La iniciativa impulsada por la ciudad de Buenos Aires sumó 15 provincias y amplió los controles en estadios y recitales. Desde marzo de 2025 se detectaron 325 deudores. Mientras tanto, el Senado busca consensuar la creación de un registro nacional.
La falta de pago de la cuota alimentaria es una problemática que atraviesa las fronteras provinciales y afecta directamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Frente a esta realidad, la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) continúa ampliando su alcance: ya son 16 las jurisdicciones que integran la iniciativa impulsada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que actualmente reúne información sobre más de 16.000 deudores inscriptos.
El avance de la Red se produce en un contexto en el que el Congreso de la Nación también busca dar respuestas a esta problemática. En el Senado se trabaja para alcanzar consensos en torno a la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, una iniciativa que vuelve a poner en discusión la necesidad de contar con mecanismos coordinados para identificar a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias.
En este escenario, el Ministerio de Justicia porteño organizó el II Encuentro Anual de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, una jornada destinada a fortalecer la cooperación entre jurisdicciones, unificar criterios técnicos y avanzar en herramientas que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Recoleta y reunió a autoridades de 13 registros provinciales, más de 60 representantes de los tres poderes de la Ciudad, las provincias y la Nación, especialistas en derecho de familia, organizaciones de la sociedad civil y mujeres que atravesaron situaciones de violencia económica.
Una red que ya alcanza a 16 jurisdicciones
La iniciativa nació en la ciudad de Buenos Aires y, en los últimos dos años, consiguió la adhesión de 15 provincias mediante la firma de convenios de cooperación.
Actualmente, la Red está integrada por Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Córdoba, que se incorporó recientemente, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Registro Público de Alimentantes Morosos cuenta con más de 16.000 personas inscriptas, correspondientes tanto a la Ciudad como a las provincias adheridas.
La Red Federal, creada hace un año como espacio de articulación, busca facilitar el intercambio de información estratégica, establecer criterios comunes y promover políticas públicas eficaces frente al incumplimiento de las cuotas alimentarias.
Uno de los principales desafíos es superar la fragmentación territorial de los registros, de manera que la información disponible en una jurisdicción pueda ser utilizada por las restantes para fortalecer los mecanismos de control.
Controles en estadios y recitales: 325 deudores detectados
Uno de los aspectos destacados durante el encuentro fue el resultado de los operativos de control realizados en espectáculos deportivos y eventos masivos.
Según los datos difundidos por las autoridades porteñas, desde marzo de 2025 se detectaron 325 deudores alimentarios morosos en controles efectuados en canchas, estadios y recitales.
Los procedimientos se llevan adelante de manera conjunta con la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad.
Durante este año, el alcance de los controles se fortaleció a partir de un convenio con el programa Tribuna Segura, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que permitió simplificar y agilizar las verificaciones en los accesos a los estadios deportivos.
La integración de las bases de datos posibilita identificar a personas registradas como deudoras alimentarias al momento de ingresar a determinados espectáculos, conforme a las restricciones aplicables.
La articulación entre la Ciudad y la Nación
La apertura del II Encuentro Anual estuvo a cargo del secretario de Gobierno de la Ciudad, Francisco Quintana, quien destacó el trabajo conjunto entre las autoridades porteñas y nacionales.
El funcionario valoró especialmente los operativos desplegados desde agosto junto con Tribuna Segura y señaló que la articulación permitió incrementar significativamente los resultados de los controles.
Por su parte, el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, explicó que la integración de las bases de datos mejoró la capacidad de detección de deudores alimentarios en los ingresos a los estadios de fútbol.
“Este modelo de trabajo conjunto entre Nación y Ciudad es una prueba piloto de referencia para que el resto de las jurisdicciones provinciales repliquen la experiencia”, sostuvo.
En la misma línea, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, presentó la II Guía de Buenas Prácticas del Registro, una herramienta destinada a fortalecer y armonizar los procedimientos de las jurisdicciones participantes.
Durante su exposición, precisó que “los dispositivos de control implementados desde marzo en canchas y recitales arrojaron restricciones de acceso para más de 320 deudores inscriptos”.
El desafío de unificar criterios en todo el país
La jornada también incluyó un módulo de trabajo dedicado a evaluar mecanismos de homologación de los registros a nivel federal.
El objetivo es avanzar hacia procedimientos compatibles entre las distintas jurisdicciones, de manera que la información pueda circular de forma más eficiente y las medidas adoptadas tengan mayor efectividad.
La existencia de registros provinciales con diferentes modalidades de funcionamiento plantea el desafío de establecer criterios comunes para la inscripción, consulta y actualización de los datos.
En ese sentido, la cooperación interjurisdiccional aparece como una herramienta para evitar que las diferencias administrativas o territoriales dificulten la identificación de quienes incumplen sus obligaciones alimentarias.
La voz de las mujeres que reclaman la cuota alimentaria
Más allá de los avances institucionales, el encuentro también dio lugar a las experiencias personales de quienes deben recurrir a distintas instancias para conseguir el cumplimiento de una obligación alimentaria.
Durante uno de los paneles, dos mujeres compartieron sus testimonios sobre las dificultades que atravesaron para reclamar el pago de la cuota alimentaria, poniendo en primer plano las consecuencias de la violencia económica.
Sus experiencias permitieron abordar la problemática desde una perspectiva que trasciende los procedimientos registrales y las medidas de control.
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo implica una deuda económica: también puede afectar las condiciones materiales de vida de niños, niñas y adolescentes y trasladar de manera desproporcionada las responsabilidades de cuidado y sostenimiento a uno de sus progenitores.
La jornada contó además con la participación de la abogada especializada en derecho de familia Ana Rosenfeld; el director de Asuntos Registrales de la Ciudad, Agustín Ulanovsky; la directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Argentina, Aldana Rohr; la presidenta de la Fundación Banco Ciudad, Carmen Polledo; el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo; y la subsecretaria de Gobierno de Tucumán, Katherina Mazzuco, entre otros representantes institucionales.
Mientras tanto, el Senado debate la creación de un registro nacional
El crecimiento de la Red Federal coincide con una discusión legislativa que podría modificar el alcance de los mecanismos de identificación de deudores alimentarios en todo el país.
Las comisiones de Legislación General y de Población del Senado analizan dos proyectos para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Las iniciativas pertenecen a los senadores Pablo Bensusán, de La Pampa, y Edith Terenzi, de Chubut.
El debate pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 28 de octubre, cuando los legisladores intentarán alcanzar un dictamen de consenso.
Una de las principales diferencias entre ambas propuestas radica en el carácter obligatorio del sistema y el alcance de las facultades provinciales.
El proyecto de Bensusán contempla un registro nacional alimentado con información de las provincias que adhieran, sin modificar los requisitos que cada jurisdicción establece para considerar morosa a una persona. También propone consecuencias de alcance nacional, vinculadas con determinados trámites, permisos y el acceso a espectáculos públicos.
En cambio, Terenzi plantea que la ley sea de orden público, para evitar que la participación voluntaria de las provincias derive en un registro incompleto. Su iniciativa busca centralizar la información sin incorporar nuevas sanciones nacionales.
Durante el debate, Patricia Bullrich planteó la necesidad de analizar mecanismos de cooperación internacional y delimitar con precisión las restricciones que podrían imponerse a los deudores, especialmente en materia de salida del país, que requerirían una orden judicial.
La discusión legislativa pone de manifiesto un desafío que también atraviesa el trabajo de la Red Federal: cómo construir un sistema de información verdaderamente nacional sin desconocer las competencias de las provincias.
Mientras el Senado intenta avanzar hacia un marco normativo común, la experiencia impulsada desde la Ciudad de Buenos Aires continúa extendiéndose mediante convenios de cooperación y mecanismos de intercambio de información.
El objetivo de fondo es el mismo: que las fronteras jurisdiccionales no se conviertan en un obstáculo para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
