Según decreto publicado en el Boletín Oficial hoy y que empezará a regir a partir de mañana 27 de febrero, “el poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, asumirá las competencias funciones de implementación del Código Procesal Penal Federal”.
La medida tiene como objetivo “la necesidad de contar con una estrategia proactiva de persecución penal, de castigar a los responsables de crímenes graves – como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros -, y de tutelar a las víctimas del delito”.
El sistema acusatorio, que ya rige en Jujuy y Salta, quedará a cargo del Ministerio de Justicia y se extenderá al resto del país con el objetivo de mejorar los índices delictivos en cuanto a corrupción y narcotráfico.
“La postergación indefinida de la entrada en vigencia del referido ‘CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019)’ impide hacer efectivo el proceso de reforma judicial iniciado hace casi una década y trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, la eficiencia y el correcto desempeño de los órganos de justicia del Estado nacional”, señala el texto.
Esta decisión está fundamentada en el decreto según datos arrojados por la asociación Transparencia Internacional, que mide el Índice de Percepción de la Corrupción y en la que Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100, quedando ubicada en la posición 98 sobre 180 naciones analizadas.
“El resultado responde especialmente a la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para investigar y sancionar la corrupción gubernamental, lo cual representa una prioridad para el Gobierno nacional».
Se indica además la importancia de la aplicación del nuevo sistema procesal “porque brinda un sistema más eficaz para atender el recrudecimiento de la violencia proveniente del crimen organizado”, y pone como ejemplo la delicada situación de la provincia de Santa Fe: “según su Ministerio Público de la Acusación, cerca del 70% de los más de 500 homicidios cometidos en la ciudad de Rosario y su área metropolitana durante 2022 y 2023 se relacionan directa o indirectamente con el accionar de organizaciones criminales”.
Se aclara además que las modificaciones señaladas “no implican reformas de carácter penal, sino que proyectan sus efectos inmediatos y necesarios sobre la organización y el funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema judicial penal federal”.
Se especifican las funciones que tendrá el Ministerio de Justicia:
Establecer un cronograma para la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal en los distritos de la Justicia federal y nacional Penal.
Coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales.
Diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal.
Promover la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Garantizar el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación.
Constituir un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación, el que estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas al Poder Judicial de la Nación.
Establecer el criterio de asignación y distribución de los juzgados de garantías respecto a las oficinas judiciales
Dictar los actos y formulas las propuestas que sean conducentes para la adecuada implementación del Código Procesal Penal Federal, como así también otras medidas vinculadas a esta.
