Tras el paro y la marcha que realizó el personal agrupado en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación para denunciar la «devastación» de su Obra Social y reclamar la inmediata integración de su directorio por un representante gremial, el Juez Rafecas ordenó su allanamiento tras una denuncia por malversación de fondos. También fue allanado el domicilio del director de la entidad, Aldo Tonón.
La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Rívolo, y el allanamiento a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) lo realizaron de manera conjunta la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal.
El objetivo de la medida fue secuestrar documentación y computadoras que puedan ser útiles para el avance de la investigación. Comenzó a primera hora de la mañana y terminó cerca del mediodía. Todo lo secuestrado será analizado por los investigadores judiciales.
Hay que recordar que los fondos que maneja la obra social son multimillonarios: tiene plazos fijos por más de $34.000 millones y otros por US$4 millones, y recibió ingresos solo en este año por más de $13.000 millones, según documentos oficiales de la Corte publicados en el ‘Centro de Información Judicial’ (CIJ).
La causa se inició a mediados de septiembre con la denuncia de un empleado de la obra social que dio cuenta de algunas irregularidades en el uso de elementos de la obra social que Tonón utilizaría con fines personales. El denunciante declaró en el expediente y se inició formalmente la investigación.
El expediente está bajo secreto de sumario y delegado en la fiscalía de Rívolo. La causa tramita en el juzgado federal 6 de Comodoro Py que estuvo a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. La jueza María Eugenia Capuchetti había ordenado la primera medida de orden de presentación a la obra social para que entregue las primeras informaciones.
Luego Capuchetti fue reemplazada por Rafecas, quien ahora está a cargo del juzgado 6 y recibió un pedido de Rívolo para hacer un nuevo procedimiento en la obra social.
La decisión de auditar el organismo ocurre una semana después de que la Corte Suprema dejó la Obra Social en manos del administrador Daniel Marchi y cuando la Justicia federal lleva adelante una investigación por una denuncia sobre malos manejos en el organismo.
Entre las irregularidades denunciadas, figuran el tratamiento ‘VIP’ a algunos afiliados con acceso a los jefes de la Obra Social; la administración financiera de los fondos del organismo; y la contratación de una empresa de ambulancias (‘Emergencias Médica Integral S.A’) aparentemente vinculado al director de la obra social.
