La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares e informes a la Dirección Nacional de Migraciones, en la causa en la que se investiga si el gobierno encubrió el ingreso del derrotado candidato presidencial brasileño, quien viajó desde nuestro país hacia EE.UU. pese a que un juez le había reclamado que entregara sus pasaportes.
Ochoa busca determinar si se violó la ley migratoria en cuanto a la omisión de informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales, en el marco de una denuncia, dado que Bolsonaro está siendo investigado en Brasil en una causa por presunto lavado de dinero y a poco de saberse que había sido derrotado en las elecciones presidenciales del último domingo, se le había indicado que debía entregar sus pasaportes.
La denuncia en la que actúa Ochoa fue formulada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano ante María Eugenia Capuchetti. Existe otra, en este caso del diputado Esteban Paulón, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Ambas señalan la posible connivencia del gobierno argentino para facilitar la huida del senador brasileño rumbo a los Estados Unidos, protegiéndolo a sabiendas de que pesaba sobre él una restricción de índole judicial que le impedía abandonar su país.
Sin embargo, hasta aquí el gobierno argentino aseguró que el ingreso de Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas fue absolutamente legal; el senador entró con su documento brasileño y se fue usando un pasaporte italiano. La fiscal quiere que le remitan imágenes del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Iguazú desde donde la familia partió a Estados Unidos, previa escala en Ecuador.
También reclamó el plan de vuelo del avión privado en el que viajó, la lista de pasajeros y el personal de Migraciones que actuó para permitir en ingreso, la breve permanencia de menos de una hora de los Bolsonaro en territorio nacional, y su partida a Miami.
Se sabe que el senador entró con su esposa, Fernanda Antúnes Figueira y sus hijas Luiza y Carolina el martes pasado a las 23:50, las autoridades aseguran que se verificó que no hubiera ningún impedimento para ninguno de ellos, ni órdenes de captura internacional, ni alertas de Interpol y por eso poco menos de una hora después tomaron un vuelo privado de la compañía Baires Fly.
Las denuncian se basan sobre la prohibición de salida del país y entrega de pasaportes ordenada a Flávio Bolsonaro por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien antes de ser designado en ese cargo había sido el abogado personal de “Lula” da Silva, quien acababa de ganarle las elecciones al senador.
