A lo largo de los siete meses de audiencias ante el Tribunal Oral Criminal Federal 7 se fueron dibujando los ejes del debate: los huecos de la Ley del Arrepentido, la crisis del derecho de defensa, las objeciones a los instructores, la verosimiltud de las notas de Oscar Centeno y una serie de frases desopilantes que quedarán para el recuerdo.
Cuadernos es la causa en la que se intenta desentrañar si, efectivamente, funcionarios públicos liderados por Cristina Fernández de Kirchner, y antes por su esposo, cobraron entre 2003 y 2015 millones de dólares en sobornos de manos de empresarios, a cambio de entregarles concesiones de obra pública en energía, construcción y transportes.
Entre los 86 acusados se cuentan los “imputados colaboradores”, empresarios que cuando se estaba instruyendo la causa aceptaron que habían pagado coimas, tal como se desprendía de los ochos famosos cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del subsecretario de Obras Públicas, Roberto Baratta, quien meticulosamente tomó nota de los recorridos que hacía con su jefe trasladando supuestos sobornos en bolsos llenos de euros.
Y aquí comienzan los problemas: la mayoría de los “arrepentidos”, empezando por Centeno, hicieron uso de su derecho a no responder a las preguntas de los defensores de los funcionarios acusados, quienes atiborraron al sufrido presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, con extensos planteos de nulidad y advertencias de que si se violaba el derecho a la defensa en juicio, no tendrían más remedio que llegar hasta la Corte.
“¿Cómo podríamos contrastar lo que dijeron en instrucción, pedir precisiones acerca de cuándo, dónde pagaron los supuestos sobornos, a quién; cómo verificar si todo lo que dijeron fue falso y solamente lo admitieron por temor a quedar presos al inicio de esta investigación signada por las irregularidades?”, se preguntaron audiencia tras audiencia, cuando los silencios de los arrepentidos se reiteraban.
Lo que hicieron muchos de los arrepentidos es legal, pero también es cierto que no se puede defender a alguien de una acusacion vertida por quien no quiere responder al respecto. Aún así, es verdad que algunos “imputados colaboradores” dijeron cosas importantes, como por ejemplo, que todo lo que declararon ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, era mentira, que tenían miedo de ir a la cárcel, les explicaron que si admitían el pago de sobornos podían evitar el encierro y por eso lo hicieron. Algunos hasta dejaron constancia de sus motivaciones ante un escribano público.
Pero no todos: Alberto Taselli, cuya empresa produce transformadores eléctricos, reconoció que Baratta le pidió aportes para la campaña en dólares, que no tuvo más remedio que aceptar porque el Estado era prácticamente el único cliente de su compañía y tenía una obligación con sus empleados, a quienes les pagaba su sueldo “religiosamente” desde hacía 35 años.
Es justo admitir, como lo señaló la fiscal Fabiana León, que los arrepentidos estuvieron siempre acompañados por sus letrados, que nunca estuvieron en estado de indefensión y que la Ley del Arrepentido fue validada por todas las instancias de la Justicia argentina.
La Marsellesa en guaraní, el paquete de yerba de Thomas y la sortija de Stornelli
Los grandes juicios siempre dejan frases para recordar. Lejos del bronce que mereció y obtuvo el “nunca más” del fiscal Julio César Strassera al término de su alegato en la causa 13, Cuadernos nos está dejando algunas más coloquiales, quizás hasta algo chabacanas, pero que lograron el milagro de aflojar la tensión que atraviesa este juicio.
Siempre atacando la Ley del Arrepentido y la subsecuente indefensión alegada por los acusados, Cristina Kirchner se presentó en el salón Auditorio de Comodoro Py para calificar al juicio como “un disparate” y fustigar la actitud de los instructores: “Hubo un manejo criminal, delictivo, mafioso de la ley del ‘imputado colaborador’”. La ex Presidente aseguró que se la usó para extorsionar a los empresarios y lograr que declararan en su contra. “Hubieran sido capaces de cantar la Marsellesa (el himno de Francia) en guaraní con tal de no terminar en la cárcel”, remató.
El abogado Zenón Ceballos, defensor de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, no quedó muy lejos en su afán de dejar en claro los extremos a los que hubieran sido capaces de llegar los dueños, gerentes y directivos de las empresas involucradas, con tal de no ir presos. “Se hubiesen hecho cargo del asesinato de Kennedy sin con eso les aseguraban que volvían a su casa”, dijo.
¿Y por qué cantarían en guaraní? Por otra frase que deja Cuadernos: la sortija de Stornelli. El fiscal habría dicho que era imperioso que los empresarios denunciaran, que apuntaran “hacia arriba” y que el tiempo urgía porque “no había sortijas para todos”, dando a entender, según los arrepentidos, que si no se apuraban, tal vez les negarían el beneficio.
Oscar Thomas, ex titular del Ente Binacional Yacyretá (EBY), misionero, redujo la explicación de por qué aparecía mencionado 17 veces en los cuadernos de Centeno a que “cuando yo volvía de mi trabajo en la represa a Buenos Aires, muchas veces les traía yerba a los muchachos de Baratta, que siempre se portaron muy bien conmigo y seguramente Centeno la fue a buscar alguna vez”.
Jorge Bacigalupo, un policía retirado que le entregó al periodista Diego Cabot los cuadernos que le había dejado en custodia su ex amigo Oscar Centeno, declaró como testigo el jueves pasado durante ocho horas; la paciencia no parece ser su principal activo y terminó por perderla ante el minuicioso -y muy respetuoso- interrogatorio de Marcos Aldazábal, defensor de Baratta.
“¿Otra vez me pregunta lo mismo?, no, no, no, no me voy a prestar a este juego”, “eso ya lo contesté hace cinco minutos”, “lo que pasa es que yo tengo mecha corta”, respondió con tal virulencia que se ganó en más de una vez los llamados de atención de Méndez Signori, a la vez que provocaba las sonrisas de varios de los asistentes.
El abogado José Manuel Ubeira tiene una lengua filosa, muy pocas pulgas y un tono avasallante. Del micrófono del defensor de Thomas había salido, mencionó el presidente del tribunal, un insulto que no estaba claro a quién iba dirigido, pero que exigía una advertencia “para que no se repitiera”.
Méndez Signori no creyó necesario ser explícito sobre el insulto, pero Ubeira sí. En lo que terminaría causando un comunicado de repudio de la Asociación de Magistrados, el letrado explicó que no se lleva bien con la tecnología, no advirtió que su micrófono estaba encendido pero como le estaban preguntando por el fiscal Stornelli “dije ‘ah, ese hijo de puta’; siempre me refiero a él en esos términos”. Se podía adivinar su satisfacción de que quedara clara su opinión sobre el funcionario.
La operación de inteligencia y los aprietes
Los defensores de los imputados por supuesto niegan que haya habido cohecho activo o pasivo y atribuyen la existencia misma de esta causa a una motivación política, que hace casi superfluos los argumentos jurídicos porque la condena ya estaría escrita, como advirtió Cristina Kirchner.
Los señalados en este sentido son los instructores de la causa, especialmente el fiscal, ya que el juez falleció y los defensores usualmente tienen el buen gusto de mencionarlo lo menos posible como el armador de un expediente que tendría por objeto ocultar una operación de inteligencia tendiente a estigmatizar al kirchnerismo, fraguar pruebas en contra de sus caras visibles y condenarlas.
Sólo así, explican, se puede entender por qué cuando Diego Cabot le mostró el contenido de los cuadernos de Centeno, los tomó y comenzó a investigarlos, en lugar de recomendarle al periodista que se presentara en la oficina de Sorteos de la Cámara Federal para que se designara un juez que llevara adelante el expediente.
Pero los pasillos de Comodoro Py son largos y no es difícil encontrar abogados que consideran que seguramente hubo quienes pagaron y quienes cobraron sobornos “como toda la vida”, pero sí dudan de que las cosas hayan sido como las cuenta Centeno. “Quiero que me digan por qué Baratta se iba a sincerar con su chofer para contarle quién le había pagado coimas, cuánto y quién se las recibía”, nos dijo un penalista que cree que los cohechos existieron.
Los periodistas no son mejores que los instructores.
Si hay alguien que puede competir con el fiscal en materia del fastidio que despierta en los defensores, parece ser que se trata de los periodistas que iniciaron esta causa y que soportaron audiencias de trece horas en el caso de Diego Cabot; ocho, en el de Candela Ini, una pasante de 24 años en el diario “La Nación” en el momento de la denuncia; cinco para su colega Santiago Nasra, y algo menos para Héctor María Guyot, otro reconocido periodista del mismo diario.
Tal vez con abstinencia por no poder interrogar a los arrepentidos, los defensores se lanzaron sobre los periodistas objetándoles por qué el grupo de investigación inicial lo integraban Cabot, editor de Economía junto a Ini y Nasra, dos pasantes, pero sin acreditados en Comodoro Py.
¿Por qué, se preguntaron, no se realizaron fotocopias certificadas de los cuadernos? ¿Cómo fue posible que no se sorteara una causa y que las pruebas terminaran directamente en manos de Stornelli? ¿Era ético utilizar un material cuyo autor desconocía que estaba siendo analizado? ¿Y por qué nadie intentó ubicar a Centeno para verificar su existencia y obtener su autorización para usar esas anotaciones?.
Durante tres audiencias no hubo coimas, no hubo arrepentidos, ni funcionarios presos por otras causas, ni se habló de los millones presuntamente cobrados de manera espúrea, sólo un cuestionamiento virulento y sostenido sobre la práctica y la deontología del periodismo.
La causa sigue y continuará por mucho tiempo pese a que ya empiezan a desistirse de los primeros testigos. Jorge Bacigalupo retomará este martes su testimonial y, si termina, la semana que viene será la hora de las mujeres: Hilda Horovitz, ex de Centeno y quien lo denunció ante la justicia por las presuntas recolecciones de coimas con su jefe, tendrá la oportunidad de responder al respecto. Si hay tiempo, ese mismo día testimoniará Myriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, quien hace tiempo reveló que el ex presidente llevaba las anotaciones de los cobros de las coimas día a día en un cuaderno espiralado. Igual que Centeno.
