El caso de Nahuel Gallo, un cabo de Gendarmería detenido en Venezuela sin una explicación clara, ha provocado una contundente reacción del Gobierno argentino. El canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich han exigido su liberación inmediata y reforzado las gestiones diplomáticas para resolver la situación.
El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Gallo, fue detenido el pasado 8 de diciembre al ingresar a Venezuela desde Colombia, a pesar de contar con permisos para hacerlo. Su objetivo era visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de 11 meses en Puerto La Cruz.
Desde entonces, su paradero y las razones de su detención han sido inciertos, generando preocupación en Argentina y el respaldo de un amplio equipo internacional de abogados, que busca su liberación inmediata ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno de Venezuela confirmó oficialmente que Nahuel se encuentra en custodia y está siendo procesado por cargos de terrorismo. La confirmación se realizó a través de Brasil, que representa los intereses argentinos en Caracas.
Según las autoridades venezolanas, Gallo está “en buen estado de salud física y psicológica”, aunque permanece bajo acusaciones que el Gobierno argentino califica como infundadas.
La noticia generó un inmediato rechazo por parte de funcionarios argentinos, quienes insisten en que Gallo ingresó al país de manera legal para visitar a su familia.
El canciller argentino, Gerardo Werthein, expresó: “La acusación de terrorismo no tiene fundamentos. Gallo viajó a Venezuela como padre de familia, no como un delincuente”.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfatizó: “Esto es un atropello a los derechos humanos. Gallo es un ciudadano argentino que debe ser liberado de inmediato”.
Werthein aseguró que el Gobierno está trabajando “con la misma intensidad” para garantizar la liberación de Gallo, utilizando múltiples canales diplomáticos. “Estamos colaborando mucho con Brasil, que cooperó de manera excelente en este caso”, destacó. También indicó que se está haciendo todo lo posible para terminar con lo que calificó como “una ilegitimidad absoluta” y que confía en que se logrará el retorno de Gallo al país.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, aseguró que Gallo está siendo investigado por presuntamente planear “acciones desestabilizadoras contra el gobierno”. Sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes al respecto y el acceso a información clara sobre el proceso ha sido limitado.
El Canciller cuestionó duramente al régimen de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos y calificó de “caradura” al fiscal Saab. “Es increíble que en un país donde no existe ningún derecho humano vigente, se atrevan a hablar de justicia. Esto es una muestra más de la impunidad con la que actúan”, expresó.
Werthein también lamentó el silencio de la comunidad internacional ante estas situaciones y afirmó que el caso de Gallo es un ejemplo más de las irregularidades del régimen chavista.
Contexto
Nahuel Gallo, miembro del Escuadrón de Gendarmería de Uspallata, en Mendoza, había solicitado licencia laboral para viajar a Venezuela y reunirse con su familia. Aunque portaba la documentación necesaria para ingresar, fue detenido por las autoridades venezolanas, que no ofrecieron explicaciones claras sobre los motivos de su aprehensión.
En respuesta, el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez presentó una medida cautelar ante la CIDH el 15 de diciembre, solicitando que se garanticen los derechos humanos del gendarme, incluyendo el conocimiento de su ubicación exacta, su estado de salud y la posibilidad de una defensa legal adecuada. Este recurso, que inicialmente fue impulsado a nivel local, se transformó en una iniciativa de alcance internacional al sumar el apoyo de 23 abogados de distintos países.
El equipo legal incluye profesionales de América Latina y Europa, quienes han destacado que la detención de Gallo es una violación flagrante de los derechos humanos y las normativas internacionales. Entre los argumentos presentados, subrayan la falta de transparencia en el proceso y la posible vulneración de derechos como el acceso a un abogado y el contacto con su familia.
María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, otorgó su consentimiento formal el 25 de diciembre para que la CIDH avance en el caso. Según Gómez, no ha recibido información clara por parte de las autoridades venezolanas sobre el estado de su pareja, lo que aumenta la angustia y la incertidumbre.
El peso del respaldo internacional
El hecho de que 24 abogados (15 de Mendoza, 1 de Tucumán, 3 de CABA, 1 de Perú, 1 de España, 1 de Uruguay y 1 de Córdoba) hayan decidido sumarse a esta presentación destaca la importancia del caso en el ámbito internacional.
Los expertos consideran que este tipo de colaboración demuestra la creciente preocupación de la comunidad jurídica frente a las detenciones arbitrarias en Venezuela. “La intervención de tantos profesionales no solo refuerza la gravedad del caso, sino que también exige una respuesta más rápida y contundente por parte de la CIDH”, señaló Varela Álvarez.
Organismos de derechos humanos y asociaciones legales en Argentina han manifestado su apoyo, calificando la detención como un ataque a los derechos fundamentales. Además, han pedido que el gobierno argentino intensifique sus gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad y liberación de Gallo.
Cómo sigue
La intervención de la CIDH se considera clave en este escenario, ya que el organismo tiene la capacidad de emitir medidas cautelares que obliguen al gobierno venezolano a ofrecer explicaciones y actuar en favor del detenido.
Mientras tanto, la familia de Gallo, encabezada por su madre, Griselda Heredia, solicitó públicamente al gobierno de Nicolás Maduro que permita su regreso a Argentina. En declaraciones recientes, Heredia afirmó: “Solo queremos que Nahuel vuelva a casa sano y salvo. Es un padre y un trabajador, no un terrorista”.
El Gobierno argentino ha intensificado las gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad de Gallo y su pronta liberación.
Argentina también busca aumentar la presión internacional sobre Venezuela, solicitando apoyo de otros países y organismos de derechos humanos. “No podemos permitir que un ciudadano argentino sea víctima de una detención arbitraria. Este es un tema de principios y de derechos humanos”, concluyó Bullrich.
El equipo de abogados continúa trabajando para presentar más pruebas y documentación que fortalezcan la solicitud ante la CIDH, mientras se espera que esta emita una respuesta en las próximas semanas. En paralelo, la presión diplomática y mediática seguirá siendo crucial para mantener el caso en el centro de la atención pública y garantizar la protección de los derechos de Gallo.
