El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni enfrenta desde hoy a un panorama judicial más complicado: se confirmó su procesamiento por supuesta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y, además, la Cámara Federal porteña añadió otras dos figuras penales, “amenazas coactivas” y “extorsión”, que prevén montos de pena más graves en caso de eventual condena.
Se trata de la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello en relación a la denuncia por supuestos desvíos de fondos estatales asignados al programa “Potenciar Trabajo” .
Lo importante
Belliboni queda procesado por tres delitos: “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “amenazas coactivas” y “extorsión”.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens confirmaron el curso de la investigación en cuanto a que hay evidencia del “desvío de los fondos públicos asignados” al Polo Obrero y a una cooperativa “El Resplandor” mediante convenios del programa “Potenciar Trabajo”.
Este dinero se habría destinado a financiar actividades de diversa índole.
Contexto
La Cámara entendió “acreditada tanto la materialidad objetiva como subjetiva de los hechos relativos a: la administración fraudulenta de los fondos públicos que se les habían confiado, como las distintas exigencias dirigidas a los beneficiarios de los planes sociales para que actúen en contra de su voluntad bajo amenaza de perder la asistencia estatal o el retiro de la asistencia alimentaria”.
Según la acusación, habría exigencias a los beneficiarios del Programa “ajenas a lo pactado” y a cambio de no perder la ayuda estatal “ traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.
En concreto, testigos de identidad reservada dan cuenta de amenazas de modo directo con dar de baja planes si no se asistía a movilizaciones, por ejemplo.
Durante allanamientos que ordenó Casanello se encontraron cuadernos, listados y planillas con registro de asistencia de beneficiarios del programa a movilizaciones, incluido nombre del asistente, fecha del acto y control de participación.
Cómo sigue
Además, la Cámara dio la razón al juez Casanello en lo relativo a su decisión de -por el momento- no acceder al planteo fiscal para convocar a citación a declaración indagatoria ex integrantes del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
“Cabe señalar al respecto, que luce acertada la valoración efectuada por el magistrado de grado para su rechazo momentáneo a fin de elaborar una teoría del caso razonable que repose sobre una hipótesis convincente que se nutra de evidencias que permitan la formalización de cargos”
La investigación en instrucción seguirá en este sentido como próximos pasos ya que la Cámara instó a “brindar celeridad al avance de la pesquisa en esa dirección”
