El ex presidente enfrentó su primera indagatoria como imputado por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos. Negó los cargos, defendió su gestión y anticipó que apelará las decisiones judiciales adversas.
Contexto Judicial: Un decreto polémico y acusaciones graves
Alberto Fernández compareció ante los tribunales federales de Comodoro Py en una causa que investiga posibles maniobras de corrupción vinculadas al decreto 823/21. Este decreto, firmado durante su gestión presidencial, establecía que las pólizas de seguros de organismos públicos debían ser contratadas exclusivamente a través de Nación Seguros, que a su vez subcontrataba a intermediarios.
Uno de los brokers implicados es Héctor Martínez Sosa, amigo cercano de Fernández, también imputado en la causa, quien habría sido favorecido irregularmente, según las acusaciones. La fiscalía, encabezada por Carlos Rívolo, imputa al ex presidente los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante su declaración, Fernández argumentó que el decreto buscaba “evitar la cartelización” del mercado de seguros y describió a Martínez Sosa como un “intermediario destacado” en el sector. Sin embargo, optó por responder únicamente a las preguntas de su defensa y no a las del juez Julián Ercolini ni a las del fiscal, salvo para aclarar ciertos mensajes de WhatsApp vinculados a la causa.
Fallos y Contexto Político: Más allá de lo judicial
Este proceso se produce en un momento clave de transición política, a pocas semanas de que Fernández dejara el poder. Además, el caso coincide con una audiencia programada para el 11 de diciembre por una denuncia de violencia de género interpuesta por Fabiola Yañez, lo que complica aún más su situación judicial y pública.
El impacto político es significativo. Mientras sectores del oficialismo defienden al ex presidente y cuestionan la imparcialidad de la justicia, la oposición utiliza el caso como ejemplo de presunta corrupción durante su gestión. En paralelo, la opinión pública sigue dividida, y las redes sociales amplifican el debate.
La abogada defensora, Mariana Barbitta, declaró que el procedimiento tiene irregularidades y anticipó una apelación ante la Cámara Federal. «Mi cliente no favoreció a nadie», aseguró.
El juez Ercolini tiene plazo hasta después de la feria judicial de enero para resolver el futuro procesal de Fernández y los demás imputados. Entre las opciones están el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento.
¿Qué sigue?
Las audiencias continuarán hasta fin de año, con la declaración de otros imputados, incluido Martínez Sosa. Este caso no solo definirá el futuro judicial de Alberto Fernández, sino también su legado político en un contexto de alta polarización y creciente desconfianza en las instituciones públicas.
