El proyecto del oficialismo para crear el programa Compra sin IVA obtuvo dictamen de mayoría pero Juntos por el Cambio propuso una alternativa para no condicionar la política tributaria del próximo gobierno.
Consiguió dictamen y quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara baja el proyecto que crea el programa Compra sin IVA, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 22 de septiembre pasado. Desde el oficialismo se anticipó la intención de que la iniciativa sea incluida en la próxima sesión de la Cámara baja y dejaron abierta la posibilidad de introducirle modificaciones “para mejorarlo”.
Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha de vencimiento para el presente año, a los efectos de no condicionar la política tributaria del próximo gobierno.
Se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que presidió Carlos Heller, quien detalló inicialmente los alcances del programa, precisando cuáles son los beneficiarios que tendría el proyecto y en qué casos se producen exclusiones.
Planteó cómo se hará el reintegro, cuál es la autoridad de aplicación y dejó abierta la posibilidad para seguir trabajando de cara a la sesión donde se debatirá y a que algunas cosas se resuelvan en el campo de la reglamentación.
Heller afirmó que al 30 de septiembre ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas, por un monto de 25.300 millones de pesos de devolución. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el método de devolución aplicado “parece ser el método más indicado, porque permite segmentar y determinar a qué sector se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica.
Al anticipar la presentación de un dictamen alternativo, el diputado nacional de Evolución Radical Alejandro Cacace contó que JxC había estado analizando la propuesta y coincidían en la aplicación de una medida que atendiera la “profunda crisis económica” y los efectos de “la fuerte aceleración inflacionaria en nuestro país y su perjuicio”. Pero más allá de coincidir en la necesidad de hacer una devolución, dijo, hay una serie de cuestiones que les preocupan del texto original.
Habló entonces de la necesidad de compensar la pérdida de recursos que la aplicación de esta norma provoca. “Lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público”, advirtió, por lo que dijo: “Nos parece fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central”.
“En el dictamen alternativo que estamos proponiendo vamos a incluir un artículo que dice: ‘Se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20°, adelantos transitorios, y 38°, que el giro de utilidades de la Carta Orgánica del Banco Central y todo mecanismo de financiamiento del Banco Central al Tesoro’. No sigamos financiando el gasto público, demandamos una fuerte contención sobre esa capacidad de financiamiento del gasto del Tesoro. Esto es central dentro de la propuesta que estamos haciendo”, resumió.
En segundo lugar, sostuvo Cacace que en el contexto de emergencia vigente “entendemos que hagamos esta devolución a los sectores postergados” pero aclaró que desde JxC no creen que sea responsabilidad del actual Gobierno fijar la política tributaria del próximo. El diputado puntano remarcó que el oficialismo había salido “tercero” en las elecciones PASO, “después de haber hecho más de 20 aumentos de impuestos” y que ahora pretendía fijar la política tributaria futura con leyes como esta.
Por eso propuso que “las disposiciones de la presente ley tengan efecto con las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre de 2023 inclusive. En el mismo plazo disponemos la suspensión de las disposiciones de la Carta Orgánica a través de las cuales se financia el Tesoro Nacional”.
El tercer punto señalado por Cacace tenía que ver con los beneficiarios. “Nos encontramos con que la curiosidad es que haya personas que no son pobres y están beneficiadas; y que haya personas que son pobres y no están beneficiadas”, señaló, por lo que propuso incluir en el artículo 1° la situación de los informales. Tras remarcar que se pretendía mejorar la propuesta, el legislador de Evolución dijo que en el dictamen alternativo incluían a los trabajadores informales que serían determinados con el mismo criterio con el que el Gobierno los ha ubicado a través del pago de un bono.
“No tiene sentido que hagamos una ley para ayudar a los pobres y no incluyamos a los que sí lo son”, sintetizó.
Cuarto punto. “Cuando se hizo la resolución general 458, el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que ‘vamos a hacer la devolución a cargo del Tesoro y esto no va a afectar a las provincias. Todos los gobernadores se quedaron tranquilos entonces, pero cuando llegó el proyecto no decía nada”. Agregó que luego llegó el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estableció un costo fiscal de 1,29 del PBI ya asumido por el Estado y se encontraron con que cambiaba la distribución del impacto fiscal, marcando que el mismo quedaba a cargo de las provincias. Cacace recordó que se lo había preguntado a Carlos Castagneto cuando concurrió a la comisión, y éste le dijo que “lo hacemos por ley para que las provincias paguen su parte”.
“No estamos de acuerdo”, enfatizó el diputado opositor, quien reclamó “que se cumpla lo que dijo Massa y que esté a cargo del Tesoro”.
El quinto punto tiene que ver con “las facultades del Ejecutivo”. Sobre el tema, Cacace dijo que “no las compartimos así de amplias” y recordó que “los tributos son responsabilidad de este Congreso: modificarlos, eliminarlos, determinar las alícuotas”.
“Le han impuesto una facultad muy curiosa: fijar la magnitud del reintegro en hasta un 21%. Perfecto, pero cuando dicen ‘hasta’, le dan la facultad al Ejecutivo de que mañana pueda decir del 15%, 10%, 5%, o cero… ¿Vamos a aprobar una ley para que mañana el Ejecutivo diga no hay más ley, se terminó? Esa facultad de ningún modo puede estar. En nuestra propuesta la removemos”, explicó Cacace, que sí se mostró dispuesto a que se amplíen los medios de pago, incluyendo a las billeteras virtuales.
