La ley establece medidas de resguardo institucional para adolescentes que cometan delitos graves como homicidios o robos agravados con armas. Serán derivados a un instituto por un plazo máximo de seis meses.
La Legislatura de Córdoba aprobó un nuevo Procedimiento Penal Juvenil que introduce cambios en el tratamiento de penas para menores de 16 años que cometan delitos graves. Entre otras cosas, la norma permite que sean derivados a un espacio especial dentro del Complejo Esperanza por un plazo máximo de seis meses, bajo estrictas medidas de resguardo institucional.
El proyecto fue impulsado por los legisladores oficialistas Miguel Siciliano, Victoria Busso y Julieta Rinaldi, y recibió modificaciones propuestas por la UCR. A pesar del amplio respaldo, hubo sectores que lo rechazaron, argumentando que criminaliza la vulnerabilidad social de los jóvenes.
Hasta ahora, los menores de 16 años no eran imputables en la justicia penal, lo que generaba un vacío legal en casos de delitos graves. Con esta ley, se establecen nuevos criterios de intervención.
Para delitos leves, por ejemplo, el juez Penal Juvenil podrá archivar la causa, dictar medidas socioeducativas o derivarla a organismos especializados en la restitución de derechos vulnerados.
En cambio, para delitos graves (como homicidios o robos agravados con armas), intervendrá el fiscal Penal Juvenil, quien evaluará la aplicación de medidas excepcionales.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación de una Mesa de Coordinación y Seguimiento, que incluirá representantes de los tres poderes del Estado y del sector académico. Su función será evaluar la aplicación de la ley y su impacto en la contención de los adolescentes.
El debate en Córdoba ocurre en un contexto nacional en el que el Congreso discute la posible baja de la edad de imputabilidad. Desde el oficialismo provincial, el legislador Miguel Siciliano destacó: «Mientras el Congreso discute la baja, en Córdoba damos un paso adelante con herramientas para abordar esta problemática».
Cómo sigue
La implementación de la ley dependerá de la asignación de recursos y del funcionamiento de los nuevos espacios de resguardo en el Complejo Esperanza. Desde la oposición, la legisladora Brenda Austin advirtió: «Vamos a estar atentos para que se cumplan las medidas alternativas de acompañamiento y se garantice el financiamiento».
Sin embargo, no todas las voces estuvieron a favor. La legisladora de izquierda Luciana Echevarría rechazó la norma y cuestionó que el Estado priorice el encierro en lugar de políticas de inclusión: «Este sistema busca apartarlos y ponerlos al margen».