La Cámara Federal de Corrientes dejó en pie los cargos contra quienes dijeron pertenecer a la «Fundación Dupuy», llegaron a la provincia y se hicieron contratar para «colaborar» en el esclarecimiento de lo que ocurrió con el pequeño Loan Peña, pero todo derivó en estafa y encubrimiento. Por qué los jueces llegaron a esa conclusión.
Lo que importa
La Cámara Federal de Corrientes ha confirmado procesamientos y prisiones preventivas de un grupo de acusados de haber simulado pertenecer a una Fundación y en algunos casos presentarse como profesionales sin serlo. Están excarcelados desde tiempo atrás por el Tribunal de Apelaciones pero con esta nueva decisión quedaron en condiciones de afrontar un juicio oral
¿Por qué se ratifican las acusaciones?
Para la Justicia correntina todos los acusados «tenían pleno conocimiento de que no pertenecían a la organización que mencionaban» y en el caso de cinco de ellos también eran concientes de que » se estaban arrogando títulos que no poseían, realizando actos propios de una profesión para la que no tenían habilitación».
Recibieron pagos por sus servicios por parte de la Municipalidad de 9 de Julio, engañada en medio de la conmoción de lo que ocurría con la búsqueda de Loan, lo que «fundamenta sin más la atribución del dolo» en relación al delito de «estafa calificada».
En ese contexto, resulta clave la declaración como testigo del intendente de la localidad correntina, Hugo Ynsaurralde.
Contó que el municipio contrató a la «Fundación Dupuy» en base a «referencias externas y en la apariencia de profesionalismo que presentaban sus miembros».
«En ningún momento tuvo conocimiento de que dicha Fundación carecía de acreditación legal o idoneidad comprobable, por lo que los pagos se efectuaron bajo la creencia errónea de que se trataba de un grupo legítimo», enfatizó.
Percibieron 1.800.000 pesos en concepto de honorarios.
El Intendente detalló que los pagos se realizaron de buena fe, sin sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta, «lo que permite concluir que el error en la administración fue inducido de manera eficaz por los acusados».
Resolución judicial
Víctimas y situación de vulnerabilidad
La Justicia determinó que los menores que estuvieron en el naranjal el día de la desaparición junto al nene «permanecieron bajo el control de personas que se identificaban como miembros de la “Fundación Dupuy”»
Esta permanencia, según la investigación, tuvo una influencia determinante en sus declaraciones posteriores, ya que «mediante engaños, promesas y la entrega de regalos, los imputados lograron retener a las víctimas que se encontraban en situación de vulnerabilidad»
Resolución judicial
Otro acusado «intentó obstaculizar, demorando su cumplimiento y presentando resistencia a la intervención de las fuerzas de seguridad»
Y además intentó desviar la investigación, se presentó en un domicilio con una falsa orden de allanamiento e intentó intimidar a su morador.
También se los responsabiliza por lo ocurrido en el hotel «Despertar del Iberá» donde alojaron a los niños y sus madres.
Se » intentó impedir el cumplimiento de una orden judicial mediante amenazas e intimidación hacia los miembros de la prevención, identificándose falsamente como miembro de INTERPOL»
Resolución judicial
El 6 de julio de 2024 los imputados trasladaron a Camila Nuñez, Macarena Peña y los menores que éstas tenían a su cargo al hotel ubicado en la localidad de 9 de Julio (Corrientes) «en condiciones irregulares y restringieron su libertad bajo un supuesto programa de contención que no contaba con el aval de organismos oficiales, invocando falsamente ser miembros de la “Fundación Dupuy”».
Se «crearon pistas falsas que generaron como efecto un retraso significativo en la búsqueda del niño desparecido; instalaron en los medios de comunicación hipótesis delictivas relacionadas al delito de trata de personas con fines de explotación, y al crimen organizado dedicado al narcotráfico; manipularon a testigos», enumera la resolución judicial.
Quiénes son los imputados
Los acusados son Elizabeth Noemi Cutaia, Alan Juan José Cañete, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López, Nicolás Gabriel Soria, Leonardo Daniel Rubio y Delfina Taborda.
Contexto
El 13 de junio de 2024 Loan asistió a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, junto a su padre, José Mariano Peña en el Paraje Algarrobal, San Roque, Corrientes.
La reunión, realizada por la festividad de San Antonio de Padua, convocó a al menos 12 adultos y varios niños. Según testigos, Loan fue visto por última vez cerca de las 13:52 horas, caminando hacia una zona conocida como «el naranjal», acompañado por otros menores y tres adultos: Bernardino Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi.
Los fiscales sostienen que, entre las 13:52 y las 14:25 horas, Loan fue apartado de la custodia de su padre y trasladado a una zona fuera de su alcance visual. Ese momento marcó el inicio de lo que describen como un proceso sistemático de ocultamiento.
«Loan no se extravió, sino que fue sustraído de forma deliberada,» indica el fallo judicial.
Por la desaparición están procesados con prisión preventiva Bernardino Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el policía Walter Maciel.
Maciel también quedó procesado con prisión preventiva como presunto autor de sustracción de menor, ocultamiento y encubrimiento agravado por el delito precedente y por ser funcionario público.
A Millapi se la benefició con prisión domiciliaria.
Cómo sigue
Con esta decisión de la Cámara Federal de Corrientes los procesados en esta causa por estafa y encubrimiento quedaron en condiciones de ser enviados a juicio oral. Llegarán a esa instancia en libertad.