Denuncian por lavado de dinero a Federico Beligoy: los $420 millones de la AFA, las propiedades de lujo y los negocios bajo sospecha

El legislador porteño Facundo Del Gaiso denunció por presunto lavado de activos al Director Nacional de Arbitraje de la AFA. Pidió investigar los pagos millonarios recibidos de la entidad, sus operaciones inmobiliarias y sus negocios de importación. Federico Beligoy también podría quedar bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos.

El patrimonio de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), quedó bajo cuestionamiento a partir de una denuncia penal presentada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, quien solicitó que la Justicia federal investigue la posible comisión del delito de lavado de activos.

La presentación apunta a determinar si existe una justificación económica y tributaria para una serie de operaciones que incluyen más de 420 millones de pesos recibidos de la AFA, la adquisición de un departamento de lujo en Villa Devoto, una inversión de 261.490 dólares en un emprendimiento inmobiliario que terminó paralizado y la participación en sociedades comerciales beneficiadas con autorizaciones para importar.

El planteo se apoya en investigaciones periodísticas publicadas por Clarín y La Nación durante noviembre de 2026, que revelaron documentación inmobiliaria, registros societarios y movimientos financieros vinculados con el dirigente arbitral.

Para Del Gaiso, el conjunto de operaciones exhibe inconsistencias patrimoniales que justifican la intervención del Ministerio Público Fiscal. La denuncia no implica, por sí misma, que se haya acreditado la existencia de un delito, sino que busca establecer el origen de los fondos y determinar si existieron maniobras destinadas a otorgar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilícitas.

Una denuncia por lavado de activos y el pedido de investigar el patrimonio

La presentación judicial fue formulada por Del Gaiso contra Beligoy por la presunta comisión del delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 303 del Código Penal.

La norma sanciona determinadas operaciones de conversión, transferencia, administración, venta, disimulación o aplicación de bienes provenientes de ilícitos penales cuando tienen como finalidad otorgarles apariencia de licitud.

El legislador sostiene que la evolución patrimonial del dirigente deportivo y la magnitud de determinadas operaciones económicas ameritan una investigación sobre la procedencia de los recursos utilizados.

Uno de los aspectos que destaca es la concentración de funciones que ejerce Beligoy dentro del fútbol argentino. Por un lado, ocupa la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, desde donde interviene en la organización y designación de árbitros. Por otro, conduce la Secretaría General de la AAA, el sindicato encargado de representar los intereses laborales de esos mismos profesionales.

En ese contexto, la denuncia pretende establecer si los ingresos percibidos por Beligoy guardan correspondencia con sus actividades declaradas y si existen operaciones que puedan estar relacionadas con eventuales delitos precedentes.

Del Gaiso solicitó que se dé curso a la denuncia, se incorpore la documentación y se confiera intervención al fiscal competente. También pidió que, oportunamente, Beligoy sea convocado a prestar declaración indagatoria y que, de reunirse los elementos necesarios, la causa avance hacia un juicio oral.

Los más de $420 millones que Beligoy recibió de la AFA

Uno de los principales ejes de la denuncia está relacionado con los pagos efectuados por la AFA a Beligoy, que, actualizados por inflación a noviembre de 2026, superarían los 420 millones de pesos.

Según la documentación contable mencionada en las investigaciones periodísticas, parte de esos movimientos surge de balances y comprobantes incorporados a una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Los pagos se habrían realizado mediante dos modalidades diferentes y en períodos determinados.

Entre noviembre de 2020 y abril de 2022, Beligoy recibió 20 desembolsos en efectivo que superaron los 10,8 millones de pesos de aquella época. Actualizados por inflación, esos fondos representarían aproximadamente 306 millones de pesos a valores de noviembre de 2026.

La utilización de dinero en efectivo constituye uno de los aspectos sobre los que el denunciante pretende profundizar, especialmente por las dificultades que esa modalidad puede presentar para reconstruir la trazabilidad de los recursos.

La segunda etapa corresponde al período comprendido entre agosto de 2024 y marzo de 2025, cuando se registraron transferencias bancarias por 78 millones de pesos, equivalentes a unos 124,4 millones de pesos actualizados.

En este caso, los pagos fueron facturados bajo los conceptos de “asesoramiento” y “seminarios”.

La presentación judicial solicita determinar cuáles fueron los servicios efectivamente prestados, si existieron las contraprestaciones correspondientes y si los montos abonados resultan compatibles con las tareas desarrolladas por Beligoy dentro de la estructura del fútbol argentino.

De acuerdo con los cálculos incorporados a la denuncia, la suma de ambos períodos supera los 420 millones de pesos a valores actualizados.

La investigación pretendida por Del Gaiso apunta a contrastar esos ingresos con las declaraciones tributarias del dirigente, sus actividades profesionales y la evolución de su patrimonio.

El departamento de lujo en Villa Devoto y las diferencias con los precios de mercado

Otro de los capítulos centrales de la presentación está vinculado con la adquisición de un inmueble de importantes dimensiones en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según los antecedentes patrimoniales reseñados, Beligoy tuvo sus primeros años de actividad profesional en un contexto económico muy diferente del actual. Antes de consolidar su carrera arbitral, trabajó como vendedor de libros para la editorial Santillana y vivió en una casa de una sola planta en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, a la que posteriormente agregó un primer piso.

La denuncia contrapone esa trayectoria con las operaciones inmobiliarias realizadas durante los últimos años.

De acuerdo con los registros del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, en junio de 2026 Beligoy adquirió un departamento a estrenar ubicado en Pedro Morán al 4400, en Villa Devoto, pocos días antes de viajar a América del Norte con motivo del Mundial de Fútbol.

El inmueble forma parte de un edificio cuya construcción finalizó en 2024 y presenta características que lo ubican dentro del segmento residencial de alta gama.

La propiedad tiene una superficie principal de 380,28 metros cuadrados, distribuida entre el cuarto y quinto piso del edificio, y representa el 11,89% del dominio total del inmueble.

Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños completos, terraza propia, parrilla y espacios de esparcimiento.

A esas comodidades se suman dos unidades complementarias de cochera en el subsuelo, con una superficie adicional de 43 metros cuadrados: una cochera individual y otra doble.

La titularidad fue inscripta en condominio, en partes iguales, entre Federico Beligoy y su esposa, Andrea Rosa Cordero.

Una escritura por 490.000 dólares y departamentos más pequeños más caros

El punto que despertó las sospechas del denunciante es el valor consignado en la escritura de compraventa.

Beligoy declaró haber adquirido la propiedad por 490.000 dólares, una cifra que, según la información reunida, se ubicaría considerablemente por debajo de las cotizaciones habituales para inmuebles de características similares en la zona.

El valor declarado equivale a un precio de entre 1.289 y 1.650 dólares por metro cuadrado, dependiendo de cómo se computen las superficies cubiertas, descubiertas y las cocheras.

Sin embargo, los indicadores oficiales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) ubicaban el precio promedio de los departamentos a estrenar de tres ambientes en Villa Devoto en aproximadamente 3.276 dólares por metro cuadrado.

La comparación resulta todavía más llamativa cuando se consideran las unidades comercializadas dentro del mismo emprendimiento.

Según la información periodística incorporada a la denuncia, la desarrolladora ofrecía departamentos a estrenar de menores dimensiones por 710.000 dólares, con cotizaciones superiores a los 4.000 dólares por metro cuadrado.

Para Del Gaiso, la diferencia entre el valor declarado y las referencias del mercado justifica investigar si el precio consignado en la escritura refleja la totalidad de la operación.

Una de las hipótesis planteadas es que pudiera haberse abonado una parte del precio por fuera de la documentación notarial.

Se trata, por el momento, de una sospecha del denunciante que requiere comprobación judicial. La diferencia de valuaciones no demuestra por sí sola la existencia de pagos no registrados ni permite establecer automáticamente un origen ilícito de los fondos.

La inversión en La Plata que nunca reclamó judicialmente

La denuncia también pone el foco en una operación inmobiliaria realizada en mayo de 2024 en la ciudad de La Plata.

De acuerdo con registros contables internos de una constructora y actuaciones judiciales mencionadas en la presentación, Beligoy desembolsó 261.490 dólares para adquirir dos departamentos en pozo.

La operación se realizó a través de Abes Desarrolladora de Negocios SRL, una empresa que posteriormente quedó involucrada en procesos penales por presuntas estafas reiteradas, administración fraudulenta y asociación ilícita.

La firma suspendió sus proyectos inmobiliarios y dejó entre 150 y 160 inversores damnificados.

Entre quienes habrían resultado afectados se encuentra el ex futbolista y director técnico Pedro Troglio.

La particularidad que destaca Del Gaiso es que, mientras otros inversores impulsaron demandas civiles, medidas cautelares y presentaciones penales para intentar recuperar su dinero, Beligoy no habría iniciado ninguna acción judicial para reclamar el dinero invertido.

El legislador considera que esa conducta merece ser investigada, especialmente por la magnitud del capital comprometido.

En su presentación plantea como hipótesis que la ausencia de reclamos podría estar relacionada con dificultades para justificar tributariamente el origen de los fondos utilizados en la inversión.

Sin embargo, la falta de una demanda judicial no constituye por sí misma evidencia de lavado de activos. La investigación deberá determinar las circunstancias de la operación, las condiciones contractuales y las razones por las que el dirigente no habría reclamado la devolución del dinero.

Las sociedades comerciales y el acceso a dólares oficiales para importar

El capítulo empresarial constituye otro de los aspectos relevantes de la denuncia.

Del Gaiso identificó la participación de Beligoy en dos sociedades comerciales vinculadas principalmente con la fabricación, importación y comercialización de calzado e indumentaria.

Una de ellas es Base Cinco S.A., empresa en la que el dirigente figura como socio desde abril de 2023.

Su objeto comercial comprende la fabricación, importación y venta de calzado deportivo, además de insumos utilizados en la industria de suelas.

La segunda sociedad es Beshoes S.A., registrada en la provincia de Santa Fe, cuyas actividades incluyen la comercialización de indumentaria, calzado y espacios publicitarios.

La denuncia presta especial atención a las operaciones de esta última compañía durante la vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado cuando Sergio Massa se desempeñaba como ministro de Economía.

En aquel contexto, caracterizado por las restricciones cambiarias, la escasez de reservas internacionales y una brecha superior al 100% entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras, las autorizaciones para importar representaban una ventaja económica significativa.

Según la información citada en la presentación, Beshoes S.A. obtuvo un volumen importante de autorizaciones SIRA para importar calzado terminado desde Brasil.

Esas operaciones permitían acceder a divisas al tipo de cambio oficial mayorista para cancelar compras en el exterior.

La diferencia entre ese valor y las cotizaciones alternativas del dólar podía representar un beneficio económico considerable para las empresas que conseguían las autorizaciones.

En ese marco, Del Gaiso solicitó investigar cómo se obtuvieron los permisos, cuál fue la rentabilidad de las operaciones y si existe alguna vinculación entre esos negocios y las adquisiciones inmobiliarias del dirigente.

El objetivo es reconstruir la trazabilidad de los fondos y determinar si las ganancias provenientes de las actividades comerciales tuvieron alguna participación en las operaciones patrimoniales cuestionadas.

La obtención de autorizaciones de importación, por sí misma, no configura una irregularidad. Lo que el denunciante pretende establecer es si existieron beneficios indebidos o movimientos económicos que no puedan justificarse.

Beligoy, entre la conducción del arbitraje y la representación sindical

La trayectoria de Federico Beligoy dentro del fútbol argentino es otro de los elementos utilizados por Del Gaiso para contextualizar su presentación.

El dirigente se desempeñó como árbitro de Primera División entre 2004 y 2018 y alcanzó la categoría de árbitro internacional FIFA, función que ejerció entre 2008 y 2013.

En paralelo, comenzó a desarrollar una carrera gremial que lo llevó a ocupar, desde 2013, la Secretaría General de la Asociación Argentina de Árbitros.

Fue reelecto para continuar al frente de la organización sindical hasta 2028.

Desde julio de 2018, además, ocupa la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, bajo la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde esa posición interviene en la estructura encargada de organizar y designar a los árbitros que participan en las competencias del fútbol argentino.

La coexistencia de ambas responsabilidades ha generado cuestionamientos por el potencial conflicto de intereses que supone representar simultáneamente a los árbitros como dirigente sindical y ocupar un cargo jerárquico dentro de la entidad que organiza su actividad.

En términos institucionales, Beligoy se encuentra de los dos lados del mostrador: participa de las decisiones que afectan la actividad arbitral y, al mismo tiempo, conduce el sindicato que debe defender los derechos de quienes ejercen esa profesión.

La denuncia considera que esa concentración de poder debe analizarse junto con los pagos recibidos de la AFA y las actividades económicas desarrolladas por el funcionario.

Una denuncia anterior por presuntas irregularidades en el arbitraje

La nueva presentación judicial no es el primer enfrentamiento de Del Gaiso con Beligoy en los tribunales.

En 2024, el legislador de la Coalición Cívica ya había promovido una denuncia penal vinculada con presuntas irregularidades en el desempeño de los árbitros y posibles relaciones con plataformas clandestinas de apuestas deportivas.

Aquella presentación apuntaba a investigar eventuales maniobras que pudieran comprometer la transparencia de las competencias futbolísticas.

Según el planteo actual, la investigación anterior no habría registrado avances significativos.

Del Gaiso pretende ahora que las sospechas relacionadas con el funcionamiento del arbitraje sean consideradas junto con los movimientos económicos y patrimoniales que atribuye a Beligoy.

La referencia a posibles investigaciones en Estados Unidos

La presentación también incorpora referencias a posibles investigaciones de la Justicia de Estados Unidos vinculadas con el manejo de recursos de la AFA.

Ese señalamiento amplía el contexto de las sospechas sobre la administración económica de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Para Del Gaiso, los distintos antecedentes conforman un contexto que justifica profundizar la investigación sobre los vínculos comerciales, institucionales y financieros de quien conduce el arbitraje argentino.

Qué le pide Del Gaiso a la Justicia federal

La presentación concluye con una serie de requerimientos destinados a reconstruir la evolución patrimonial de Beligoy y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal por lavado de activos.

El primer pedido consiste en dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice los hechos denunciados bajo las previsiones del artículo 303 del Código Penal y evalúe la eventual existencia de delitos precedentes.

En relación con los pagos de la AFA, solicita examinar los más de 420 millones de pesos actualizados que habría recibido Beligoy, diferenciando los desembolsos en efectivo de las transferencias bancarias justificadas mediante facturas por asesoramiento y seminarios.

También pretende que se contrasten esos ingresos con las declaraciones impositivas del dirigente y con los registros de sus actividades profesionales y comerciales.

Respecto de las operaciones inmobiliarias, pide investigar la adquisición del departamento de 380,28 metros cuadrados ubicado en Pedro Morán al 4400 y determinar si los 490.000 dólares consignados en la escritura se corresponden con el valor real de la transacción.

El legislador considera necesario realizar una comparación técnica con los precios del mercado inmobiliario y establecer el origen de los recursos utilizados para concretar la compra.

Otro de los requerimientos apunta a esclarecer la inversión de 261.490 dólares realizada en la desarrolladora Abes SRL, las condiciones en las que se efectuó y las razones por las que Beligoy no habría iniciado acciones judiciales para recuperar el dinero tras la paralización de los proyectos.

En cuanto a las sociedades comerciales, solicita reconstruir los movimientos de Base Cinco S.A. y Beshoes S.A., especialmente las operaciones de importación realizadas mediante autorizaciones SIRA y el eventual beneficio económico obtenido a través del acceso a divisas al tipo de cambio oficial.

Finalmente, Del Gaiso pidió que, si la investigación reúne los elementos probatorios necesarios, se convoque a Beligoy a prestar declaración indagatoria y se avance con las etapas procesales correspondientes, incluida una eventual elevación a juicio oral.

La presentación también solicita que, en caso de acreditarse responsabilidad penal, se aplique la sanción prevista por la legislación vigente.

La cuestión central que deberá determinar la Justicia es si los ingresos declarados por Beligoy permiten explicar el conjunto de operaciones patrimoniales y comerciales que ahora se encuentran bajo sospecha.

Los pagos de la AFA, las propiedades inmobiliarias, las inversiones frustradas y los negocios de importación constituyen, para el denunciante, piezas de un mismo interrogante: de dónde provinieron los fondos y si todas las operaciones cuentan con respaldo económico y tributario suficiente.

Por ahora, se trata de una denuncia que deberá atravesar las instancias de investigación y comprobación correspondientes. Será la Justicia la que determine si las inconsistencias señaladas por Del Gaiso tienen una explicación legítima o si existen elementos que permitan configurar una maniobra de lavado de activos.

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