Representantes de Ending Clergy Abuse cuestionaron la falta de respuestas a las 43 mujeres que denunciaron trata y explotación laboral. En una conferencia de prensa de la que participó Quorum, advirtieron sobre el riesgo de prescripción de la causa que tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas y reclamaron medidas urgentes para evitar la impunidad.
El papa León XIV concluyó su histórica visita a la Argentina sin recibir a las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei por trata de personas, servidumbre y explotación laboral. Aunque el pontífice mantuvo una audiencia privada con cinco víctimas de abusos vinculados con instituciones eclesiásticas, las denunciantes quedaron fuera de ese encuentro. Su reclamo, sin embargo, continúa abierto y tiene ahora otro frente urgente: una causa judicial que, según advirtieron sus representantes, podría prescribir en septiembre de 2027.
En ese contexto, representantes de Ending Clergy Abuse (ECA Global), una organización internacional que acompaña a sobrevivientes de abusos eclesiásticos, ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa en Buenos Aires, de la que participó Quorum, para cuestionar la falta de respuestas de la Santa Sede, reclamar avances judiciales y advertir sobre los mecanismos institucionales que, según denunciaron, favorecen el encubrimiento y la impunidad.
La presentación estuvo encabezada por el abogado y director de ECA Global, Sergio Salinas Giordano, y por Mathias Katsch, sobreviviente alemán y directivo de la organización.
“No puede haber una verdadera transformación institucional mientras la protección de las estructuras de poder siga prevaleciendo sobre los derechos de las víctimas”, advirtió Katsch, en una definición que sintetizó el espíritu del reclamo.
El encuentro con León XIV que nunca se concretó
La conferencia fue convocada luego de que ECA Global y el colectivo de 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei solicitaran formalmente una audiencia privada con León XIV durante su visita a la Argentina, sin obtener una respuesta favorable.
Para los representantes de la organización, el reclamo excede el reconocimiento de los casos individuales. Consideran que las denuncias conocidas en distintos países revelan problemas estructurales dentro de las instituciones eclesiásticas que requieren respuestas concretas de sus máximas autoridades.
“Desde ECA acompañamos a todas las víctimas que, durante años, han luchado por ser escuchadas y obtener justicia. Los casos del Instituto Próvolo, del Opus Dei y del Sodalicio de Vida Cristiana no son hechos aislados. Son expresiones de un problema estructural de abusos institucionales de encubrimiento e impunidad”, sostuvo Salinas Giordano.
El planteo adquiere especial relevancia por un antecedente reciente. En octubre de 2025, representantes de ECA Global fueron recibidos por León XIV en el Vaticano, en lo que constituyó la primera audiencia formal entre un papa y una red internacional dedicada a combatir los abusos clericales.
Según recordaron sus integrantes, durante aquella reunión el pontífice expresó su disposición a trabajar conjuntamente con la organización.
“El año pasado fuimos recibidos por León XIV en el Vaticano y nos pidió trabajar con él. Si ese es su real compromiso, debería recibir a las víctimas en su visita al país, reconocer los abusos y pedir perdón. Es imprescindible asumir responsabilidades, garantizar el acceso a la verdad, colaborar efectivamente con la justicia y reparar integralmente a las víctimas”, manifestó Katsch.
Para ECA, el reconocimiento público de las víctimas no constituye solamente un gesto simbólico, sino una condición necesaria para avanzar hacia mecanismos efectivos de prevención, reparación y rendición de cuentas.
La reunión reservada del Papa con cinco víctimas y las versiones contradictorias
Uno de los cuestionamientos más fuertes de la conferencia estuvo dirigido al hermetismo que rodeó un encuentro que León XIV mantuvo el 9 de noviembre en Buenos Aires.
Ese día, la oficina de prensa de la Santa Sede informó oficialmente que el pontífice había conversado durante más de una hora con cinco personas identificadas como víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas.
El comunicado vaticano indicó que los participantes habían sido “presentados por la iglesia local”, pero no precisó sus identidades, las causas que representaban ni los criterios utilizados para convocarlos.
La falta de información generó malestar entre los representantes de ECA, que además señalaron contradicciones entre las explicaciones ofrecidas desde Roma y las autoridades eclesiásticas argentinas.
Según expusieron, al ser consultado por periodistas, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza sostuvo que, tanto desde el Episcopado como desde el arzobispado, entendían que la reunión había sido organizada directamente por la Secretaría de Estado del Vaticano.
Para la organización, estas versiones contrapuestas ponen de manifiesto la falta de transparencia en un asunto especialmente sensible: quiénes tienen la posibilidad de ser escuchados por el Papa y bajo qué criterios se determina esa representación.
“Sin la presencia de las víctimas en el ámbito público no hubiese habido ningún impulso para reformar esa institución y para proteger a niños, niñas y jóvenes mejor de lo que se ha hecho en el pasado”, señalaron durante la presentación.
Y agregaron que ese reconocimiento resulta fundamental para que los sobrevivientes puedan seguir adelante, para transmitir a la propia Iglesia la necesidad de impedir nuevos abusos y para garantizar que quienes los padecieron reciban justicia.
La causa Opus Dei: una carrera contra el tiempo en el juzgado de Rafecas
Más allá del reclamo dirigido al Vaticano, la principal preocupación judicial de ECA está puesta en el expediente que investiga las denuncias contra integrantes de la conducción del Opus Dei en la Argentina.
La causa tramita ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano y de los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
El caso tomó estado público en 2021, cuando 43 mujeres denunciaron ante los medios de comunicación y ante el entonces Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano haber sido captadas cuando eran adolescentes, en muchos casos provenientes de familias de escasos recursos económicos.
De acuerdo con sus testimonios, bajo promesas de formación, educación y progreso personal, habrían sido sometidas durante décadas a condiciones de servidumbre, aislamiento y trabajo doméstico no remunerado al servicio de sacerdotes y miembros de la institución.
Las denuncias apuntan contra prácticas que, según las mujeres, formaban parte del funcionamiento institucional de la organización fundada en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer, con presencia en numerosos países.
El reclamo llegó también a las autoridades de la Iglesia Católica. Si bien, según ECA, la denuncia canónica no obtuvo una respuesta formal, durante el pontificado de Francisco se impulsaron modificaciones en la estructura del Opus Dei, incluida la supresión de determinados privilegios y la revisión de sus estatutos.
Los estatutos reformados fueron entregados a León XIV después del fallecimiento de Francisco, ocurrido en 2025.
En marzo de 2026, el nuevo pontífice recibió en Roma al periodista británico Gareth Gore, autor de investigaciones sobre el funcionamiento financiero y operativo del Opus Dei.
Sin embargo, el principal motivo de preocupación de las denunciantes se encuentra hoy en los tribunales argentinos.
Según advirtieron los representantes de ECA, la única causa penal que permanece activa podría extinguirse por prescripción hacia septiembre de 2027, lo que dejaría sin una resolución judicial de fondo las acusaciones formuladas por las mujeres.
Desde la organización sostienen que resulta indispensable avanzar con las citaciones a declaración indagatoria y las imputaciones correspondientes antes de que transcurran los plazos legales.
En ese marco, ECA Global presentó un escrito en carácter de amicus curiae —amigo del tribunal— ante el juzgado de Rafecas.
La organización argumentó que el expediente ya reúne elementos probatorios suficientes para avanzar en la investigación y reclamó medidas que permitan evitar que el paso del tiempo termine favoreciendo a los denunciados.
El planteo busca impedir que la prescripción se convierta en un obstáculo definitivo para que las mujeres obtengan una respuesta de la Justicia. La determinación de los plazos aplicables y de los actos procesales con efectos interruptivos corresponde, en última instancia, a los tribunales.
El antecedente del Instituto Próvolo: cuando las víctimas consiguieron condenas
Durante la conferencia, Salinas Giordano y Katsch también hicieron referencia al caso del Instituto Antonio Próvolo, en Mendoza, como ejemplo de la importancia de sostener las investigaciones judiciales y acompañar a las víctimas.
Las denuncias, formuladas a partir de noviembre de 2016, permitieron descubrir una trama de abusos sexuales y tormentos contra niños, niñas y adolescentes sordos e hipoacúsicos que asistían al establecimiento educativo ubicado en Carrodilla, departamento de Luján de Cuyo.
La investigación derivó en condenas de prisión efectiva contra sacerdotes y otras personas vinculadas con la institución.
Entre las principales sentencias se encuentran las penas de 42 años de prisión para el sacerdote Nicola Corradi y 45 años para Horacio Corbacho, además de los 18 años impuestos al exjardinero Armando Gómez.
También fue condenado el exmonaguillo Jorge Bordón, quien recibió una pena de 10 años de prisión mediante un juicio abreviado en 2018.
Por su parte, la religiosa Kumiko Kosaka recibió una condena de 20 años de prisión por su intervención en siete episodios investigados.
Las decisiones judiciales fueron objeto de distintas instancias de revisión, incluidas intervenciones de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para los representantes de ECA, el caso Próvolo demuestra que los avances frente a los abusos institucionales fueron posibles gracias a la persistencia de los sobrevivientes, sus familias y quienes los acompañaron en el proceso judicial.
En ese sentido, destacaron que las condenas no surgieron de una decisión espontánea de las autoridades eclesiásticas, sino de años de denuncias, investigaciones y reclamos para que los hechos fueran esclarecidos.
Un reclamo que trasciende las fronteras argentinas
Ending Clergy Abuse reúne a sobrevivientes, defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan contra los abusos eclesiásticos en más de 30 países.
Su actividad se concentra en el acompañamiento a las víctimas, la promoción de reformas institucionales, el impulso de investigaciones judiciales y la exigencia de mecanismos de prevención y reparación.
Durante el cierre de la conferencia, sus representantes insistieron en que la protección de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad requiere algo más que declaraciones de compromiso por parte de las autoridades religiosas.
Desde ECA consideran indispensable que la Iglesia colabore efectivamente con la justicia civil, reconozca las responsabilidades institucionales y garantice que todas las víctimas puedan acceder a mecanismos de escucha y reparación, sin exclusiones.
La organización ratificó que continuará acompañando a las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei, tanto en las instancias judiciales argentinas como en los ámbitos internacionales.
La visita de León XIV dejó imágenes de multitudes, mensajes de esperanza y gestos de cercanía. Pero también dejó reclamos sin respuesta. Entre ellos, el de las 43 mujeres que esperaban ser escuchadas por la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
El Papa ya se fue de la Argentina. Las denunciantes siguen esperando. Y mientras la posibilidad de una audiencia durante esta visita quedó atrás, el tiempo continúa corriendo en los tribunales federales, donde una decisión judicial podría marcar la diferencia entre avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos o cerrar la causa sin una resolución de fondo.
Porque, para estas mujeres, la verdadera reparación no depende solamente de ser escuchadas por el Papa, sino también de que sus denuncias encuentren una respuesta en la Justicia.
