El Gobierno señaló que el caso «constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela».
El Gobierno de Javier Milei denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la detención arbitraria y la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, ocurrida el 8 de diciembre pasado, y por el caso responsabilizó al fiscal general Tarek William Saab.
La denuncia fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. En un comunicado indicaron que «el hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI».
Además, señalaron que «el Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional».
Contexto
El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Gallo, fue detenido el pasado 8 de diciembre al ingresar a Venezuela desde Colombia, a pesar de contar con permisos para hacerlo. Su objetivo era visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de 11 meses en Puerto La Cruz.
El Gobierno de Venezuela confirmó oficialmente que Nahuel se encuentra en custodia y está siendo procesado por cargos de terrorismo. La confirmación se realizó a través de Brasil, que representa los intereses argentinos en Caracas.
Según las autoridades venezolanas, Gallo está “en buen estado de salud física y psicológica”, aunque permanece bajo acusaciones que el Gobierno argentino califica como infundadas.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, aseguró que Gallo está siendo investigado por presuntamente planear “acciones desestabilizadoras contra el gobierno”. Sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes al respecto y el acceso a información clara sobre el proceso ha sido limitado.
La noticia generó un inmediato rechazo por parte de funcionarios argentinos, quienes insisten en que Gallo ingresó al país de manera legal para visitar a su familia.