Golpes, gas pimienta y presos apilados: las torturas en Ezeiza que terminaron con 52 penitenciarios enviados a juicio

Siete años después de una violenta requisa, la Justicia llevará al banquillo a agentes, autoridades y médicos. La acusación incluye torturas, falsificación de documentos y omisión de denunciar los hechos.

Un total de 52 agentes y exagentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre ellos autoridades del Complejo Federal I de Ezeiza y dos médicos, deberán enfrentar un juicio oral por las torturas y otros delitos que se les atribuyen durante una intervención realizada contra un grupo de presos en junio de 2019.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien rechazó las oposiciones de las defensas, declaró clausurada la instrucción y dispuso remitir el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata que resulte sorteado. También ordenó la inhibición general de bienes de los imputados.

La resolución hizo lugar a los requerimientos de elevación a juicio presentados por la fiscal Cecilia Incardona, con la colaboración del fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que interviene como querellante.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Los hechos investigados ocurrieron el 9 de junio de 2019 en el Pabellón B de la Unidad Residencial III, cuando un grupo de internos inició una protesta por una modificación en los horarios de visita. Durante el reclamo se prendieron fuego colchones y las autoridades penitenciarias dispusieron la intervención de un cuerpo de requisa extraordinario.

Según la acusación, los agentes ingresaron al pabellón efectuando disparos con munición antitumulto dirigidos hacia los cuerpos de los detenidos y arrojando gases. Una vez que los internos fueron reducidos, continuaron las agresiones físicas y los obligaron a permanecer apilados unos sobre otros.

Otros nueve presos que se habían refugiado en una celda individual fueron rociados con gas pimienta a través de la mirilla de la puerta.

El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en quince internos, dos de ellos con fracturas. Sin embargo, los dos médicos penitenciarios que estaban de guardia habrían certificado que los detenidos no presentaban lesiones sin haberlos examinado previamente.

Sin luz ni baños y con ratas

La investigación también comprendió las condiciones de alojamiento impuestas a los internos durante los días posteriores al operativo.

Entre el 10 y el 13 de junio de 2019 se implementó un régimen de sectorización que, de acuerdo con la acusación, funcionó como una sanción colectiva.

Durante ese período, los presos permanecieron encerrados en un pabellón sin luz, con los sanitarios fuera de servicio y presencia de ratas. Además, las raciones de comida eran depositadas en el piso, fuera del alcance de los detenidos.

La situación se mantuvo hasta el 13 de junio, cuando una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias llegó al establecimiento y cesó el régimen cuestionado.

Las acusaciones contra los penitenciarios

Los requerimientos de elevación a juicio establecieron distintas responsabilidades según las funciones que desempeñaban los imputados.

Por el delito de tortura deberán responder 29 integrantes de la División Registros, seis miembros del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI) y tres jefes de turno de la Unidad Residencial III.

En tanto, seis integrantes del Comité de Seguridad y el director de esa unidad están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.

La persona que se desempeñaba como máxima autoridad del Complejo Penitenciario Federal I será juzgada por el delito de omisión de evitar torturas.

Por su parte, los dos médicos de guardia enfrentarán cargos por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas, mientras que otros cuatro agentes —dos celadores, un inspector y un auxiliar de servicio— están acusados de falsificación de documento público por las actas que dieron inicio al procedimiento.

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