El juicio avanzó con las declaraciones de dos funcionarios que participaron de las investigaciones patrimoniales ordenadas por el entonces juez Claudio Bonadío en 2018. Tras una audiencia breve, el Tribunal Oral Federal Nº 7 informó que resolvió habilitar tres nuevas jornadas de testimoniales durante la segunda semana de la feria judicial de invierno.
Tras el desestimiento por parte de la fiscalía de tres de los testigos convocados para la audiencia de hoy, el tribunal recibió a Ariel Trápani, contador, funcionario de ARCA y uno de los expertos convocados para responder los oficios enviados a AFIP en 2018 con el objetivo de dar cuenta de los movimientos bancarios y patrimonio de involucrados en la causa Cuadernos. Trápani recordó que les habían solicitado que se enfocaran en los bienes en la Argentina y en el exterior de personas que se hubiesen acogido a un blanqueo “y también de sus familiares”.
El contador, quien ahora es jefe de departamento del sector financiero de ARCA, repasó al dar respuesta a preguntas de la fiscalía y de la Unidad de Investigación Financiera, el tipo de controles que se llevaban a cabo en su sector cuando el juez federal Claudio Bonadio les pidió informes sobre el blanqueo al que se acogieron varios de los empresarios imputados en este expediente y sus allegados.
Luego llegó el turno de Cecilia Palacio, quien en 2018 era inspectora en AFIP, quien integró un grupo de funcionrios destinados a responder los oficios de Bonadio. En su caso, tuvo a caro las empresas Esuco y Decovial. Debía informar sobre la pertenencia o no de esas firmas en uniones transitorias de empresas, movimientos de fondos y, particularmente, cifras exactas de dinero que debían buscar entre fechas que el juzgado les proveyó.
“Nos dijeron que alguien declaró que habían sacado esa plata de las cuentas y la teníamos que encontrar, si no era el día exacto, buscábamos un poco antes y un poco después”, explicó para ilustrar en qué consistió su tarea. No recordó detalles de nombres y montos, pero sí reconoció su firma en planilla donde constaba, por ejemplo, que la empresa Decavial había retirado más de 11 millones de dólares en efectivo.
Consultada por la fiscalía acerca de si esa cifra “era normal”, respondió que no, aunque admitió que “todas las empresas compraban dólares”, ante una consulta del defensor de Carlos Wagner, quien quiso saber si no era posible que las empresas se escudaran en la compra de moneda extranjera para preservarse de la inflación y la inestabilidad económica.
La fiscalía y la defensa de Miguel Aznar insistieron en saber qué había informado la AFIP sobre el destino del dinero una vez que salía de la ventanilla de los bancos. “No sabemos, nosotros no podemos saber qué hacen con la plata una vez que sale del banco, no tenemos esa trazabilidad”, dijo Palacio.
Eso le permitió al defensor de Aznar conjeturar que tal vez los fuertes montos que retiró su cliente, fueron reinvertidos, reutilizados en la empresa en ejercicios posteriores. Palacio no pudo responder porque el marco temporal del informe solicitado por Bonadio terminaba en 2010. “No analizamos los movimientos y los extractos después de ese año”, respondió la inspectora.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Catstelli y Fernando Canero informaron por medio del presidente del tribunal que en la segunda semana del receso de invierno habrá tres audiencias en las que se recibirán las declaraciones de testigos.
En este juicio, los magistrados investigan una supuesta trama de corrupción ingtegrada por funcionarios kirchneristas y liderada por la propia Cristina Kirchner, y empresarios que habrían pagado sobornos para resultar beneficiados por concesiones de obra pública en transporte, construcción y energía.
