El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 rechazó una acción de amparo que presentó el CELS para que no se aplique el protocolo de Patricia Bullrich, pero anunció que «observarán todo lo que suceda» en la movilización de este miércoles.
El juez federal Martín Cormick anunció que estará presente en la nueva marcha de jubilados. Lo hará para monitorear el operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación e «incorporar de oficio toda prueba».
Este lunes el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 rechazó una acción de amparo que había presentado el Centro de Estudios y Legales (CELS) para que no se aplique el protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich, pero reconoció que «observarán todo lo que allí suceda».
Cormick explicó que su presencia será «a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos».
En el fallo el Tribunal señaló que «no desconoce ni es impasible» a los desgraciados hechos ocurridos el miércoles 12 de marzo que «no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país».
En su reclamo, la organización pidió que el Ministerio de Seguridad de la Nación «se abstenga de aplicar el protocolo» para evitar nuevos conflictos como el ocurrido el miércoles pasado, que dejó un saldo de 124 detenidos y 46 heridos, uno de ellos de gravedad: el fotógrafo Pablo Grillo.
«Ordene al Ministerio de Seguridad que respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, la salud y la libertad de expresión de quienes participen de protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos», solicitó el CELS.
Sin embargo, el juez entendió que el pedido no «conduce a abordar la cuestión de fondo” y señaló que «no corresponde a título cautelar expedirse acerca de ello en resguardo del principio de contradicción que guía a todos los procesos y del derecho de defensa consagrado constitucionalmente».
