El ex funcionario del Gobierno de Javier Milei está siendo investigado en una causa por corrupción, a partir de supuestas maniobras fraudulentas con loteos y pagos de sobreprecios a empresas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias.
El ex intendente de la ciudad de La Plata y ex subsecretario de deportes de la Nación, Julio César Garro, fue imputado por la Justicia por los delitos de «asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público», en el marco de la causa que investiga maniobras fraudulentas con loteos y pagos de sobreprecios a empresas «amigas».
La investigación está a cargo del fiscal penal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien solicitó una serie de medidas de pruebas a la jueza de garantías platense Marcela Garmendia. Entre ellas allanar el domicilio particular del ex jefe comunal en el country Grand Bell, operativo que fue realizado en las últimas horas por la Policía de Buenos Aires.
Fuentes judiciales indicaron que la magistrada autorizó otras cuatro órdenes de registro en viviendas particulares de ex funcionarios de la Municipalidad de La Plata y el secuestro de documentación de cuatro empresas presuntamente vinculadas con las maniobras: Les Baux Obras y Servicios; Bordigoni y Cia; Solvial Construcciones y Agrycon SA.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
La acusación
Según la investigación, se sospecha que «entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas».
En el escrito -al que accedió Quórum– se indica que los empredimientos «no contaban con la correspondiente autorización provincial» y que lo habrían realizado «tanto en beneficio propio como de distintas empresas intervinientes por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en 700 mil millones de pesos».
El fiscal Condomí Alcorta señaló que el ex jefe comunal “ha plasmado su conducta mediante firmas en los principales documentos que resultaron sumamente necesarios para la concreción del ilícito aquí investigado -convenios urbanísticos”.
Entre otros casos destaca que en un expediente rubricado por el ex jefe comunal platense una obra a cargo de la firma Agrycon SA, que tendría un costo de 39 millones de pesos, terminó con una plusvalía total de más de 77 millones.
«Se puede apreciar con prístina claridad -dice el escrito- un monto superior al consignado primigeniamente ‘inflando’ el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo ‘originario’, con tan solo un mes y medio aproximadamente de diferencia entre la firma de ambos convenios urbanísticos».
La hipótesis que manejan los investigadores es que Garro «autorizó en sus ocho años de gobierno -por ordenanza o decreto- más de 400 barrios privado a cambio del 20 % de los lotes violando expresamente la normativa provincial».
Luego se cree que aprobaba las obras de pavimento, agua, luz y gas si los desarrolladores las hacían con la empresa constructora que les proponía y que era de su propiedad.
Otro dato destacado que siguen los pesquisas es que el ex jefe comunal habría abierto hace dos semanas la Inmobliaria ONE en La Plata, Bariloche y Punta del Este para vender los lotes que obtenía de los desarrolladores.
