La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal de ese fuero en el país: al primer piso de los tribunales de Retiro llegan a revisión causas judiciales desde todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. También es la instancia de apelación de las decisiones de las dos salas de la Cámara Federal porteña.
Por los despachos de los jueces que la integran pasan investigaciones por narcotráfico, corrupción en la función pública, trata de personas, falsificación de marcas.
En ese marco, los tres miembros de la sala IV de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña acaban de confirmar las condenas por administración fraudulenta resueltas en el primer juicio oral que tuvo en el banquillo de los acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su caso, se ratificó la pena de seis años de prisión.
Se trató de la última instancia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y durante noviembre todas las miradas se posaron en los despachos de estos tres magistrados.
¿Quiénes son los jueces que se pusieron al hombro la revisión de la causa judicial?
Borinsky, Hornos y Barroetaveña sortearon recusaciones de las defensas, intentos de apartarlos en algún caso, planteos recursivos de todo tipo hasta que el pasado 13 de noviembre por la mañana pusieron su firma a la sentencia y la difundieron en una audiencia pública.
Gustavo Hornos

El más veterano de los tres camaristas en relación al tiempo que lleva en Casación es el juez Gustavo Hornos.
El camarista nació en Córdoba en 1957 y a los 21 años ingresó al Poder Judicial.
En el fuero federal se desempeñó como secretario y en 1992 se lo nombró fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En marzo de 1995 juró como integrante de la Cámara Federal de Casación, con acuerdo del Senado nacional.
Desde hace años preside el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y en ese rol recorre penales federales de todo el país.
También está a cargo de la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal.
Hornos ha sido el autor del voto minoritario que en la sentencia en la causa Vialidad se mostró favorable a aceptar la apelación de la fiscalía y agravar la situación de la ex Presidenta sumando el delito de asociación ilícita.
En sus declaraciones públicas suele resaltar “la necesidad de consolidar los avances tecnológicos y seguir en la mejora continua del sistema de Gestión para mejorar el servicio de Justicia, facilitando el acceso con transparencia de los abogados y la sociedad toda y procurando las condiciones para el dictado de más sentencias oportunas y evitar retrasos injustificables”.
A lo largo de los años que lleva en Casación, intervino en causas que llegaron a las portadas de los medios de comunicación.
Firmó la condena a la ex secretaria de Ambiente en el menemismo María Julia Alsogaray e intervino en la revisión de investigaciones judiciales de grandes tragedias ocurridas en el país, como el accidente del avión de Lapa en el aeroparque porteño, la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero y el incendio del local Cromañón durante un recital del grupo Callejeros.
En su voto en la emblemática causa por corrupción “IBM DGI” remarcó que los casos por este delito deben resultar “imprescriptibles”.
Fue uno de los camaristas que resolvió reabrir la causa judicial por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán a raíz del atentado a la AMIA, iniciada por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.
Mariano Borinsky

El camarista Mariano Borinsky es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en derecho penal.
Juró en la Cámara Federal de Casación Penal en septiembre de 2011 a los 38 años y se convirtió de esta manera en el juez más joven del Tribunal y en el primero de religión judía, como suele resaltar en sus declaraciones públicas.
También recuerda que concursó para ese cargo “sin conocer a nadie” y mientras se desempeñaba como fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) de la Procuración General de la Nación, cargo para el que fue designado en 2004 y también -desde 2006- como fiscal ante los Tribunales Orales del fuero en lo Penal Económico.
Desde esos roles concursó y ganó una vacante en Casación, tribunal del que ejerce la Presidencia desde 2023 y hasta el 31 de diciembre próximo, electo por sus pares.
El juez es Vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal que presentó al Congreso nacional el proyecto de reforma del Código Penal.
“Tratamos y consideramos delitos fundamentales contra la administración pública como los delitos de cohecho, de tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, que en el nuevo texto incluye a todas las personas obligadas por la ley, delitos que se agravan en virtud de determinadas condiciones de los funcionarios públicos”, expresó en uno de los últimos encuentros de la Comisión.
Egresado del colegio Carlos Pellegrini, secundario dependiente de la UBA, estudió derecho y entró a tribunales como “meritorio”, un rol en el que se trabajaba de manera gratuita. “Limpiando el piso, literalmente y con mucho honor”, remarcó en una entrevista que le dio a Quórum.
Su extensa carrera judicial incluye un paso por un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, una fiscalía de instrucción y luego la justicia de San Martín, en un cargo de “ordenanza”. Desde allí ingresó a la Cámara en lo Penal Económico como “pinche” y ganó un concurso interno para ser nombrado Prosecretario y luego Secretario de Cámara.
Como fiscal intervino en la acusación durante el juicio oral al fallecido ex presidente Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador
Ya en Casación, firmó la sentencia que confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.
También intervino en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan donde se confirmó el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas.
Otra causa de relevancia en la que votó es la llamada “ruta del dinero” en la cual se confirmó la condena por lavado de activos al empresario Lázaro Báez, entre otros acusados.
De una extensa trayectoria académica, profesor en la UBA, fue galardonado por esa casa de estudios con la distinción a la “excelencia académica”.
Entre muchas otras obras vinculadas al derecho, dirigió la publicación del libro ¿Puedo ir preso?, una creación colectiva de 110 autores que busca interpretar y dar respuesta a esta pregunta que suele hacerse gran parte de la sociedad
Diego Barroetaveña

El tercer integrante de la Sala IV de Casación tiene una extensa trayectoria en la justicia de la provincia de Buenos Aires, de manera previa a concursar su cargo en el máximo tribunal penal federal del país.
Además es dirigente de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la misma.
Su carrera judicial tuvo fuerte impronta en la zona norte del conurbano bonaerense: fue defensor oficial y luego juez de garantías en San Isidro. En ese rol intervino en la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce.
Fue magistrado allí desde 1998 a 2005. En ese año juró como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Ciudad de Buenos Aires e intervino en el debate por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
En 2012, condenó al sindicalista José Pedraza a 15 años de prisión como partícipe necesario de ese crimen.
Desde el territorio porteño volvió a cruzar la General Paz para desempeñarse en un Tribunal Oral Federal de San Martín, que concentraba en gran parte causas por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción en la última dictadura.
En 2018 juró como integrante de Casación, cargo al que accedió por concurso.
El camarista integró la Sala I de Casación que votó la reapertura de las causas judiciales Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán que tienen como imputada a Cristina Kirchner y habían sido cerradas con sobreseimientos sin juicio oral.
Fue uno de los jueces que avaló la validez de las declaraciones de los “imputados colaboradores” en el llamado “caso cuadernos”.
Su llegada a la causa Vialidad se dio cuando se excusó de intervenir otro colega, Javier Carbajo, y resultó entonces sorteado como tercer juez para ese caso junto a Hornos y Borinsky.