La oposición de la Justicia nacional de CABA al fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires como instancia de apelación ha pasado del dicho al hecho y se ha plasmado en una primera acordada en «rechazo», firmada por todos los integrantes de la Cámara Nacional en lo Civil.
Lo que importa
A los pronunciamientos de la Asociación de Magistrados, la postura de la Procuración General de la Nación y las voces que desde distintos sectores piden dar marcha atrás con esa decisión se ha sumado ahora, por primera vez, una acordada con la firma de todos los integrantes de las Cámaras de Apelaciones del fuero Civil nacional bajo la presidencia del juez Omar Diaz Solimine.
Los jueces advirtieron que decisiones de esa índole «están reservadas» al Congreso Nacional por «la Constitución Nacional», que los firmantes de la acordada han «jurado defender».
Es en ese ámbito legislativo donde temáticas como la contemplada en el fallo Levinas «deben ser debatidas y decididas».
«Esta Cámara expresa su rechazo a dicha decisión, en la inteligencia de que ningún Tribunal de Justicia cuenta con facultades para atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar resoluciones o sentencias de Tribunales Nacionales»
Incertidumbre, demoras injustificadas, mayores costos
Los y las camaristas del fuero dedicado a resolver temas de familia, capacidad de las personas, sucesiones, juicios por accidentes de tránsito, mala praxis médica, incumplimientos de contrato, ejecución de expensas, entre muchos otros, advierten por consecuencias para la gente.
Instituir al Tribunal local de CABA como instancia revisora de las sentencias de las Cámaras de los diferentes fueros nacionales altera «la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, afectando la división de poderes y provocando una situación de incertidumbre en los litigantes», advierten
Detallaron: «demoras injustificadas en el trámite de los procesos, mayores costos derivados del pago de depósitos para recurrir, perturbando el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en suma, afectando la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica»
Contexto
El fallo «Levinas» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitido el 27 de diciembre de 2024, ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y político argentino. Esta decisión otorga al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la facultad de revisar decisiones de la Justicia nacional ordinaria en la ciudad, equiparando su estatus al de las provincias. Sin embargo, esta medida ha suscitado preocupaciones sobre la independencia y estabilidad de jueces y fiscales nacionales.
Reacciones en el ámbito judicial
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presidida por el juez Andrés Basso, convocó a una reunión extraordinaria con los presidentes de las Cámaras Nacionales para evaluar los pasos a seguir ante el fallo. Las tres listas que integran la asociación manifestaron su rechazo a la decisión y reiteraron su oposición a un posible traspaso de competencias.
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó su preocupación, exhortando a las autoridades políticas a mantener «una prudencia especial al momento de adjudicar y aplicar los efectos colaterales de la sentencia» para «evitar cualquier riesgo de injerencia indebida en la relación laboral de los fiscales, funcionarios y empleados que puedan interpretarse como un ataque a la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal».
La controversia se originó en el caso «Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías», donde el TSJ de CABA y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil discutían la competencia sobre una demanda de restitución de bienes y daños. La Corte Suprema resolvió que el TSJ porteño tiene la última palabra en estos casos, estableciendo un precedente significativo. Esta decisión se enmarca en una discusión más amplia sobre el traspaso de competencias judiciales a CABA, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
Cómo sigue
La decisión tendría un impacto inmediato en los casos pendientes con conflictos de competencia similares, aplicándose a todas las apelaciones notificadas tras el 27 de diciembre, definió el máximo tribunal del país. No obstante, la Corte aclaró que el traspaso definitivo de competencias judiciales aún debe formalizarse a través de acuerdos políticos y legales.
