Charlas Quorum: especialistas analizaron los desafíos actuales del derecho de daños, su cuantificación y prueba

En el Colegio de Abogados de San Isidro, Sebastián Picasso, Luis Sáenz y Paula Cicchino abordaron los principales desafíos de la responsabilidad civil, desde la reparación del daño moral y la cuantificación de las incapacidades hasta la pérdida de chance. Durante el encuentro también se debatió sobre el impacto de la inteligencia artificial, las redes sociales y las nuevas tecnologías en el derecho de daños.

En el marco del ciclo Charlas Federales Quorum, presentada por el BNA, el 5 de noviembre se desarrolló en el Colegio de Abogados de San Isidro la jornada “Práctica actual del derecho de daños”, un espacio de intercambio académico y profesional que reunió a destacados especialistas para analizar los principales desafíos de la responsabilidad civil y su aplicación en la práctica judicial.

La actividad contó con las exposiciones de Sebastián Picasso, Luis Sáenz y Paula Cicchino, bajo la moderación de la periodista Lucía Salinas, y la apertura institucional de Juan Formaro, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la evolución del derecho de daños, los criterios para cuantificar las indemnizaciones, la importancia de la prueba, la reparación de las incapacidades y la pérdida de oportunidades, así como los nuevos conflictos derivados del entorno digital.

Apertura: el valor del diálogo y la formación jurídica

La jornada comenzó con las palabras de la periodista y moderadora Lucía Salinas, quien destacó la importancia de generar espacios de diálogo y escucha atenta frente a la inmediatez que caracteriza a la sociedad actual. En ese sentido, subrayó el valor de reflexionar colectivamente sobre cuestiones jurídicas de impacto directo en la ciudadanía.

Salinas señaló que el propósito de estos encuentros es promover el intercambio entre especialistas y profesionales del derecho, favoreciendo una conversación abierta sobre los desafíos que atraviesan la práctica jurídica.

Por su parte, Juan Formaro, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, destacó la relevancia de la formación académica y la articulación institucional como pilares de la entidad. Agradeció especialmente a Quorum y a los especialistas invitados, y resaltó el enfoque práctico del encuentro, centrado en temas fundamentales del derecho de daños, como su cuantificación y prueba.

“Tenemos la decisión de formarnos técnicamente con los y las mejores, con los temas candentes, con los temas importantes para el derecho argentino y con un sentido práctico”, sostuvo Formaro, al destacar la importancia de acercar a los profesionales herramientas para el ejercicio cotidiano de la abogacía.

Asimismo, valoró la participación de Quorum como parte de una iniciativa que busca fortalecer los vínculos institucionales y promover el debate sobre cuestiones centrales para la justicia argentina.

El derecho de daños frente a las nuevas tecnologías

Uno de los primeros ejes del debate fue la transformación del derecho de daños y su capacidad para responder a situaciones que no estaban previstas cuando se sancionó el Código Civil y Comercial.

Los especialistas coincidieron en que la evolución de la responsabilidad civil refleja un cambio de paradigma, en el que adquiere mayor relevancia la reparación del perjuicio sufrido por la víctima que la identificación de un sujeto culpable.

En este contexto, Sebastián Picasso destacó el carácter dinámico de la disciplina y la flexibilidad del sistema jurídico argentino para abordar nuevas realidades.

El especialista señaló que el derecho de daños cuenta con cláusulas generales suficientemente amplias para interpretar situaciones novedosas, incluso aquellas relacionadas con el avance de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.

“Estamos ante nuevas realidades cambiantes, tenemos la IA, el auge de la IA, de lo digital”, expresó, al destacar la capacidad de adaptación de las herramientas jurídicas existentes.

Picasso identificó a los daños derivados de la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos actuales y analizó los debates internacionales sobre su regulación y los mecanismos de responsabilidad.

Por su parte, Paula Cicchino puso el foco en los conflictos relacionados con los derechos personalísimos, particularmente el derecho a la imagen, la intimidad y la utilización de contenidos en redes sociales.

La especialista señaló que las nuevas tecnologías plantean interrogantes sobre la difusión, manipulación y transformación de imágenes e información personal, aunque destacó la vigencia de las categorías jurídicas tradicionales.

En la misma línea, Luis Sáenz advirtió sobre la necesidad de aprovechar las herramientas normativas existentes antes de promover nuevas regulaciones.

“Tenemos que tener la precaución de intentar elaborar y solucionar estos conflictos que nos plantea la sociedad a través de las herramientas que tenemos”, sostuvo.

Redes sociales, inteligencia artificial y tutela preventiva del daño

El debate también abordó los desafíos que presentan las noticias falsas, la utilización indebida de imágenes y voces mediante inteligencia artificial y las dificultades para identificar a los responsables de publicaciones potencialmente lesivas.

Los especialistas analizaron la tensión entre la protección de los derechos personalísimos y la libertad de expresión, especialmente frente a contenidos digitales cuya circulación puede prolongar o multiplicar los perjuicios.

Picasso destacó la evolución jurisprudencial hacia una mayor admisión de medidas preventivas en situaciones excepcionales.

“Creo que vamos a asistir a una creciente tutela preventiva en el ámbito digital”, afirmó, al advertir sobre la necesidad de evitar la proliferación de noticias falsas y otros contenidos potencialmente dañosos.

Asimismo, se destacó el papel de los abogados en la construcción de nuevas respuestas judiciales, a partir de los planteos que presentan ante los tribunales.

En este sentido, los participantes coincidieron en que la evolución de la jurisprudencia está estrechamente vinculada con la iniciativa de los profesionales que impulsan nuevas interpretaciones y soluciones ante los tribunales.

Sebastián Picasso: la cuantificación del daño moral y las satisfacciones compensatorias

En su exposición sobre el daño moral y su cuantificación, Sebastián Picasso explicó la diferencia entre la lesión de un bien y el daño jurídicamente resarcible, a partir de los conceptos establecidos en el Código Civil y Comercial.

El especialista distinguió entre el daño patrimonial, que admite una equivalencia económica, y el extrapatrimonial, cuya reparación presenta mayores dificultades porque involucra sufrimientos, angustias y afectaciones que no tienen un valor monetario directo.

En este sentido, desarrolló el criterio de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, previsto en el artículo 1741 del Código Civil y Comercial, que propone determinar una indemnización capaz de proporcionar a la víctima experiencias o prestaciones que contribuyan a compensar el sufrimiento padecido.

“El juez tiene que darle a la víctima una suma que le permita obtener prestaciones que compensen, de alguna manera, esos dolores y malestares”, explicó.

Picasso también analizó si la cuantificación debe considerar las condiciones económicas particulares de cada damnificado o adoptar parámetros generales.

Al respecto, defendió la necesidad de evitar diferencias indemnizatorias basadas exclusivamente en el nivel de ingresos de las víctimas.

“La reparación del daño moral es la más igualadora de todas”, expresó, al señalar que, mientras el daño patrimonial se encuentra relacionado con los ingresos de cada persona, el sufrimiento no debería traducirse en reparaciones desiguales por razones económicas.

Finalmente, planteó la importancia de avanzar hacia criterios judiciales más previsibles, mediante la identificación de prestaciones compensatorias que permitan fundamentar las indemnizaciones y reducir la discrecionalidad.

Paula Cicchino: la cuantificación de las incapacidades y la importancia de la prueba

Paula Cicchino centró su exposición en la cuantificación del daño patrimonial derivado de incapacidades físicas y psíquicas, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial.

Explicó que la indemnización debe determinarse mediante un capital cuyas rentas permitan compensar la disminución de la capacidad de la víctima para desarrollar actividades productivas o económicamente valorables.

En ese marco, destacó la necesidad de utilizar fórmulas matemáticas que contemplen variables como la edad, los ingresos, el porcentaje de incapacidad, el período de actividad restante y la tasa de descuento.

“No hay forma de calcular esto sin recurrir a una fórmula matemática”, señaló, al explicar que el objetivo es establecer un capital que compense la pérdida económica futura.

Durante su presentación, mostró herramientas digitales de cálculo utilizadas en el ámbito judicial y remarcó que, más allá de la fórmula seleccionada, lo fundamental es discutir y acreditar correctamente las variables que determinan el resultado.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la distinción entre incapacidad laboral e incapacidad vital.

Mientras que la primera se relaciona con la disminución de la aptitud para desarrollar actividades remuneradas, la segunda comprende tareas económicamente valorables que no necesariamente generan ingresos directos, como el cuidado de familiares, la limpieza del hogar y otras actividades domésticas.

Cicchino advirtió que estas últimas suelen quedar fuera de los reclamos indemnizatorios, pese a su impacto económico.

También abordó las dificultades probatorias que enfrentan los trabajadores informales y quienes perciben ingresos no registrados, y destacó la importancia de utilizar recibos de sueldo, convenios colectivos, testimonios y otros elementos para acreditar los ingresos reales.

En ese sentido, insistió en que una adecuada formulación de la demanda y la producción de prueba resultan determinantes para obtener una reparación integral.

La especialista también subrayó la necesidad de utilizar valores actualizados al momento de cuantificar las indemnizaciones, especialmente en un contexto inflacionario.

Luis Sáenz: la pérdida de chance y los criterios para su reparación

Por su parte, Luis Sáenz abordó las particularidades de la pérdida de chance, entendida como la privación de una oportunidad real de obtener un beneficio o evitar un perjuicio.

El especialista explicó que esta figura puede presentarse en situaciones muy diversas, desde la imposibilidad de participar en una competencia o concretar un contrato hasta casos de responsabilidad médica en los que un diagnóstico tardío reduce las posibilidades de recuperación de un paciente.

“La pérdida de chance es la pérdida de la oportunidad de algo”, explicó, al diferenciar la oportunidad frustrada del resultado final que podría haberse producido.

A través de ejemplos vinculados con la mala praxis médica, Sáenz desarrolló los criterios para cuantificar este tipo de perjuicios.

Señaló que, cuando se pierde la posibilidad de evitar un resultado dañoso, corresponde evaluar las consecuencias indemnizables y aplicar sobre ellas el porcentaje de probabilidad que tenía la víctima de evitar ese resultado.

Del mismo modo, cuando se pierde la oportunidad de obtener una ganancia, debe considerarse el beneficio esperado y la probabilidad real de alcanzarlo.

El especialista destacó que la indemnización no equivale necesariamente al valor total del resultado esperado, sino que debe reflejar la oportunidad efectivamente perdida.

En este proceso, la prueba adquiere especial relevancia, particularmente cuando resulta necesario determinar probabilidades mediante pericias médicas u otros elementos técnicos.

El rol de los abogados y la necesidad de una reparación integral

A lo largo del encuentro, los disertantes coincidieron en que uno de los principales desafíos del derecho de daños no reside únicamente en la actualización de las normas, sino también en la correcta utilización de las herramientas jurídicas disponibles.

En particular, destacaron la responsabilidad de los abogados de identificar los perjuicios reclamados, fundamentar los criterios de cuantificación y aportar los elementos probatorios necesarios para que los jueces puedan determinar indemnizaciones adecuadas.

La jornada permitió así vincular los debates doctrinarios con situaciones concretas de la práctica profesional, desde la valoración económica del sufrimiento hasta las dificultades para acreditar ingresos, cuantificar incapacidades y reparar oportunidades perdidas.

El encuentro reafirmó la importancia de generar espacios de formación e intercambio entre la abogacía, la academia y la magistratura, en un escenario en el que la evolución tecnológica, las transformaciones sociales y las nuevas formas de producción de daños exigen respuestas jurídicas cada vez más precisas y fundamentadas.

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