En el marco del XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, celebrado en la provincia de Salta, Juan Martín Morando dialogó con Quorum sobre los desafíos estructurales de la Justicia laboral argentina. El ex magistrado analizó las reformas legislativas, la litigiosidad, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de superar los dogmatismos para avanzar hacia un sistema laboral más flexible, moderno y adaptado a las necesidades de trabajadores y empleadores.
En el contexto del XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, que reunió en Salta a magistrados, funcionarios, académicos y especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre las transformaciones del mundo laboral, Quorum entrevistó a Juan Martín Morando, quien compartió su mirada sobre el presente y el futuro del derecho del trabajo argentino.
Después de más de tres décadas en el Poder Judicial, Morando decidió dar un giro a su trayectoria profesional y regresar al ejercicio privado de la abogacía. Su experiencia a ambos lados del mostrador le permite construir una mirada crítica sobre el funcionamiento de la Justicia laboral argentina, las limitaciones de su marco normativo y los desafíos que plantea un mercado de trabajo en permanente transformación.
Ex juez del Tribunal de Trabajo Nº 1 de General San Martín, cargo que ocupó entre 2008 y 2024, actualmente se desempeña como socio del área de Legales de BDO Argentina y dirige el Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Palermo. Su trayectoria combina la magistratura, el ejercicio profesional, la docencia y la investigación académica, una perspectiva interdisciplinaria que atraviesa sus reflexiones sobre el futuro del derecho laboral.
“Treinta años es mucho tiempo, es prácticamente una vida. Llegué a un punto en el cual sentí que no había nada que le pudiera aportar a la materia ni al ejercicio de la magistratura”, recuerda sobre su decisión de abandonar el Poder Judicial.
La reiteración de conflictos similares y la necesidad de encontrar nuevos desafíos profesionales fueron determinantes. Aunque reconoce que el ejercicio privado no necesariamente representó una transformación trascendental en su vida profesional, asegura que no se arrepiente de aquella decisión.
“Cada momento que pasa sigo ratificando que fue una buena decisión”, afirma.
Su recorrido profesional también encuentra expresión en su libro “A través del espejo. Otra mirada al Derecho del Trabajo”, una obra en la que propone revisar los fundamentos tradicionales de la disciplina desde el análisis económico del derecho, los incentivos que generan las normas y sus consecuencias sobre las relaciones laborales.
Una Justicia laboral más humana, pero condicionada por las vacantes
Al analizar el funcionamiento de la Justicia del Trabajo, Morando destaca una característica que considera fundamental: su dimensión humana.
“La Justicia del Trabajo es probablemente una de las más humanas que conozco”, sostiene, y agrega que “la empatía es fundamental para decidir situaciones como los conflictos laborales”.
Para el especialista, los conflictos vinculados con la pérdida del empleo, las condiciones de trabajo o la disminución de la capacidad laboral requieren una sensibilidad particular por parte de quienes deben resolverlos.
Sin embargo, advierte que esa fortaleza convive con problemas estructurales que afectan la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Entre ellos, identifica especialmente la falta de cobertura de cargos y la consecuente sobrecarga de trabajo, una situación que, según explica, dificulta brindar soluciones oportunas.
“La sobrecarga de trabajo, como consecuencia de las vacantes, impide a veces dar una respuesta empática y contemporánea con los conflictos”, señala.
Desde su perspectiva, no se trata exclusivamente de una debilidad de la Justicia, sino también de una deuda de la política institucional.
En ese sentido, considera que cualquier iniciativa destinada a agilizar los procesos laborales debe contemplar necesariamente la cobertura de los cargos judiciales vacantes.
Reforma laboral: un modelo que ya no responde a las relaciones de trabajo actuales
Uno de los ejes centrales de su análisis es la necesidad de revisar profundamente el modelo argentino de relaciones laborales.
Morando se manifiesta a favor de transformar el derecho del trabajo, aunque introduce una distinción fundamental entre la necesidad de modernización y la expectativa de que una reforma legislativa produzca resultados inmediatos.
“Estoy absolutamente de acuerdo con la transformación del derecho del trabajo. El modelo argentino está basado en un esquema de hace casi cien años y el trabajo cambió drásticamente”, afirma.
Para ilustrar esa distancia entre la legislación tradicional y la realidad contemporánea, recuerda que durante décadas el sistema estuvo pensado para trabajadores que ingresaban a una empresa a los 18 años y permanecían allí hasta su jubilación.
Ese paradigma, sostiene, ya no representa las dinámicas actuales, caracterizadas por una mayor movilidad laboral, nuevas modalidades de contratación, automatización y transformaciones tecnológicas.
Incluso plantea que el avance de la inteligencia artificial obliga a reconsiderar categorías jurídicas que históricamente estuvieron construidas sobre relaciones exclusivamente humanas.
No obstante, advierte que las reformas legislativas no necesariamente producen modificaciones inmediatas en el funcionamiento del mercado laboral.
“Una legislación que impacta fuertemente en el funcionamiento de un mercado produce cambios marginales. Nunca produce cambios drásticos”, explica desde una perspectiva que también incorpora su formación económica.
En este punto, cuestiona la ansiedad con la que suelen evaluarse los resultados de las transformaciones normativas.
Como ejemplo, menciona la antigua Ley de Empleo y su influencia en la concientización sobre la importancia de registrar a los trabajadores, un efecto que, según su interpretación, se consolidó a lo largo de varias décadas.
“Si pretendemos que se sancione una norma y a los tres días tener pleno empleo, eso es imposible”, sintetiza.
Para Morando, los cambios legislativos deben analizarse a largo plazo, considerando sus efectos sobre los comportamientos de trabajadores, empleadores y operadores jurídicos.
Protección laboral y generación de empleo: el desafío de encontrar un equilibrio
La discusión sobre la modernización del derecho laboral también plantea una tensión histórica: cómo garantizar la protección de los trabajadores sin generar obstáculos que afecten la contratación formal y el funcionamiento de las empresas.
Para Morando, este es uno de los desafíos más complejos del sistema.
“Sin dudas es necesario un esquema de protección. Es indispensable para el funcionamiento del mercado de trabajo”, sostiene.
Sin embargo, considera que esa protección debe analizarse desde una perspectiva más amplia, capaz de contemplar no solamente los derechos individuales, sino también las consecuencias que determinadas regulaciones pueden generar sobre otros trabajadores.
“El esquema de protección no puede ser un esquema que, so pretexto de proteger a uno, desproteja a otros”, advierte.
Esta reflexión se vincula con uno de los temas centrales de su pensamiento: los efectos menos visibles de los sistemas de protección laboral y la necesidad de evaluar sus consecuencias sobre el conjunto del mercado.
En lugar de ofrecer soluciones cerradas, reconoce que encontrar ese equilibrio constituye una de las grandes dificultades del derecho contemporáneo.
Para el exmagistrado, el desafío consiste en revisar cómo se construyen las herramientas de protección y cuáles son sus efectos concretos, sin perder de vista la finalidad social que caracteriza a esta rama jurídica.
Litigiosidad laboral: el impacto de las decisiones judiciales y el diseño normativo
Otro de los aspectos que aborda es la elevada litigiosidad laboral, un fenómeno que suele ocupar un lugar central en los debates sobre reformas legislativas y funcionamiento judicial.
Desde su experiencia, considera que el incremento de los conflictos judicializados no puede explicarse únicamente por los incumplimientos empresariales.
“Creo que es mucho más grande la influencia de las decisiones judiciales y de los malos diseños normativos en la excesiva litigiosidad”, sostiene.
A su entender, determinadas interpretaciones jurisprudenciales pueden abrir nuevas líneas de reclamos y generar un aumento significativo de procesos judiciales.
También señala que las normas poco claras o sujetas a múltiples interpretaciones favorecen escenarios de incertidumbre jurídica.
Pero su análisis incorpora otro elemento: la formación tradicional de los abogados.
“A nosotros en la universidad nos preparan para litigar. Los abogados venimos de alguna forma preparados para encontrar la manera de litigar y no de componer”, reflexiona.
Aunque reconoce la importancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, considera que la enseñanza jurídica continúa fuertemente orientada hacia el proceso judicial.
Esta lógica, sostiene, también se traslada a la elaboración de las leyes.
“Preparamos las normas pensando siempre en un juicio. Creo que lo fundamental es que la norma produzca incentivos para su cumplimiento”.
En ese sentido, recuerda un trabajo realizado junto con Julio Grisolia y Alejandro Perugini sobre derecho procesal, en el que analizaron la presencia de numerosas disposiciones vinculadas con los litigios dentro de la propia Ley de Contrato de Trabajo.
Para Morando, una legislación destinada a regular relaciones laborales debería concentrarse prioritariamente en promover su adecuado funcionamiento y prevenir los conflictos, en lugar de estructurarse alrededor de su eventual judicialización.
Desde esta perspectiva, entiende que el juicio debería representar una instancia excepcional frente al incumplimiento de las normas y no el centro alrededor del cual se organiza el sistema.
El papel de los jueces frente a las reformas: evitar los dogmatismos
La implementación de nuevas normas laborales también exige, según Morando, una reflexión sobre el papel que debe desempeñar la Justicia.
En particular, advierte sobre los riesgos de adoptar posiciones rígidas frente a las transformaciones legislativas.
“Lo que creo que no hay que hacer es sujetarse a dogmatismos ciegos”, afirma.
Para explicar su postura, distingue entre una norma que puede resultar cuestionable desde una perspectiva jurídica o ideológica y aquella que efectivamente presenta un problema de validez constitucional.
“A veces una norma es simplemente mala, simplemente fea, pero no necesariamente es una norma inválida”, plantea.
En ese marco, considera importante que los magistrados puedan analizar los cambios normativos sin prejuicios, respetando los límites constitucionales y evitando interpretaciones que incrementen innecesariamente la incertidumbre.
A su entender, la seguridad jurídica constituye una condición relevante para disminuir la litigiosidad y favorecer relaciones laborales más previsibles.
Esta mirada también se relaciona con su cuestionamiento a una cultura jurídica que, según explica, suele pensar las normas desde el conflicto antes que desde su cumplimiento espontáneo.
Vacantes judiciales y tecnología: dos claves para reducir los tiempos procesales
La duración de los juicios laborales representa otra preocupación central.
Morando sostiene que cualquier intento de agilizar los procesos debe comenzar por resolver las deficiencias estructurales de los tribunales.
“No se puede mantener vacante la mitad de un fuero sin jueces y pretender reducir los plazos”, enfatiza.
A ello suma la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan simplificar procedimientos administrativos y procesales.
Entre las posibilidades menciona la modernización de los sistemas de notificación, la utilización de medios electrónicos y la optimización de la producción de pruebas.
Considera que muchas de estas herramientas podrían contribuir a reducir tiempos que actualmente se destinan a procedimientos formales.
Sin embargo, reconoce que la tecnología, por sí sola, no alcanza para resolver los problemas de funcionamiento de la Justicia.
La combinación entre recursos humanos suficientes, procedimientos más eficientes y nuevas herramientas digitales aparece, desde su perspectiva, como una condición necesaria para brindar respuestas judiciales oportunas.
La prevención laboral, una deuda pendiente de las empresas
Desde su regreso al ejercicio privado, Morando identifica una dificultad recurrente en el asesoramiento empresarial: la ausencia de una verdadera cultura de prevención de conflictos laborales.
“No hay cultura de prevención. En general, las empresas vienen cuando ya tienen un problema cuya única solución es algún tipo de conflicto”, advierte.
Según explica, numerosas situaciones podrían resolverse mediante asesoramiento temprano, revisión de procedimientos internos y estrategias destinadas a evitar incumplimientos o controversias.
“Hay problemas que son evitables y a muy bajo costo, que después se convierten en un conflicto demasiado caro para las empresas”, señala.
En su análisis, uno de los principales obstáculos radica en que los beneficios de la prevención suelen resultar menos visibles que los costos de un litigio.
Mientras que un juicio genera gastos concretos y cuantificables, los conflictos que nunca llegan a producirse son más difíciles de medir.
Por ello, considera que los abogados también deben transformar la manera en que ofrecen sus servicios profesionales.
“La prevención es fundamental y a veces las empresas no están dispuestas a invertir en prevenir”, insiste.
Para el especialista, promover una cultura preventiva no solo permitiría reducir costos empresariales, sino también evitar situaciones que terminan afectando las relaciones laborales y sobrecargando el sistema judicial.
Inteligencia artificial y relaciones laborales
El avance de la inteligencia artificial, la automatización y las plataformas digitales introduce nuevos interrogantes sobre las responsabilidades empresariales y la protección de los derechos laborales.
Consultado sobre la capacidad del sistema jurídico argentino para responder a estas transformaciones, Morando es categórico.
“No creo que el derecho laboral argentino esté preparado. Tampoco sé si está preparado el mundo”, reconoce.
Para el especialista, uno de los principales desafíos consiste en dejar de interpretar el funcionamiento de los algoritmos exclusivamente a través de categorías construidas para las relaciones humanas.
Como ejemplo, menciona la discriminación algorítmica y la necesidad de revisar cómo se conceptualizan las decisiones automatizadas.
“Seguimos calificando la actuación de un programa de computación como algo humano. Tenemos que romper un poco ese esquema y empezar a pensar en que es una relación completamente diferente”, explica.
Su preocupación se concentra especialmente en la utilización de algoritmos para seleccionar personal, evaluar desempeños o decidir desvinculaciones laborales.
Advierte que los sistemas automatizados pueden descartar candidatos adecuados por no identificar determinadas características en sus currículums o por basarse en criterios de evaluación incompletos.
También señala que las decisiones empresariales no siempre pueden reducirse a indicadores cuantificables.
Para ilustrarlo, recuerda su experiencia en los tribunales, donde determinados integrantes de los equipos contribuían significativamente a mejorar el clima laboral, aun cuando esa capacidad no necesariamente se reflejara en indicadores tradicionales de productividad.
En ese sentido, considera que una decisión automatizada podría prescindir de trabajadores valiosos simplemente porque determinadas cualidades no fueron contempladas en los parámetros de evaluación.
“Hay que ver con qué está alimentado el algoritmo, qué es lo que mide y cómo lo mide”, advierte.
La reflexión pone de manifiesto uno de los principales desafíos de la automatización: garantizar que las decisiones empresariales no dependan exclusivamente de sistemas incapaces de interpretar determinadas dimensiones humanas de las relaciones laborales.
La supervisión humana como garantía frente a las decisiones automatizadas
Morando insiste especialmente en la necesidad de mantener mecanismos de supervisión humana sobre las decisiones algorítmicas.
Incluso relata una experiencia profesional en la que inició una acción judicial contra una importante empresa de redes sociales, luego de que una decisión automatizada provocara el cierre de cuentas empresariales.
El conflicto finalmente se resolvió con la restitución de las cuentas, pero, según su interpretación, podría haberse evitado mediante una revisión humana oportuna.
“Bastaba con una supervisión humana para evitar todo ese conflicto”, sostiene.
Para el especialista, este ejemplo demuestra que la tecnología puede generar consecuencias perjudiciales cuando no existen instancias adecuadas de control.
Su planteo no implica rechazar la utilización de inteligencia artificial en el ámbito empresarial, sino advertir sobre los riesgos de delegar decisiones relevantes sin mecanismos de supervisión y revisión.
En particular, considera que la selección de personal y las desvinculaciones laborales requieren evaluaciones capaces de contemplar factores que exceden los datos objetivos utilizados por los algoritmos.
La formación de los abogados: menos dogmatismo y más pensamiento crítico
La transformación del mercado laboral también exige revisar la enseñanza del derecho.
Para Morando, las universidades deben avanzar hacia una formación menos rígida, capaz de integrar conocimientos jurídicos con perspectivas económicas, tecnológicas y sociales.
“La formación tiene que ser menos dogmática. El derecho del trabajo tiene mucho dogmatismo que a veces no se condice con las necesidades reales”, afirma.
En su opinión, la persistencia de esquemas conceptuales tradicionales dificulta incorporar nuevas herramientas y analizar adecuadamente las transformaciones productivas.
Propone, en cambio, una mirada que permita evaluar las consecuencias concretas de las regulaciones y no solamente su coherencia con determinadas construcciones teóricas.
En ese marco, invita a repensar incluso la manera en que se interpreta el principio protectorio, uno de los pilares históricos del derecho laboral.
“¿Cómo medimos la protección? ¿La del trabajador individual o la del conjunto de trabajadores?”, se pregunta.
El interrogante apunta a una discusión más amplia: cómo evaluar situaciones en las que una medida puede beneficiar a determinados trabajadores y generar efectos diferentes sobre otros.
Para el entrevistado, abordar estos dilemas sin respuestas preconcebidas permitiría enriquecer el debate jurídico y desarrollar herramientas más adecuadas para el escenario actual.
“Tenemos que salir de esas cuatro paredes, analizar las cosas en contexto y no en abstracto”, plantea.
En definitiva, considera que el futuro de la formación jurídica requiere profesionales capaces de cuestionar esquemas tradicionales, incorporar nuevas disciplinas y comprender las consecuencias económicas y sociales de las normas.
Hacia un derecho laboral más flexible y menos rígido
Al plantear cuáles deberían ser las transformaciones prioritarias del sistema argentino, Morando evita formular una lista cerrada de reformas.
Considera que los cambios necesarios son múltiples y que cualquier modificación debe analizarse en relación con sus efectos sobre el conjunto del mercado laboral.
Sin embargo, identifica una orientación fundamental: superar la rigidez de los esquemas tradicionales.
“Siempre renegamos de la flexibilidad en el derecho del trabajo. La consideramos algo malo. Yo creo que la flexibilidad es buena”, sostiene.
Para explicar su posición, utiliza una comparación sencilla: cuando un sistema es demasiado rígido, sus posibilidades de adaptación se reducen.
En cambio, considera que un esquema más flexible permite encontrar soluciones intermedias frente a realidades diversas.
Desde esta perspectiva, propone revisar determinados principios e interpretaciones que, a su entender, dificultan la adaptación del derecho laboral a las nuevas modalidades productivas.
La discusión, señala, no debería limitarse a posiciones enfrentadas sobre la protección o la flexibilización, sino avanzar hacia una evaluación de los efectos reales de las regulaciones.
El derecho del trabajo dentro de diez años: entre la modernización y una transformación pendiente
Al proyectar el futuro del derecho laboral argentino, Morando considera que las modificaciones actualmente discutidas todavía están lejos de representar una transformación integral.
“No estamos ante una transformación profunda. De alguna manera, estamos maquillando un poco un derecho del trabajo que nació viejo”, afirma.
Su diagnóstico parte de una premisa: el modelo tradicional fue construido sobre relaciones productivas que ya estaban experimentando cambios cuando se consolidó gran parte de la legislación laboral vigente.
Desde entonces, la transformación tecnológica, la movilidad profesional y las nuevas formas de organización empresarial profundizaron esa distancia.
Por eso, considera que la modernización no debería limitarse a introducir ajustes parciales, sino que tendría que abrir una discusión más amplia sobre los fundamentos del sistema.
De cara a la próxima década, expresa su expectativa de avanzar hacia un mercado laboral con mayor capacidad de adaptación, menor litigiosidad y una comprensión más realista de fenómenos como la rotación de personal y los cambios de empleo.
“Espero que dentro de diez años podamos decir que evolucionamos, que dejamos algunos esquemas rígidos y que tenemos un mercado de trabajo que funciona mucho más sanamente”, señala.
Para Morando, el desafío no consiste en abandonar la protección laboral, sino en revisar cómo se construyen las herramientas destinadas a garantizarla y cuáles son sus efectos reales.
Su reflexión final resume el eje que atraviesa toda la entrevista: la necesidad de superar las discusiones exclusivamente dogmáticas para construir un derecho del trabajo capaz de responder a las transformaciones de la sociedad: “Tenemos que empezar a ver un horizonte hacia un derecho del trabajo más moderno, que no esté respondiendo a las necesidades de los dogmas, sino a las necesidades de los trabajadores y los empleadores”.
