El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, estuvo este martes en los tribunales federales de Retiro y ratificó ante jueces de la Cámara Federal de Casación la decisión de implementar el sistema acusatorio a partir del próximo 11 de agosto en el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.
Luego de mantener un encuentro con los jueces del máximo tribunal penal federal del país, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acompañado de funcionarios del área -como el secretario y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio- se reunió por la implementación del sistema acusatorio con magistrados que integran la Cámara Federal porteña, el tribunal intermedio de apelación, presidido por Mariano Llorens.
En ese marco, Cúneo Libarona ratificó el cronograma previsto para implementar el sistema acusatorio y garantizó colaboración luego de ser puesto al tanto de las dificultades que se enfrentan en materia edilicia, espacio e infraestructura. También de la necesidad de contar con recursos, explicaron a Quórum fuentes que asistieron al encuentro concretado en el primer piso de los tribunales federales de Retiro.
Hubo coincidencia en que se trata de problemas de larga data -más de dos décadas-, que no pueden solucionarse de manera inmediata pero sí se remarcó la voluntad de establecer una colaboración recíproca.
Uno de los temas planteados durante la reunión en Casación, presidida por el presidente de ese Tribunal, el juez Daniel Petrone, es la necesidad de mudar juzgados que pertenecen a otros fueros y en la actualidad tienen despachos y oficinas en Comodoro Py.
La camarista Angela Ledesma aludió por su parte a la necesidad de implementar capacitaciones en el contexto de complejidad que presenta el distrito, explicaron fuentes que asistieron a la reunión.
Las inquietudes giraron en torno además a la gran cantidad de vacantes en el fuero.
Del encuentro participaron Cúneo Libarona, el secretario del Ministerio de Justicia Sebastián Amerio, el subsecretario de Política Criminal Alberto Nanzer y Marcelo Ruiz, asesor del Ministerio de Justicia.
La reunión de trabajo fue solicitada por el Ministro, a raíz de la próxima entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en los distritos establecidos por resolución nº 143/2025 del órgano a su cargo y con el objetivo de informar a los integrantes de Casación acerca de los lineamientos generales del “Plan de Implementación” que se llevará a cabo en los próximos meses, así como recibir las sugerencias que aquellos estimen pertinentes y atender las inquietudes que pudieran surgir.
Cúneo Libarona relató los pasos del citado plan y sus distintas etapas, y escuchó las inquietudes de los miembros de la CFCP. Se hizo alusión a la necesidad de abordar las vacantes existentes en el fuero y a la provisión de recursos materiales, se explicó además en un comunicado
“La CFCP destacó el trabajo que viene realizando. En los 5 años de vigencia que lleva el Código Procesal Penal Federal desde el primer distrito en que fue implementado -Salta/Jujuy- y luego en los nuevos distritos que se fueron adunando -Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y, recientemente, Mar del Plata-, la Cámara Federal de Casación Penal, en su rol de coordinador institucional, ha dictado distintas acordadas, vinculadas a la Oficina Judicial y a los Colegios de Jueces, en pos de garantizar el funcionamiento del sistema”, se agregó.
En el encuentro, los participantes se comprometieron a continuar realizando sus mejores esfuerzos para la implementación exitosa del sistema.
Estuvieron presentes los miembros de la Cámara Federal de Casación Daniel Petrone (Presidente), Diego Barroetaveña (Vicepresidente Primero), Guillermo Yacobucci (Vicepresidente Segundo), Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
Finalizada esta reunión, Cúneo y los funcionarios que lo acompañaron se dirigieron del primer piso al segundo piso del edificio judicial para reunirse con la totalidad de los integrantes de las dos salas de la Cámara Federal porteña, presidida por el juez Mariano Llorens.
Contexto
El sistema acusatorio busca agilizar las causas judiciales al trasladar la investigación de los jueces a los fiscales y fomentar la oralidad. Si bien cuenta con apoyo dentro del Poder Judicial, jueces y funcionarios advierten sobre la falta de fondos y la gran cantidad de vacantes en el fuero federal.
El Gobierno nacional anunció su puesta en marcha en el fuero federal de CABA desde el 11 de agosto próximo y desde entonces hubo conversaciones con quienes ejercen la Superintendencia sobre el edificio judicial. Entre los muchos temas que se abordarán se destaca el de las vacantes -hay por ejemplo un Tribunal Oral Federal sin ningún juez titular-, infraestructura edilicia y tecnológica, estado de las salas de audiencia y necesidad de contar con recursos para afrontar esta temática.
El nuevo Código Procesal Penal Federal fue aprobado en 2015 mediante la Ley 27.150, pero su implementación ha sido progresiva. Ya funciona en 10 provincias y en 2024 fue puesto en marcha con éxito en Rosario, donde permitió acelerar la resolución de casos de narcotráfico y crimen organizado. Ahora, el Ministerio de Justicia, encabezado por Cúneo Libarona, busca extender el modelo a los tribunales federales más grandes del país.
El sistema acusatorio transforma el rol del juez, quien ya no llevará adelante la investigación, sino que tomará decisiones imparciales en base a la labor de los fiscales.
Bajo este modelo, se privilegia la oralidad y la resolución rápida de causas menores mediante probation, juicios abreviados o acuerdos de conciliación. En cambio, delitos de gran envergadura como la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado serán elevados directamente a juicio oral con mayor celeridad.
Cómo sigue
A pesar del consenso sobre la necesidad de acelerar los procesos judiciales, la implementación enfrenta desafíos importantes. Según fuentes judiciales, “hay voluntad política en toda la Justicia de avanzar con el nuevo Código, pero el Gobierno debe garantizar los fondos para crear nuevas salas de audiencias y mejorar los sistemas informáticos”.
Otro problema es la cantidad de vacantes en el fuero federal: actualmente, el 30% de los juzgados y fiscalías federales no tienen titulares. En el fuero penal económico, por ejemplo, de seis jueces, solo dos son titulares. Esta situación complica la transición al nuevo modelo, que requiere fiscales con mayor capacidad operativa.