA. Representada por Adrián Esteban Berni y vinculada a la familia del empresario Lázaro Antonio Báez, condenado en la causa Vialidad junto con Cristina Kirchner.
En Comodoro Py creen que “la política” no quiere un desenlace de la causa en un año electoral pues “a nadie le sirve que condenen al hijo de la principal dirigente de la oposición a meses de la elección”. Incluso, dicen algunos conocedores de los pasillos de los Tribunales Federales, al gobierno nacional que no se mete “en causas judiciales en curso” con excepción de las que involucran a sus propios funcionarios.
