El juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada parte de la investigación y envió a juicio oral al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otros 17 acusados por delitos en el manejo de programas sociales destinados a población vulnerable. Cómo sigue el trámite para sentar al dirigente social en el banquillo de los acusados.
Lo que importa
El juez Sebastián Casanello cerró la instrucción en lo referido a Belliboni y a otros procesados en el caso y envió el expediente a sorteo de un Tribunal Oral.
Lo hizo tras concluir la ronda de consultas a todas las partes y luego que la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita presentó su requerimiento de elevación a juicio donde se acusa a Belliboni de presuntas extorsiones a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado.
Los delitos ocurrieron, de acuerdo a la acusación fiscal, entre junio de 2020 y marzo de 2024, período en el cual se montó » una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica».
Además hubo defraudación al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos” y la “apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos” entregados como “subsidios” al Polo Obrero.
Belliboni será juzgado por supuesta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y los dos cargos que sumó la Cámara Federal porteña, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.
Al respecto, cuando confirmaron los procesamientos, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.
Además la acusación incluye la supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.
Acusación fiscal
El dictamen fiscal que será leído cuando se inicie el debate oral imputa a Belliboni de:
“Ha quedado acreditado que los acusados, liderados por Eduardo S. BELLIBONI, crearon una matriz criminal por medio de la cual, en vez de facilitar la inclusión social de las personas en estado de extrema vulnerabilidad social y económica que acudían a la agrupación», las «extorsionaron y coaccionaron”.
Todo ello “les permitió perpetuar su posición de poder ya que, a mayor cantidad de personas vinculadas a su organización, mayor ingreso ilícito de fondos vía ‘cápitas’ y subsidios, así como también, mayor capacidad de movilización, lo que multiplicaba a su vez sus posibilidades de obtener la vinculación de nuevas víctimas; todo lo cual garantizó los verdaderos fines de la organización: mayor dinero y mayor poder”, agrega la fiscalía.
Imputados
Se declaró parcialmente clausurada la instrucción y se envió a juicio a los ya procesados Belliboni, María Isolda Dotti, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortiz, Ezequiel Adrián Coego, Roberto Adrián Albornoz, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque Elizabeth Galindo Mamani, Gloria Paraguay Estrada y Rossemary Grande Arancibia.
Estas dos últimas pertenecen a la agrupación Barrios de Pie.
Cómo sigue
El expediente irá ahora a sorteo de Tribunal Oral y a partir de allí comenzarán los preparativos para el inicio del debate, que incluyen posible instrucción suplementaria, es decir, ordenar nuevas medidas de prueba si las partes lo solicitan.
