El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, mantendrá una reunión de trabajo con la totalidad de los jueces que integran la Cámara Federal de Casación para informar sobre la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires, previsto desde el próximo 11 de agosto.
La implementación del sistema acusatorio se enfrenta en Comodoro Py 2002 con problemas vinculados a la alta cantidad de vacantes en el fuero, infraestructura edilicia, capacidad tecnológica y seguridad, coinciden fuentes judiciales.
Lo que importa
Con la implementación del sistema acusatorio en el temario, el máximo tribunal penal federal del país se reunió en plenario el pasado martes 3 de abril para intercambiar ideas sobre la situación generada al respecto, en particular en relación a la gran cantidad de vacantes en el fuero y los recursos que serían necesarios para la puesta en marcha del sistema previsto en el Código Procesal Penal Federal, según explicaron fuentes judiciales.
En ese contexto, el presidente de Casación, el juez Daniel Petrone, informó sobre la recepción de un correo electrónico por parte del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, con el fin de programar una futura visita a la sede del tribunal y reunirse con la totalidad de sus integrantes en el primer piso del edificio de Comodoro Py 2002.
El encuentro se programó para el próximo martes 8 de abril.
En el plenario se abordó la implementación del Código Procesal Penal Federal -Ley 27150- en el ámbito de las Cámaras Federales de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Buenos Aires y en ese marco hubo un intercambio de opiniones vinculados a la necesidad de cubrir cargos vacantes, asignar recursos económicos y edilicios para la puesta en marcha del sistema acusatorio en el fuero federal porteño.
Quedó en estudio un proyecto de Acordada al respecto.
Contexto
El sistema acusatorio busca agilizar las causas judiciales al trasladar la investigación de los jueces a los fiscales y fomentar la oralidad. Si bien cuenta con apoyo dentro del Poder Judicial, jueces y funcionarios advierten sobre la falta de fondos y la gran cantidad de vacantes en el fuero federal.
El Gobierno nacional anunció su puesta en marcha en el fuero federal de CABA desde el 11 de agosto próximo y desde entonces hubo conversaciones con quienes ejercen la Superintendencia sobre el edificio judicial. Entre los muchos temas que se abordarán se destaca el de las vacantes -hay por ejemplo un Tribunal Oral Federal sin ningún juez titular-, infraestructura edilicia y tecnológica, estado de las salas de audiencia y necesidad de contar con recursos para afrontar esta temática.
El nuevo Código Procesal Penal Federal fue aprobado en 2015 mediante la Ley 27.150, pero su implementación ha sido progresiva. Ya funciona en 10 provincias y en 2024 fue puesto en marcha con éxito en Rosario, donde permitió acelerar la resolución de casos de narcotráfico y crimen organizado. Ahora, el Ministerio de Justicia, encabezado por Cúneo Libarona, busca extender el modelo a los tribunales federales más grandes del país.
El sistema acusatorio transforma el rol del juez, quien ya no llevará adelante la investigación, sino que tomará decisiones imparciales en base a la labor de los fiscales.
Bajo este modelo, se privilegia la oralidad y la resolución rápida de causas menores mediante probation, juicios abreviados o acuerdos de conciliación. En cambio, delitos de gran envergadura como la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado serán elevados directamente a juicio oral con mayor celeridad.
Cómo sigue
A pesar del consenso sobre la necesidad de acelerar los procesos judiciales, la implementación enfrenta desafíos importantes. Según fuentes judiciales, “hay voluntad política en toda la Justicia de avanzar con el nuevo Código, pero el Gobierno debe garantizar los fondos para crear nuevas salas de audiencias y mejorar los sistemas informáticos”.
Otro problema es la cantidad de vacantes en el fuero federal: actualmente, el 30% de los juzgados y fiscalías federales no tienen titulares. En el fuero penal económico, por ejemplo, de seis jueces, solo dos son titulares. Esta situación complica la transición al nuevo modelo, que requiere fiscales con mayor capacidad operativa.
