La reciente reforma constitucional en México ha generado un debate intenso no sólo dentro de las fronteras del país, sino también en la arena internacional. Este conjunto de cambios legislativos, presentados como una modernización del sistema judicial, ha despertado preocupaciones sobre su impacto en la independencia del Poder Judicial y sobre las implicaciones que podría tener en las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. Mientras algunos sectores celebran la reforma como un paso hacia la democratización, otros la perciben como un intento de concentrar el poder.
México, un país con una rica tradición democrática y una de las constituciones más longevas de América Latina, se encuentra en un punto crítico. La Constitución de 1917, reconocida por ser pionera en la incorporación de derechos sociales, enfrenta un reto sin precedentes con la reforma aprobada en 2024. A partir de la misma, este país se encamina en junio de este año a su primera elección en las urnas de los jueces, magistrados, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Las tensiones entre modernización y preservación de la autonomía judicial reflejan un dilema recurrente en la historia política mexicana: cómo avanzar hacia un sistema más inclusivo y democrático sin sacrificar los principios básicos de justicia e independencia.
Una reforma de amplio alcance
En febrero de 2024, el por entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió al país al presentar un ambicioso paquete de 20 reformas, 18 de ellas de carácter constitucional. Estas modificaciones abarcan un amplio espectro: desde el sistema judicial hasta la seguridad pública, los programas sociales y los derechos humanos. La magnitud de estas reformas no tiene precedentes en la historia reciente de México.
“Al principio pensamos que esta propuesta no prosperaría, dada su complejidad y las resistencias naturales dentro del Congreso”, comentó en diálogo con Quórum Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED). Sin embargo, el escenario cambió drásticamente tras la victoria arrolladora de Morena en las elecciones de junio de 2024. Con una mayoría consolidada en ambas cámaras, el partido pudo avanzar con rapidez en la aprobación de las reformas.
Tanta fue la velocidad con que se avanzó que los legisladores que habían asumido ni siquiera fueron parte del proceso de discusión parlamentaria. La reforma fue aprobada mediante un proceso expedito en el Congreso, sin suficiente deliberación, y fue publicada el 15 de septiembre de 2024. El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México.
Impacto en organismos autónomos
La reforma no sólo se centra en el Poder Judicial. También incluye cambios significativos para organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Ambos organismos pierden su autonomía y pasan a estar bajo el control directo de las secretarías de Estado. Según Fuentes Velázquez, esta medida representa “una peligrosa concentración de poder en manos del Ejecutivo, que amenaza la capacidad de estos organismos para actuar como contrapesos efectivos”.
Alarmas internacionales
En abril de 2024, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, emitió un informe señalando una creciente preocupación por las amenazas hacia jueces mexicanos y la presunta intimidación proveniente de los poderes ejecutivo y legislativo. Según Satterthwaite, estas acciones no sólo debilitan la independencia judicial, sino que también socavan la confianza pública en el sistema de justicia.
Un análisis detallado elaborado por Stanford Law School respaldó estas preocupaciones. En su informe, los expertos legales concluyeron que la reforma podría contravenir tratados internacionales firmados por México, al debilitar los mecanismos de protección de los derechos humanos y comprometer la imparcialidad del Poder Judicial.
Recién en agosto del año pasado, cuando la reforma todavía era un proyecto pero ya las elecciones habían cambiado el mapa de poder legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y el Consejo de la Judicatura Federal, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizaron el “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial. Reflexiones desde la Judicatura”.
En ese marco el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), el juez argentino Marcelo Gallo Tagle, formuló duras críticas a la reforma. En primer lugar, cuestionando la constitucionalidad de destituir a los magistrados actuales sin causa justificada, ya que fueron designados conforme a la legislación vigente al momento de su nombramiento.
Según Gallo Tagle la reforma, al eliminar esas garantías, “busca someter al Poder Judicial a los intereses políticos, afectando gravemente la independencia judicial y el principio de separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado democrático”.
Asimismo, señaló que, en forma previa a la presentación del proyecto de reforma constitucional, comenzó un hostigamiento a los integrantes del Poder Judicial a través de los medios de difusión. “Se desprestigia al Juez para deslegitimarlo”, resaltó.
Elección popular de jueces: ¿un modelo viable?
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la introducción de elecciones populares para la designación de jueces y magistrados. Este modelo, poco común a nivel mundial, ha generado opiniones divididas.
Sólo está previsto el voto popular en tres países en todo el mundo. En Estados Unidos, Suiza y en Bolivia. En ninguno de los tres casos, lo contempla para la totalidad de los Magistrados que integran el Poder Judicial.
En los Estados Unidos, sólo se establece este mecanismo de elección para los cargos estaduales. Además, este sistema no es aplicado para la designación de los jueces federales, y varios estados tampoco lo aplican. Y de aquellos estados en los que se recurre al voto de los ciudadanos, evalúan proyectos para abandonar este sistema.
La jueza Sandra Day O’Connor, fue la primera mujer en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos, y accedió al cargo en el máximo Tribunal por haber sido seleccionada por el Poder Ejecutivo y recibido el acuerdo del Senado. Pero antes fue designada integrante de los Tribunales del estado de Arizona, donde fue elegida por el voto popular. En más de una ocasión se la entrevistó, motivo de haber atravesado los dos sistemas de designación, y se le preguntaba cuál de ellos lo consideraba mejor. Entendía que era negativo el sistema del voto de los ciudadanos porque claramente se manipula muchísimo más a un juez con una elección popular que con una nominación por el Poder Ejecutivo.
Algo semejante ocurre en Suiza, donde sólo se utiliza el sistema del voto ciudadano para algunos cargos de la judicatura.
Finalmente, Bolivia incorporó este sistema a partir de la reforma constitucional de 2009 pero sólo para la elección de algunos cargos. La experiencia fue negativa, con poca concurrencia de los ciudadanos. Donde predominaba el voto “en blanco” o “nulo” y donde los electores, en muchos casos no tenían en claro el alcance de lo que estaban eligiendo y no estaban adecuadamente informados. Sólo se pudo acceder a este sistema de elección en dos ocasiones y la que debió realizar en la tercera ocasión sigue sin poder concretarse.
“El riesgo de la elección popular es evidente: la politización de los procesos judiciales”, afirmó Gallo Tagle. Y agregó que “este mecanismo podría comprometer la percepción de imparcialidad de los jueces, especialmente en un país donde los procesos electorales a menudo están marcados por tensiones políticas”.
Nuevas amenazas: el narcotráfico y la violencia
Además de los riesgos asociados con la politización, la reforma plantea preocupaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. “El narcotráfico podría utilizar este modelo para colocar a sus aliados en posiciones clave”, advirtió Fuentes Velázquez.
Estas preocupaciones no son infundadas. En diciembre de 2024, un juez en Acapulco fue asesinado en circunstancias que aún se investigan, subrayando la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales en un contexto de creciente inseguridad.
Una tómbola para definir el futuro
El proceso para implementar la elección popular comenzó en octubre de 2024, cuando un sorteo determinó qué jueces deberán someterse a este sistema en 2025 y cuáles en 2027. Este mecanismo, descrito como una “tómbola” por sus críticos, ha sido defendido por figuras como el senador Gerardo Noroña, quien lo calificó de “transparente y equitativo”. Sin embargo, para muchos juristas, este enfoque es una señal más de la falta de planificación seria detrás de la reforma.
“Un modelo de elección basado en criterios tan básicos no es viable”, señaló Fuentes Velázquez, ya que “desplaza a jueces con décadas de experiencia y pone en riesgo los avances logrados en materia de equidad de género y representación inclusiva”.
La jueza, quien salió favorecida en el sorteo y seguirá ocupando su cargo hasta 2027 junto a 382 magistrados, expresó: “Hemos buscado siempre un diálogo efectivo para explicar por qué el modelo de elección que se propone no es viable. Los requisitos para ser juez o magistrado son demasiado básicos. Esto incluye también a los ministros de la Suprema Corte, abarcando a todo el Poder Judicial. Es un tema realmente doloroso. La situación es preocupante: todos los ministros de la Suprema Corte, junto con la mitad de los jueces y magistrados, dejarán sus cargos para ser electos en junio de este año. Lo alarmante es que la mitad serán designados por voto popular, y los requisitos son mínimos: sólo se exige ser licenciado en Derecho y presentar una carta de cinco vecinos que hablen bien del candidato”.
Ahora bien, las críticas no sólo se centran en la falta respecto a la carrera judicial sino también sostienen que tendrá un gran impacto en cuestiones de género. “Es devastador porque se ignoran completamente los avances en equidad de género. De los 1700 juzgadores, sólo el 30% somos mujeres, muchas de las cuales hemos roto techos de cristal en un país machista. La Presidenta, siendo mujer, tampoco consideró estos temas. No hay cupo ni garantías de equidad en las designaciones, lo que podría resultar en un Poder Judicial dominado por hombres”, reclamó Fuentes Velázquez.
Un desafío judicial sin precedentes
Más allá de los esfuerzos por detener la reforma a través de amparos y recursos legales, el Gobierno mexicano ha continuado con su implementación, desafiando incluso suspensiones emitidas por jueces federales. Incluso, y por primera vez en la historia, se llevó a cabo un paro de casi tres meses en el Poder Judicial.
Por otra parte, la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford presentaron un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, cuestionando la constitucionalidad de la reforma, argumentando que vulnera los derechos de participación de grupos como comunidades indígenas, mujeres y jueces, y que infringe los estándares internacionales de independencia judicial y debido proceso.
El documento subraya que la Suprema Corte tiene la competencia para revisar reformas constitucionales que afecten derechos humanos, basándose en prácticas internacionales y la obligación de México de cumplir con tratados internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, se menciona el precedente de nuestra Corte Suprema, que declaró inconstitucional una reforma similar por politizar el proceso de selección de jueces. Además, advirtió que una reforma reciente eliminó la competencia del Poder Judicial Federal para revisar reformas constitucionales, lo que agravaría los problemas de acceso a la justicia en México.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha intervenido, destacando la falta de un diagnóstico claro que justifique los cambios.
Pese a las críticas, López Obrador y Sheinbaum han defendido la reforma, argumentando que es una medida necesaria para “limpiar” un sistema judicial que, según ellos, ha estado al servicio de las élites económicas y políticas del país.
Fuentes Velázquez fue categórica al respecto: “Si bien es cierto que existen familiares trabajando en el Poder Judicial, esto ocurre porque, al igual que en otras profesiones, los hijos suelen interesarse en el trabajo que ven en sus hogares. En el Poder Judicial, este proceso está regulado por exámenes rigurosos que eliminan la posibilidad de favoritismos. Además, existe una Ley de Carrera Judicial que limita el número de familiares en una misma sede: no puede haber más de tres, y deben estar en localidades distintas, para prevenir el nepotismo. Esto demuestra que hay mecanismos claros para evitar irregularidades”.
A lo que agregó: “Cuando se le pidió a la Presidenta que presentara pruebas concretas, mencionó el caso de un magistrado que ya estaba suspendido por ese motivo. Esto es significativo porque los magistrados debemos declarar quiénes son nuestros familiares, facilitando la identificación de irregularidades. No niego que haya áreas por mejorar, pero existen sistemas para corregirlas y garantizar la transparencia”.
Una Justicia en búsqueda de equilibrio
La reforma judicial en México plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del sistema legal del país. ¿Es posible modernizar la Justicia sin comprometer su independencia? ¿Cómo se garantizará la protección de los derechos humanos en un contexto de concentración de poder?
Las decisiones que se tomen en los próximos meses no sólo definirán el rumbo del Poder Judicial, sino también el compromiso de México con los principios democráticos y el estado de derecho. En este delicado momento histórico, la Justicia mexicana parece estar, paradójicamente, en búsqueda de justicia para sí misma.
