El 15 de noviembre de 2017 se perdió todo contacto con el submarino ARA San Juan. Sus restos fueron hallados el 17 de noviembre de 2018, a más de 900 metros de profundidad. Por el hecho se condenó a trres años de prisión en suspenso a un ex marino y se absolvió a otros tres. El veredicto fue apelado y los familiares de los 44 muertos le piden a la Cámara de Casación que lo revoque.
El ex contralmirante Luis López Mazzeo, el ex capitán de navío Héctor Alonso y el ex capitán de fragata Hugo Correa, en cambio, fueron absueltos. La querella mayoritaria, que nuclea a las familias de 34 de los 44 submarinistas muertos, solicitó que se elevara la pena de Villamide hasta el máximo de cinco años y que se revocaran las absoluciones a los otros marinos.
La Sala IV del máximo tribunal penal debe todavía fijar una fecha para la audiencia en la que escuchará los argumentos de las partes, Villamide también recurrió su condena y pide su absolución, para luego decidir si mantiene el verdicto o lo modifica.

“Ellos cumplieron con su deber. Esperamos que los jueces cumplan con el suyo”, señala un comunicado firmado por Valeria Carreras y Lorena Arias, abogadas de la querella mayoritaria. En el escrito se asegura que los tripulantes del ARA San Juan “perdieron la vida cumpliendo con su deber, a bordo de un submarino que no estaba en condiciones de cumplir la misión que le asignaron» y que la Armada “perdió a sus camaradas y el respeto por sí misma”.
“No fue culpa de la tripulación, no fue ‘la tormenta perfecta’, no fue un accidente. Fue evitable”, insiste el comunicado de las abogadas, quienes además recuerdan que aún está pendiente de respuesta el planteo que los familiares formularon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un presunto espionaje del que habrían sido víctimas los querellantes cuando se reunían en la base naval Mar del Plata y otros sitios en los que pedían justicia por los 44 muertos.
En este sentido, la Corte Suprema dejó firmes los sobreseimientos de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, responsables de la AFI en el momento de la desaparición del submarino, por esas actividades ilícitas denunciadas por los familiares.
